Bogotá se acerca a una fecha decisiva para la prestación del servicio de aseo. El próximo 12 de febrero se cumple el plazo del esquema actual y ante la incertidumbre sobre el modelo que lo reemplazará, la Contraloría Distrital advirtió que la ciudad no puede improvisar una decisión que impacta tanto las finanzas públicas como la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
El organismo de control pidió a la administración distrital evaluar con rigor los escenarios posibles, desde ajustes al esquema vigente hasta alternativas transitorias o la implementación de un nuevo modelo. La preocupación central es evitar que una solución apresurada derive en sobrecostos, vacíos contractuales o deterioro del servicio.
Uno de los ejes del debate es el papel de los recicladores, cuya participación en el sistema ha sido respaldada por decisiones judiciales. Para la Contraloría, cualquier reconfiguración del modelo debe garantizar que las medidas de inclusión no se diluyan ni se conviertan en un elemento marginal del sistema.
También está en juego el manejo de los activos asociados al servicio. El ente de control alertó sobre la necesidad de definir con claridad qué bienes deben revertir al Distrito y cómo evitar esquemas de pago que terminen duplicando la remuneración de la infraestructura. La falta de reglas precisas, advirtió, puede traducirse en riesgos fiscales difíciles de revertir.
Más allá del componente técnico, la discusión revela un dilema estructural y es cómo garantizar continuidad, eficiencia y sostenibilidad sin sacrificar el equilibrio financiero ni los derechos de actores históricamente excluidos. En ese cruce de variables, el tiempo se convierte en un factor crítico.
Con el calendario en cuenta regresiva, Bogotá enfrenta una decisión que va más allá de la recolección de basura y, como lo han advertido desde el Consejo de Bogotá, se espera que el modelo de libre competencia no deje sin servicio de recolección a las zonas más apartadas de la capital.