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| 12/13/2018 5:50:00 PM

Gustavo Malo: Senado le quita la toga al magistrado del 'cartel de la toga'

La plenaria del Senado admitió la acusación por cinco delitos que le hizo la Cámara de Representantes. Con la decisión, se le despojó el fuero al magistrado y se compulsaron pruebas a la Corte Suprema para que lo investigue.

Senado admitió la acusación contra magistrado Gustavo Malo y le quitó su fuero Gustavo malo, magistrado

En la noche de este jueves el magistrado Gustavo Malo Fernández dejó de ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. La plenaria del Senado admitió la acusación que en su contra le formuló la Cámara de Representantes por su presunta participación en el llamado ‘cartel de la toga’, y compulsó copias para que la Corte Suprema adelante las investigaciones y determine las responsabilidades penales a las que haya lugar. Malo no llegó a la navidad con la toga de magistrado.

La decisión se adoptó ocho meses después de que la Cámara de Representantes le hubiera endilgado cinco delitos, y tras 9 horas de una larga jornada en la que se leyó el expediente por el que Malo Fernández tendrá que responder en la misma corte de la que fue magistrado. 

El senador Roosvelt Rodríguez, de la comisión instructora del Senado, le pidió a la plenaria admitir la acusación luego de leer las 48 páginas del escrito, sustentado en las investigaciones que adelantó la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 39 senadores votaron a favor de la acusación contra Malo y con ello ordenaron la compulsa del expediente a la Corte Suprema de Justicia.

Malo Fernández se había jugado una última carta para dilatar su juicio político. Su abogado presentó una recusación contra todos los senadores, recurso que fue entendido por la plenaria como una maniobra dilatoria, pues hubiera provocado el aplazamiento de la sesión. La recusación no fue admitida por el Senado con el argumento de que se había radicado cuatro horas después de iniciada la plenaria.

Antes, el Senado se había enfrascado en la discusión de los impedimentos presentados por 48 senadores, que argumentaban tener investigaciones en la Corte Suprema de Justicia o haber tenido procesos en el despacho del magistrado Gustavo Malo. También se declararon impedidos los senadores que en el pasado periodo legislativo fueron representantes a la Cámara, y tomaron decisión sobre la acusación que esa corporación aprobó el pasado mes de abril. Finalmente se aprobaron 40, circunstancia que redujo a 34 el número de votos para admitir la acusación. La votación fimnal fue de 39.   

El expediente 4903

El magistrado Malo fue señalado como pieza clave del llamado ‘cartel de la toga’, definido como el grupo de magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que, en concierto con particulares, entre ellos el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, “abordaban aforados y congresistas que tuvieran procesos de única instancia en la Corpe Suprema de Justicia para que a cambio de coimas y dádivas, se ofrecían intervenir ilegalmente para obtener diferentes beneficios procesales, los cuales podían ir desde archivos, preclusiones, impedir órdenes de captura o dilatar los procesos en búsqueda de prescripciones.

A Malo se le endilgaron los delitos de concierto para delinquir, en concurso de cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a reserva.

Malo integraba la sala penal de la Corte Suprema de Justicia cuando estalló el escándalo del ‘cartel de la toga’ y actualmente está suspendido de sus funciones.

La acusación leída ante el Senado advierte que tras las diligencias practicadas por la Comisión de Acusaciones, no se encontraron medios probatorios para establecer que Malo recibió dinero: “no existe prueba directa, testimonio o documento para establecer que el dinero se haya entregado”.

Ante la dificultad de encontrar la “prueba directa”, los representantes a la Cámara que adelantaron la investigación “inducen” que en efecto existía una organización criminal muy bien estructurada, por medio de la cual se hacían exigencias de altas sumas de dinero a congresistas para cambiar el destino de los procesos que se adelantaban en su contra, y que el magistrado Malo Fernández “hacía parte de esa banda criminal”.

A esa conclusión se llegó gracias a los testimonios recibidos en la investigación y que se desprendieron de las conversaciones en poder de la DEA entre Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

También se corroboró la participación de Gustavo Malo Fernández en el ‘cartel de la toga’ con los testimonios de Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, que rindió ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Comisión de Acusaciones.

De igual forma las declaraciones entregadas por los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton quienes admitieron haber pagado 2.000 y 1.200 millones respectivamente para beneficiarse de decisiones frente a los procesos que se les adelantaban en el alto tribunal.

Aunque no existe prueba en el expediente de que esas sumas hubieran llegado a los bolsillos de Malo, lo que da por probado es que la entrega de dineros sí se produjo.

También se atribuye la responsabilidad del magistrado en el cartel de la toga en que precisamente tomaba las decisiones en varios de los procesos que según los testigos fueron favorecidos.

Los investigadores justifican la inexistencia de la llamada “prueba directa” en el expediente en que las personas involucradas en el ‘cartel de la toga’ son lo suficientemente inteligentes como para dejar evidencias: “se cuidan al extremo de no cometer el error de dejar testigos o documentos de su proceder delincuencial, máxime si es un magistrado titular activo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

“Ese tipo de entregas se hacen con el mayor sigilo y en medio de la clandestinidad, cuidando al máximo no dejar evidencia alguna de lo ocurrido, precisamente porque quienes lo hacen saben que lo que están haciendo es delito y deben procurarse todas las medidas que puedan asegurarles la impunidad”, se leyó en el expediente.

Bajo esa lógica no puede imponerse a las autoridades encargadas de indagar “la insuperable carga de traer prueba directa de la solicitud u ofrecimiento ilícito, ni mucho menos en este caso de la entrega de dineros”, justificaron los investigadores.

Edward Rodríguez (Centro Democrático) quien junto al excogresista Fabio Arroyavae adelantó la investigación, defendió la instrucción  adelantada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y aclaró que el magistrado Gustavo Malo contó con todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa. 

Rodríguez le dijo al Senado que el expediente 4903 tenía por objeto determinar si existían indicios graves sobre si el magistrado Gustavo Malo se concertó con particulares para alterar procesos judiciales, y en esa investigación, advirtió, sí se encontraron unos presuntos hechos punibles, los cuales deben ser presentados a la Corte Suprema de Justicia para que los pueda investigar. 

Según el congresista, sumadas las pruebas indiciarias, se concluyó que dentro de la Corte Suprema de Justicia existia una empresa criminal. También aseguró que está probado la relacion entre Gustavo Malo y el exmagistrado Francisco Ricaurte, y que ellos hacían el lobby para mirar qué senadores tenían procesos para llamarlos a fin de costreñirlos y pedirles dádivas. 

Durante la investigación, Rodríguez manifestó que también quedó probada la relación entre Gustavo Malo: "eran amigos", aseguró. Y además señaló al magistrado de haberle mentido a la Comisión de Acusaciones porque bajo la gravedad de juramento dijo que no tenía la responsabilidad en las decisiones que beneficiaban a los congresistas investigados, lo cual fue negado por su propio magistrado auxiliar. 

Algunos senadores como Gustavo Bolívar y Aída Avella felicitaron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara por la instrucción que adelantaron en el ‘caso de la toga‘. Esta célula judicial, que históricamente ha cargado el lastre de ser llamada la ‘comisión de absoluciones‘, ha acusado a dos magistrados en los últimos 4 años. El primero fue Jorge Pretelt Chaljub, magistrado de la Corte Constitucional, por el delito de concusión, por supuestamente haber pedido 500 millones de pesos para favorecer una tutela que interesaba a la firma Fidupetrol. Este proceso está a la espera de fallo definitivo en la Corte Suprema.   

Con la decisión del Senado, Gustavo Malo pasará a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, luego de que se le levantara su fuero constitucional. Ahora será el mismo tribunal del que hacía parte el que determine sus responsabilidades penales en este escándalo. Malo deberá mirar a los ojos a quienes fueron sus compañeros.  

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