Nación
Viceministro de Cultura habría presentado falso título universitario; Procuraduría le abrió investigación a Clímaco Zabala
El funcionario habría incluido en su hoja de vida de la Función Pública, datos imprecisos sobre sus estudios superiores.
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La Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra Clímaco Esteban Zabala Ramírez, viceministro de Cultura, por presuntas irregularidades relacionadas con la veracidad de la información en su hoja de vida de la Función Pública. La denuncia ciudadana, conocida por la entidad y difundida por los medios de comunicación, señala que el viceministro habría incluido datos imprecisos sobre sus estudios superiores y presentado un acta de grado falsa para sustentarlos.
La apertura de esta investigación se da en el marco de un posible compromiso disciplinario contra el funcionario, en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa ha solicitado diversas pruebas para esclarecer los hechos, entre ellas la certificación de la universidad Externado sobre la veracidad de los estudios de maestría que presuntamente cursó el viceministro y del acta de grado presentada para sustentarlos.
Adicionalmente, la oficina de Talento Humano del Ministerio de Cultura ha sido requerida para remitir copia de la hoja de vida con anexos entregada por el viceministro Zabala Ramírez durante su proceso de contratación, así como el acta de posesión y una certificación de los estudios que acreditó al momento de su vinculación.
Estas diligencias forman parte del proceso de investigación que busca esclarecer las dudas sobre la veracidad de la información proporcionada por el funcionario en su hoja de vida, así como la autenticidad de los documentos presentados.
Procuraduría abrió investigación al alcalde de Tuluá
Por otra parte, la Procuraduría General ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra John Jairo Gómez, alcalde del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y su secretaria de Educación Municipal, Lina Marcela Mejía Arias.
De acuerdo con el ente de control, esto se da por haber incurrido en presuntas conductas irregulares, al no haber adelantado el proceso contractual para garantizar el servicio de transporte escolar de manera oportuna para los estudiantes de la zona rural alta del municipio, desde el inicio del calendario escolar 2023.
“La Provincial de Instrucción de Buga señaló que, al parecer por falta de planeación contractual, el servicio no fue garantizado desde el mes de enero de 2023, situación que desencadenó una serie de protestas por parte de padres de familia y estudiantes, que alteraron el orden público con bloqueos y marchas”, indicó la Procuraduría.
El Ministerio Público también precisó que dicha situación habría ocasionado que la Administración Municipal, tuviera que acudir a la celebración de contratos de mínima cuantía para atender temporalmente la necesidad de movilizar a los estudiantes de la zona rural.
La actuación disciplinaria que inició la entidad, que incluyó la práctica de pruebas, busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
De otro lado, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el personero de Bugalagrande, Valle del Cauca, Jorge Alberto Candamil García, quien presuntamente además de su cargo, fungió de forma paralela como abogado litigante en un proceso judicial en el que era apoderado de una de las partes.
La Provincial de Instrucción de Buga señaló que el disciplinado habría percibido, de manera simultánea, ingresos por su rol como servidor público y como apoderado de confianza de un particular, que le pagaba honorarios por sus servicios profesionales, con lo que pudo incurrir en una incompatibilidad y a la vez haber prestado asesoramiento ilegal.
De igual manera, el ente de control resaltó que no encontró elementos que posibiliten la interferencia del investigado en el trámite de la actuación, por lo que negó la petición de suspenderlo de manera provisional, pero ordenó la compulsa de copias a la Contraloría Departamental, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y a la Fiscalía General de la Nación para lo relacionado con sus competencias.
“La actuación disciplinaria que inició la entidad, que incluyó la práctica de pruebas, busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, indicó la Procuraduría.
