Reforma Política: por firmas ya no se podrá aspirar a la Casa de Nariño

Las elecciones presidenciales del 2018 tendrán un hecho particular. Como van las cosas, en el tarjetón habrá más candidatos por firmas que avalados por partidos políticos, algo impensado hace unas décadas. Hasta el momento, seis aspirantes inscribieron comités promotores para salir en busca de las 400.000 firmas que respalden su candidatura. Sin embargo, el camino de la independencia que decidieron emprender figuras de una orilla o de otra, como Alejandro Ordóñez o Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón o Clara López, Sergio Fajardo o Gustavo Petro, y que no descarta Humberto de la Calle, podría ser una vía cerrada desde el 2019. La reforma política que tendrá su primer debate este martes, propone que no haya más candidatos avalados con firmas.

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El proyecto que propone el Gobierno, en cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc, pondría fin a los grupos significativos de ciudadanos para las elecciones presidenciales, y los futuros candidatos solo podrán participar si cuentan con el aval de un o de los partidos políticos constituidos hasta el momento. Solo podrán participar pór firmas en elecciones locales. 

"Los grupos significativos de ciudadanos podrán postular candidatos a cargos de elección popular conforme a lo señalado por la ley hasta el 31 de octubre de 2019. Con posterioridad a esta fecha únicamente podrán postular candidatos en las elecciones municipales y distritales", dice uno de los parágrafos del texto del proyecto. 

El argumento para eliminar las candidaturas por firmas es precisamente el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos. Por eso se limita hasta el 31 de octubre de 2019 (hasta las elecciones locales) la posibilidad de conformar  grupos significativos de ciudadanos. 

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El texto plantea nuevas condiciones para conformar partidos políticos. Quienes tengan militantes correspondientes al 0,2% del censo electoral, aproximadamente unos 70.000 mil afiliados, tendrían personería jurídica durante los primeros ochos años a partir de la aprobación de la reforma. Posteriormente el requisito se elevará al 0,5% del censo electoral, apropximadamente 178.000 afiliados.   

La fórmula planteada en la reforma política no convence. Uno de los ponentes, el representante Jaime Buenahora (la U) propone elevar el porcentaje de una vez a 0.5 para darle más estabilidad a los movimientos y evitar la proliferación los mismos. “Eso le da seriedad al marco jurídico de los movimientos”, explicó a SEMANA.  

Los movimientos tendrían la posibilidad de presentar candidatos a elecciones nacionales y territoriales, siempre y cuando tengan una base de afiliados del 1 por ciento en la circunscripción en la que van a presentar el candidato, pero no tendránm derecho a la financiación de funcionamiento ni acceso a medios de comunicación para evitar lo sucedido tras la Constitución del 91, pero que permitió la creación de hasta 70 partidos. Esa situación se revirtió con la reforma política del 2003.

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El gobierno no apoyó la propuesta aunque aceptó incluirla en la ponencia. Para el ministro del Interior, Guillermo Rivera,  "sería fundamental mantener al menos en el nivel local la figura de los grupos significativos de ciudadanos”.  

Tampoco la respalda el Centro Democrático. El representante  Álvaro Hernán Prada dijo a este medio que la reforma en una “colcha de retazos” y es “inconstitucional”. “Hay una gran cantidad de conflictos y de inconformidades en varios sectores del país y eso generará varios movimientos políticos y atomizará la democracia”.

En criterio de Hernán Penagos (la U) este es uno de los puntos sobre los que no hay consenso, y es dificil evaluar si habrá mayorías para apoyar el proyecto. 

La reforma política comienza su camino en el Congreso, una andadura nada fácil pero que ocupará la atención de la Cámara y del Senado los próximos meses, y lo que decidan senadores y representantes será las nuevas reglas de juego de la política. Por eso, Gustavo Patro, Alejandro Ordóñez, Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón, Sergio Fajardo, Clara López, y tal vez Humberto de la Calle, serían los últimos en aspirar a la presidencia respaldados por grupos significativos de ciudadanos. La reforma política quitaría la firma.