Barranquilla
El drama de una mujer que no hizo un préstamo y le embargaron su pensión: “Nunca he firmado nada”
La pensionada denuncia ser víctima de una supuesta estafa por un préstamo que nunca recibió.
Un verdadero viacrucis vive una mujer pensionada que reside en Santa Marta, Magdalena, luego de que desde julio le apareciera en su desprendible de pago de su pensión un embargo autorizado por un juez de la República.
La mujer asegura que se enfrenta a una presunta red que monta supuestos créditos por libranza con documentos, firmas y hasta datos personales que son falsos. A sus 67 años, Neira Josefina Cortés Granados tiene una deuda de 25 millones de pesos que, asegura, nunca pidió prestados a una cooperativa que tiene sede en Barranquilla.
“Me llegó el descuento de Fopep por 590.000 pesos. Cuando reviso, aparece un pagaré con mi nombre, pero esa no es mi firma, esa no es mi huella, esa no es ninguna clase de mi letra. Es completamente fraudulenta”, relató a SEMANA.
La entidad señalada de realizar este supuesto fraude es la Cooperativa Multiactiva Unión de Asesores, con sede en Barranquilla. Según los documentos del proceso, el demandante es el abogado y representante legal Richard Javier Sosa Pedraza.
“A ese señor no lo conozco. Nunca le he firmado nada, ni he tenido negocios en Barranquilla. Yo viví en Bogotá y ahora en Santa Marta, pero en los papeles dicen que resido en Soledad. Yo no conozco Soledad, jamás he vivido allí, yo no sé de dónde me sale esa millonaria deuda”, enfatizó.
Desde julio, los descuentos a su mesada suman ya más de un millón de pesos. “Me han quitado lo que con tanto esfuerzo gané, a través de un proceso que nunca debió existir. Es un fraude descarado en el que no solo está esa cooperativa, sino que también debe haber funcionarios judiciales”, agregó.
Desesperada por el calvario que vive, la mujer ha comenzado a investigar por sus propios medios y lo que ha encontrado es alarmante: una presunta red de estafa con créditos de libranza.
“Esto es una red de libranzas fraudulentas que compran ilegalmente bases de datos de otras cooperativas. Escanean la firma de los pensionados, la montan digitalmente en un pagaré y presentan demandas ejecutivas. El juez las admite y ordena los embargos”, explicó.
El punto más grave, asegura, es que Sosa aparece como representante legal de la cooperativa y, al mismo tiempo, como abogado demandante. “Es insólito: figura como dueño de la cooperativa y como apoderado en el proceso. Además, en la junta directiva está presuntamente su mamá, sus hermanas y otros familiares. Todo queda en familia”, denunció.
La mujer pensionada asegura que junto con su abogado lograron consultar la base de datos de la rama judicial y encontraron un patrón reiterativo.
“No es solo conmigo. Hay más de mil procesos en Atlántico y Barranquilla con el mismo esquema. No solo con esta cooperativa, sino también con Cooproductos y Creditoral Multiactiva, donde este señor aparece vinculado”, alegó.
SEMANA conoció que el proceso en contra de Cortés está en el Juzgado Primero de Pequeñas Causas de Soledad, Atlántico, donde la demanda asegura que la deuda está por 25 millones de pesos, pero el juez amplió la cuantía a 37 millones de pesos sumando el 50 % que lo permite la ley.
“Lo increíble es que aceptan títulos valores sin presentar el original. Todo se hace con documentos digitales y, aun así, lo avalan”, reprochó Cortés.
De acuerdo con la mujer, esta cooperativa tendría serias irregularidades: “Es una cooperativa de garaje, constituida con apenas 10 millones de pesos. La Superintendencia de Economía Solidaria debería vigilarla, pero parece que nadie controla nada”.
Para la denunciante, detrás de estos posibles millonarios fraudes, que se estarían dando en el Atlántico, hay más que una presunta estafa.
“Creemos que hay complicidad de algunos jueces, secretarios y funcionarios judiciales. No puede ser que desde 2006 vengan presentándose estos procesos sin que nadie los detenga”, precisó.
Al mismo tiempo, aseguró: “A mí me incluyeron junto a otra señora en un mismo pagaré, como si las dos hubiéramos hecho libranzas. Pero yo nunca firmé nada. Imagínese: dicen que desde 2023 tengo una deuda, cuando en plena pandemia no hice ningún trámite”.
El temor de la mujer, que reside en Santa Marta, es que muchas personas de la tercera edad como ella estén siendo víctimas de esta presunta red de estafa, pero no se atrevan a denunciar ante las autoridades.
“Yo le digo a la ciudadanía que estén muy atentos, que revisen sus desprendibles de pago, que no se dejen engañar. Aquí, en Santa Marta, me dijeron que en Malambo y Soledad opera una banda de abogados con tarjetas falsas. Están estafando a la gente mayor”, explicó.
La mujer, junto con su abogado, respondieron la demanda de embargo a este juez de Soledad para que declare su nulidad y ordene la verificación de los documentos aportados por la cooperativa. Además, preparan la denuncia penal ante la Fiscalía General y con una copia a la Superintendencia de Economía Solidaria.
“Esto no es un caso aislado, es un negocio sistemático contra pensionados vulnerables. Queremos que se investigue y se castigue a quienes están detrás”, concluyó la mujer.
Ante esta situación, SEMANA contactó a la empresa señalada de este suceso y, hasta la publicación de este artículo, no hubo respuestas.
