Justicia
Saqueo a la UNGRD: la Fiscalía ha planteado beneficios para algunos involucrados sin que hayan devuelto el dinero que se robaron
En el escándalo por el saqueo a la UNGRD, la Fiscalía ha planteado beneficios para algunos implicados sin que hayan devuelto el dinero que se apropiaron.
La caída del preacuerdo que había establecido la Fiscalía con Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), puso en evidencia cómo uno de los capítulos más escandalosos del saqueo a la entidad estaría pasando de agache con la venia del ente acusador, que se apresuró a brindar beneficios y permitió, por falta de medidas, la fuga de César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública, quien hoy es prófugo de la Justicia.
Barreto no es una ficha más en el rompecabezas corrupto de la UNGRD. Luego de que estalló el escándalo en el que los primeros salpicados fueron Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, por haber entregado de manera corrupta un contrato para la compra de carrotanques para La Guajira por más de 46.000 millones de pesos del cual salió el dinero para supuestamente comprar las conciencias del entonces presidente del Senado, Iván Name, con 3.000 millones, y del presidente de la Cámara, Andrés Calle, con otros 1.000 millones, ocupó las funciones de Pinilla y la corrupción continuó.
Esto lo sabe la Fiscalía, pues lo incluyó en el preacuerdo, pero no hay ni sanciones contundentes ni se ha tratado de recuperar de forma adecuada el dinero que se apropiaron y que dio hasta para ofrecer un multimillonario soborno por 13.000 millones de pesos a Sneyder Pinilla, con la finalidad de que en su colaboración con la Justicia no los salpicara y omitiera información de otros contratos.
Pues bien, son ocho los contratos que pretendían que no estuvieran en el radar de las autoridades y suman un monto superior a los 94.000 millones de pesos. Aunque los reflectores se han fijado en los congresistas implicados y en los testigos Olmedo López y Sneyder Pinilla, en esta línea están Barreto; el abogado Édgar Riveros, quien trató de realizar el soborno, en el que incluso participó como agente encubierto el abogado Gustavo Moreno para desnudar el intento de acuerdo corrupto; Ana María Riveros, hija de Édgar Riveros; Pedro Rodríguez, exasesor de la dirección de la UNGRD; Jorge Aristizábal Rodríguez, asesor de Función Pública, y César Manrique Soacha, el prófugo exdirector de Función Pública.
Este grupo, con el que la Fiscalía ha negociado excesivos beneficios que se han caído ante la sorpresa de los jueces, al parecer notó que la UNGRD era una mina de oro si de corrupción se trata, pues los recursos no requieren ser aprobados, acogidos a la ley de contratación pública, por ser una entidad encargada de atender emergencias. Con la simple declaratoria de calamidad, el dinero es aprobado.
Por eso, ante la suspensión temporal que tuvo Olmedo López por parte de la Procuraduría en diciembre de 2023, tal como lo contó la también implicada y detenida exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, Manrique ya se alistaba para poner a alguien en el cargo e incluso estaban cobrando por este nombramiento.
Esto lo conoce la Fiscalía, y en su momento también lo sabían Pinilla y López, quienes en las pruebas entregaron una conversación de chat entre los dos, en la cual Pinilla envía un pantallazo en el que se lee:
–Se están moviendo duro para que Olmedo no regrese.
–Tienen listo al actual director de la Función Pública.
–Toca estar atentos y correr con todo.
La Justicia lleva diferentes líneas de investigación sobre este escándalo de corrupción, el más grande del Gobierno del presidente Gustavo Petro: carrotanques, Agencia Nacional de Tierras, jagüeyes en La Guajira, Comisión de Crédito Público del Congreso, Name y Calle, y esta última en la que hay millonarios contratos por casi 100.000 millones de pesos, pero que ha tenido visos de impunidad.
La Fiscalía dejó volar a Manrique Soacha, quien también fue condenado por irregularidades en la compra de motos eléctricas durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, y ahora pretendía que Barreto solo repusiera 150 millones de pesos, que, a su juicio, fue el monto que realmente se apropió. Queda una duda: si Barreto y el abogado Riveros ofrecieron un soborno de 13.000 millones, ¿por qué la reparación es tasada en una cifra que resulta irrisoria?
