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| 5/22/2019 5:06:00 PM

¿En qué consisten los puntos del pacto nacional de Duque y qué implicaciones tienen?

El gobierno ha dicho que quiere abrir un canal de diálogo con los partidos para modificar o aclarar puntos dos Acuerdos de la Habana de manera que el país pueda dejar de lado la polarización y avanzar en el posconflicto. ¿Será posible?

¿Qué implican los puntos del acuerdo nacional para el proceso de paz? Lo difícil para lograr ese pacto son los puntos sobre los que se ha venido debatiendo desde que el gobierno estaba en las negociaciones con las Farc en La Habana y que aunque se firmó un acuerdo de paz, todavía siguen siendo motivo de debate. Foto: SEMANA

Este lunes el presidente Iván Duque citó a los jefes de los partidos de gobierno y a los independientes a la Casa de Nariño para hablar sobre los puntos que se tendrían que modificar de los acuerdos de paz para que el país pueda avanzar en ese sentido. Aunque hay unos que consideran que sí hay puntos que podrían unir a todos las bancadas, hay quienes piensan que estos cambios serían un golpe para el proceso de paz y por lo tanto no participarán en ese acuerdo nacional.

Hay ideas sobre los que aparentemente no tendría por qué haber problema. Por ejemplo, están los puntos del partido de la U que consisten en que se le dé seguridad a los líderes sociales y en que se elija una terna a fiscal imparcial. Pero lo difícil son los puntos sobre los que se ha venido debatiendo desde que el gobierno estaba en las negociaciones con las Farc en La Habana y que todavía siguen siendo motivo de debate pese al acuerdo firmado.

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Delitos sexuales contra menores

Uno de los cambios que desea hacer el Centro Democrático al Acuerdo de Paz es que quienes abusaron de menores en el marco del conflicto sean juzgados por la justicia ordinaria y no gocen de ningún tipo de beneficio. Por tratarse de delitos contra niños, esta iniciativa es muy popular, pues nadie estaría en contra de que quienes cometieron estos crímenes reciban todo el peso de la ley. María del Rosario Guerra explicó a SEMANA que “no puede ser posible que los delitos contra los pequeños sean asociados con el delito político y que los delincuentes se amparen en el acuerdo para que queden en impunidad”.

Sin embargo, hay quienes consideran que esta posición parte de una premisa errada que desacredita a la JEP. El senador liberal Luis Fernando Velasco le dijo a SEMANA que precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz está para que esos delitos más atroces se conozcan, no se repitan y para que los autores sean juzgados.

Para la representante Juanita Goebertus hay que entender que a la JEP llegan los peores delitos. Ninguno es menor: “Se trata de masacres, homicidios, torturas, secuestro, desaparición forzada, los peores delitos. El problema es que si los crímenes contra menores son los únicos por los que no hay beneficios, serán los únicos que no se confiesen, lo cual tendría un impacto negativo porque no se conocería la verdad”.

Otro razón por la que algunos no están de acuerdo con este cambio es porque en Colombia la impunidad por violencia sexual en la justicia ordinaria supera el 90 por ciento. Con estos nuevos casos la justicia podría colapsar y los delitos quedarían en eternos procesos sin que nunca se conozca la verdad.

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Participación política

Aunque ha sido un tema ampliamente discutido, para el partido de gobierno sigue siendo un punto de honor para llegar a un acuerdo nacional. Lo que dijo el senador Álvaro Uribe es que su bancada espera que se modifiquen los acuerdos para que los autores de crímenes atroces no puedan tener participación política. Según Uribe, están dispuestos a ceder en lo siguiente: “que no tengan participación política al menos mientras cumplen sus sanciones simbólicas”.

Para el senador del Polo Iván Cepeda entrar a dialogar sobre un punto como este no es posible porque las Farc no iban a dejar las armas sino podían hacer política y porque “ya hay un acuerdo de paz firmado que ha pasado por múltiples discusiones y ya han sido resueltas por la Corte Constitucional”. Agregó que tampoco han sido invitados a estas reuniones y que tampoco podrían entrar a una conversación que sería más bien una imposición: “La misma ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que se pondrían de acuerdo primero los de gobierno y los independientes para luego sí invitar a la oposición. Eso es imposición para acabar el acuerdo de paz”.

El senador agregó que el problema de este diálogo es que no permite avanzar de la discusión del Sí y el No. Pero precisamente ese es el punto de algunos congresistas como la senadora Paloma Valencia, quien ha defendido en varias oportunidades que el expresidente Juan Manuel Santos hizo caso omiso a que el No ganó en el plebiscito y que ahora que está el presidente Duque lo que esperan es que esos cambios se puedan hacer. A esa opinión se suma Maria del Rosario Guerra “es que no hemos visto voluntad de paz, hay 2000 disidentes que no se acogieron al proceso, no entregaron la plata y todos los bienes para reparar a las víctimas. Ellos (La Farc) tiene que ceder si realmente quieren la paz”.  

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Una sala especial para los militares

Hay quienes consideran que los militares deberían ser juzgados por una sala especial pues no pueden ser tratados con el mismo rasero de las Farc. “Muchos de ellos han defendido la patria y terminan como criminales”, han repetido una y otra vez el Centro Democrático cuando se trata de defender este cambio.

Sin embargo, para el senador Cepeda esto “desnaturaliza la JEP” porque lo importante es que las víctimas sientan que sus victimarios serán tratados de la misma manera y porque ya se había llegado a un acuerdo.

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Fortalecimiento de la extradición

El gobierno considera que es necesario consolidar la extradición como una de las herramientas más importantes a la hora de enfrentar el flagelo del narcotráfico. Esto como consecuencia del caso Jesús Santrich, quien, en resumen, duró un año detenido acusado por el delito de narcotráfico. Estados Unidos lo pidió en extradición, pero como la JEP no tenía las pruebas suficientes para saber en qué fecha cometió el delito, si antes o después de la firma de los acuerdos de paz, no aprobó la extradición y ordenó su libertad para que pudiera recuperar su curul en el Congreso. Después de que fue liberado, fue recapturado por nuevas pruebas que aparecieron en su contra. Con lo sucedido se pensó en la declaratoria de estado de conmoción, se habló de crisis institucional, de crisis diplomática con Estados Unidos, entre otras cosas.  

Con todo, para un importante sector político el caso de Santrich no pone en jaque ni a la institucionalidad, ni a la Jep, que no conocía las pruebas, ni a las relaciones diplomáticas. En Colombia se sigue extraditando y las condiciones para extraditar no han cambiado.

¿De qué manera fortalecer la extradición? Luis Fernando Velasco propone que se emita una ley interpretativa, que no modifique nada pero en la que quede claro bajo qué circunstancias se extraditaría. “Nosotros no tenemos ningún temor. Pero para que los que sí lo tienen queden tranquilos podemos aclararlo”, dijo.

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Pero si se quiere modificar este punto de tal manera que no se les garantice la no extradición, tema clave de la negociación con los excombatientes, ninguno de ellos cedería a contar la verdad sobre el narcotráfico.

Si no se llega a un pacto nacional sobre estos puntos, estpa la opción de la constituyente para aprobarlos por el Congreso. Pero el gobierno no tiene las mayorías, porque es el mismo parlamento que apoyó el proceso de paz y el proceso tomaría por lo menos dos años. Eso lo ha reiterado Cambio Radical, La U, los conservadores, los liberales y por supuesto la oposición. 

Hay quienes han asegurado que por tratarse de puntos que la Farc considera clave para haberse desmovilizado, el pacto nacional terminará en nada. La oposición lo ve más grave y considera que solo están abriendo camino para "hacer trizas los acuerdos de La Habana".

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