Una llamativa propuesta hizo desde Bogotá el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco: propuso bajar el costo de las multas de tránsito en el país.
Según lo dicho por el funcionario, aunque el salario mínimo aumenta cada año, “el valor de las multas de tránsito también se incrementa de manera automática, sin que exista una relación directa con la reducción de muertes o lesiones en las vías”.
“Esto ocurre porque las sanciones están sujetas a fórmulas de indexación económica, que hacen que su valor cambie anualmente sin que la conducta sancionada sea más peligrosa ni se evidencien mejoras en seguridad vial”, aseguró.
Por eso, afirmó, es necesario “disminuir el valor de las multas de tránsito y modificar el sistema de indexación, con el fin de que las sanciones estén acordes con el nivel de ingresos de la mayoría de los colombianos y se calculen con criterios técnicos orientados a mejorar efectivamente la seguridad vial”.
“Las secretarías de movilidad existimos para salvar vidas, no para recaudar. Colombia necesita avanzar hacia un sistema más moderno, que priorice el control efectivo, la pedagogía y la autoridad en las vías, sin seguir afectando el bolsillo de la gente”, indicó.
Es que según el funcionario, una multa por mal parqueo en Cali que costaba cerca de 604.000 pesos en 2025, con el aumento del salario mínimo, en 2026 pasó a costar aproximadamente 633.000 pesos.
”Esto significa que el ciudadano hoy paga casi 30.000 pesos más, no porque la infracción sea más riesgosa, sino por un ajuste automático basado en el salario mínimo”, señaló.
Por eso, recalcó, ese cálculo demuestra que el valor de una multa depende más de un índice económico que de su capacidad real para salvar vidas.
“Las sanciones pueden subir, bajar levemente o volver a aumentar de un año a otro, sin que exista ningún cambio en la conducta sancionada ni en los resultados en seguridad vial”, afirmó.
Orozco llamó la atención sobre el impacto desproporcionado, según él, que estas multas tienen sobre los ciudadanos de menores ingresos.
Por ejemplo, explicó, una sanción por no portar casco, que hoy ronda los 633.000 pesos, representa cerca del 36 % del ingreso mensual de una persona que devenga un salario mínimo. “Es prácticamente un tercio del salario de todo un mes. Este impacto económico no es sostenible y golpea con más fuerza a quienes menos tienen”, enfatizó.
Finalmente, dijo que distintos estudios demuestran que incrementar el valor de las multas no reduce de manera significativa las muertes ni las lesiones graves. “Mientras tanto, el desorden y la ilegalidad persisten, y el ciudadano termina pagando cada vez más sin ver mejoras reales en la seguridad vial”, agregó.
