Ultimátum a la Fiscalía para cerrar proceso de extinción de dominio que lleva 13 años. Los afectados fallecen esperando respuesta

La que en su momento fue calificada como la más grande operación de extinción de dominio en Colombia, que incluía propiedades de la familia Meyendorff, procesada por narcotráfico, también enredó a otras 570 personas naturales y jurídicas. De ese caso, solo queda un tremendo lío judicial para la Fiscalía.

La olla a presión que tiene la Fiscalía con esa operación de extinción de dominio, avaluada en más de 110.000 millones de pesos, con la incautación de 339 inmuebles y 64 sociedades, está por explotar en una millonaria demanda contra el Estado.

“Requerir al doctor José Uriel Acero, fiscal 12 especializado de extinción de dominio, o quien haga sus veces, para que en el término improrrogable de 24 horas proceda a informar los trámites que ha realizado en cuanto a las actuaciones relacionadas con los ciudadanos que llegaron el requerimiento de incidente de desacato”, señaló la Corte Suprema de Justicia al fallar la tutela de noviembre de 2023.

Pasaron más de 13 años desde esa extinción de dominio y no han logrado resolver el futuro de ese proceso. Hace tres años la Fiscalía recibió una tutela que radicaron los afectados y que le puso fecha de vencimiento al proceso. La tutela le ordenó a la Fiscalía definir la procedencia o no de la extinción de dominio, asunto que no han resuelto.

Muchos de los 570 afectados, que no estaban incluidos en la red de narcotráfico, pero que terminaron metidos en la misma bolsa por integrar sociedades, se quedaron sin sus viviendas; algunos murieron esperando una respuesta de la Fiscalía.

El Tribunal de Bogotá le dio 24 horas a la Fiscalía para resolver el asunto: continúa las otras etapas de este proceso o firma la prescripción por “corrección de acto irregular”.

Los magistrados del Tribunal fueron contundentes con el plazo que le dieron a la Fiscalía y que vence el 27 de noviembre de 2025 en horas de la tarde. Para el despacho, todos los otros asuntos materia de verificación fueron superados y la tutela fue clara en proteger el derecho al debido proceso de los accionantes.

“Requerir a la Fiscalía 12 especializada de extinción de dominio para que dé cumplimiento, dentro del término máximo de 24 horas, al fallo de tutela proferido el 13 de junio de 2021 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, señala el Tribunal.

Se trata de un curioso caso que arrancó con unos indiciados, investigados por lavado de activos y que, por inactividad de la Fiscalía, se convirtieron en víctimas de las mismas actuaciones del ente acusador.

Ahora, podrán demandar al Estado por investigarlos y afectarlos con la extinción de dominio que la Fiscalía no logró demostrar.

Lo curioso es que la misma Fiscalía reconoció un error y propuso corregir el asunto a través de una nulidad de las actuaciones; “cortar por lo sano”, señalaron las fuentes del proceso, pero se les estaría atribuyendo responsabilidad a quienes hace 13 años le han insistido a la Fiscalía que nada tienen que ver con la investigación y que, por tanto, sus bienes nunca debieron estar en ese listado.

Las propiedades, el estado en el que se encuentran y los negocios que hizo la Fiscalía con las mismas son materia de otro debate. Muchos fueron enajenados, vendidos, abandonados, hasta invadidos. Aun así, la Fiscalía lo quiera devolver, el daño patrimonial es multimillonario y alguien tendrá que responder.