Entrevistas en el municipio de Briceño, con fuentes de inteligencia militar y en Medellín le permitieron a SEMANA hacer una radiografía sobre cómo delinque en el norte y nordeste de Antioquia el Frente 36 de las disidencias de las Farc, la misma estructura ilegal a la que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le atribuyen un plan para atacarlos durante una visita programada a Hidroituango y que tuvo que ser suspendida el domingo, a última hora.
El 18 de octubre de 2025, esa organización envió, a través de algunos líderes de las juntas de acción comunal, mensajes a habitantes de varias veredas de Briceño para que abandonaran sus casas.
Óscar Egidio Muñoz Martínez, uno de los labriegos, le contó entonces a SEMANA cómo ocurrió el desplazamiento. “No nos dieron tiempo de nada, nos mandaron un mensaje por el grupo de la junta, nos notificaron que teníamos que salir, para dejar la zona destapada para que no le pasara nada al campesino, porque se iban a enfrentar entre ellos mismos”, relató, sin temor a dar su nombre porque no tiene problemas con nadie.
Ese sábado, la comunidad se aprestaba para recoger ofrendas por el San Isidro, celebración que les permitiría elevar plegarias al santo de los labriegos, pero la amenaza de los disidentes echó todo al traste.
“Yo iba a coger un bulto de chócolos para darlo de ofrenda; ya teníamos revuelto (verduras y abarrotes), todo para hacer un sancochito, cuando nos dijeron: muchachos, no se puede hacer nada, repartan esa carne”, agregó. No tuvo tiempo de nada. Era la segunda vez en dos años que tenía que hacer lo mismo: dejar su casa, sus animales, su ropa, montarse en un bus escalera que fue enviado por la Alcaldía de Briceño para ayudar a huir a los campesinos, quienes tuvieron que acomodarse en albergues improvisados en el parque principal, en el Parque Educativo, en el sótano de una discoteca abandonada y hasta en una sala de velación que queda al respaldo de la iglesia.
El desplazamiento, que llevó a 2.156 campesinos a dejar sus casas, fue ordenado por el frente 36, que tiene pintadas algunas fachadas de la zona para marcar su territorio, porque se iban a enfrentar con el Clan del Golfo.
Esos dos grupos, más un tercero denominado Frente 18 o Los Cabuyos, pelean por el control territorial, las rentas que les deja el secuestro y la extorsión a los mineros que explotan oro en el río Cauca, en el Espíritu Santo y en las minas de Berlín, del corregimiento de Ochalí, en límites con el municipio de Yarumal y en un corredor natural hacia Ituango.
Esta es una millonaria veta explotada por mineros ancestrales, a quienes, según fuentes militares y civiles en la zona, ese grupo armado les exige el 10 % por cada onza de oro extraída.
A quienes explotan el mineral del río les otorgan un turno de dos horas. Les cobran una especie de seguro —que puede costar 4.000 pesos— y el mismo 10 % por cada onza y, si incumplen con el tiempo otorgado, les imponen una multa y una prohibición para extraer el oro.
Evidencia de esos movimientos, dijeron las fuentes militares, es el oro que exhiben los delincuentes, del cual hacen gala en redes sociales personajes como Primo Gay, que siendo un joven de 23 años, escaló en la estructura, se convirtió en su quinto cabecilla y en uno de sus influencers, pues usa redes sociales como TikTok para comunicarse con los suyos y mostrar sus alhajas, como el fusil en miniatura con el que acompaña su cadena de oro.
Pero eso es solo una pequeña parte del millonario botín que el Frente 36 logra a través de la extorsión. Lo otro, aseguraron las fuentes, proviene de las exigencias a ganaderos, empresarios de pequeños establecimientos en Amalfi, Anorí, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño, Guadalupe, entre otros municipios de esa zona de Antioquia.
Eso les ha permitido hacerse de camionetas, armas cortas y de largo alcance, explosivos con los que han sembrado de minas antipersonal algunas veredas y con los que han atacado tres torres de energía de EPM en Medellín y drones.
Precisamente, el alcalde de esa ciudad denunció ayer los alcances que el Frente 36 ha conseguido al estructurar células de milicianos en su territorio, a unos 180 kilómetros de Briceño.
Precisamente, los ataques a la infraestructura de EPM tienen un objetivo que, tal y como ya había denunciado SEMANA en octubre, no han conseguido: que la compañía de servicios públicos, la segunda empresa más grande de Colombia, les dé dinero que exigen como extorsión para no atentar contra su infraestructura en Medellín y, más grave aún, contra Hidroituango.
En octubre, tras ser consultadas, fuentes de inteligencia militar aseguraron que, si alguna vez EPM da su brazo a torcer, la extorsión en cadena seguirá a otras dos pequeñas centrales hidroeléctricas que están en proyecto en Briceño y que funcionarían sobre el mismo río del que sacan el oro, del Espíritu Santo.
Aunque en el municipio la gente sabe que ninguno de los cabecillas de la estructura ha visto un peso por esas extorsiones.
Eso ha hecho que la gente de Primo Gay coloque explosivos en carreteras de San Andrés de Cuerquia, por donde viajan los trabajadores de Hidroituango, para evitar su paso.
También que hayan infiltrado gente en las operaciones de la hidroeléctrica, al punto de que hicieron llegar videos de la casa de máquinas, el corazón de la generadora de energía más importante del país, para estremecer a las cabezas de la compañía y que cedan en el pago de las extorsiones.
Sin embargo, no lo han logrado y, por el contrario, lo que han conseguido es que las autoridades expongan la manera en que actúan y los crímenes que han cometido.
Por ejemplo, se sabe que su cabecilla es Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, uno de los protagonistas del escándalo de las siete camionetas de la UNP cargadas de armas y disidentes de las Farc.
Es señalado como el cerebro del atentado al helicóptero de la Policía en Amalfi, en el que murieron 13 uniformados, y por eso el ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció hasta 2.000 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con su paradero.
En la zona, según las fuentes consultadas, le siguen en el mando alias Pablo Toli y Guaricho, quien ha tratado de dar noticias falsas sobre su muerte para engañar a las autoridades.
Finalmente, alias Calarcá, a quien el gobernador Andrés Julián Rendón ha definido como un consentido del Gobierno nacional, a pesar de tener sobre sus espaldas la masacre de los policías de Amalfi, la reciente masacre de 26 delincuentes al servicio de alias Iván Mordisco y otra serie de crímenes.
Incluso, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió al Gobierno que se reactive la orden de captura en su contra y así pueda ser puesto en manos de la justicia, pues Estados Unidos ofrece por su cabeza una recompensa de hasta 5 millones de dólares.