Quién es el hombre que será ejecutado este jueves en Estados Unidos, condenado cuando era menor de edad

El pasado martes 24 de enero, el gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis firmó la sentencia de muerte de un hombre que fue declarado culpable asesinar a una mujer después de escapar de la custodia mientras cumplía cadena perpetua por matar a un oficial de policía.

Se trata de Donald David Dillbeck, de 59 años, quien en cumplimiento de una condena a muerte será ejecutado este jueves con inyección letal por apuñalar a Faye Vann en 1990, en Tallahassee.

De acuerdo con la sentencia proferida por la Corte Suprema de Florida, el hombre había escapado de la custodia dos días antes cuando cumplía una pena de cadena perpetua por el asesinato del alguacil adjunto del condado Lee, Dwight Lynn Hall, en 1979.

El escape se produjo cuando participaba de una actividad vocacional fuera del sitio de reclusión ubicada en Quincy, según relata el documento con el que se sustentó la condena de muerte.

Se detalló que Dillbeck compró un cuchillo mientras caminaba hacia Tallahassee, capital de Florida y apuñaló a la mujer, quien estaba esperando en el auto a familiares que hacía las compras, en el estacionamiento de un centro comercial. En ese momento, el condenado tenía 11 años de edad.

Tras intentar huir en el vehículo, se estrelló cerca y fue nuevamente atrapado por las autoridades, según los registros judiciales.

Cuatro años después de ese crimen, cuando tenía 15 años, ocho de los 12 jurados que estudiaron el caso lo condenaron a muerte con inyección letal. En ese año bastaba con que la mayoría de los miembros del jurado tomaran la decisión. Tras un cambio en la ley federal, se determinó que esta debe ser tomada por unanimidad.

“La ejecución de Donald David Dillbeck está programada para el 23 de febrero (foto: Florida Department of Corrections)”, informó TVCNB, al publicar una foto del hombre.

En relación con el primer crimen por el que fue condenado a cadena perpetua, el hecho ocurrió en 1979 y la víctima fue el alguacil adjunto del condado Lee, Dwight Lynn Hall.

Según los registros oficiales, el uniformado se había acercado a Dillbeck en un estacionamiento de la playa de Fort Myers, pero escapó.

Cuando alguacil lo alcanzó, el entonces menor de edad le quitó el arma y le disparó dos veces. Tras su detención confesó el asesinato.

La ejecución

Luego de 29 años de permanecer en el llamado “corredor de la muerte”, Dillbeck será ejecutado, pese a que en varias ocasiones interpuso recursos para evitar la inyección letal. La más reciente fue interpuesta hace una semana, pero la Corte Suprema de Justicia de la Florida la rechazó.

El abogado del hombre, quien ha presentado las apelaciones, argumentó que estuvo en diferentes centros de adopción entre los 4 y los 11 años y que desde los 13 años se convirtió en un consumidor de drogas.

Incluso, señaló que desde muy pequeño tiene problemas neurológicos debido a que su madre consumió en exceso alcohol durante el periodo del embarazo.

Esta será la primera ejecución en el estado de Florida desde la de Gary Ray Bowles de 2019, debido a que fueron suspendidas como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, desde que se restableció la pena de muerte en 1976, en ese estado han sido ejecutadas cien personas. Actualmente, existen 299 presos en los corredores de la muerte de la Florida, entre ellas 3 mujeres.

Una apelación a nivel federal de última hora podría salvarle la vida a Dillbeck, cuya hora de ejecución no ha sido suministrada.

Cambios en la norma

Tras la firma de la orden de ejecución, el gobernador DeSantis pidió revisar el procedimiento sobre la condena a la pena de muerte, ya que esta debe ser mediante una decisión por unanimidad del jurado.

En ese sentido, se mostró a favor de que en Florida no se requiriera la unanimidad del jurado para imponer una sentencia de esta naturaleza.

Lo hizo a propósito del caso del confeso asesino de la escuela secundaria Parkland, Nikolas Cruz, quien fue condenado a cadena perpetua porque no todos los jurados se pusieron de acuerdo en la pena de muerte. Ese hecho ocurrió en 2018.

Aunque existen varios proyectos al respecto en ambas cámaras del Congreso de Florida, grupos muy conservadores como la Conferencia de Obispos Católicos se oponen al cambio y pidieron, incluso, que se suspenda la ejecución de Dillbeck.

Acusan a Texas de utilizar inyecciones letales vencidas en ejecuciones

En medio de esta noticia se revivió una polémica debido a que dos condenados a muerte en Texas señalaron semanas antes de su ejecución que la inyección letal que recibirían podía contener un fármaco vencido potencialmente causante de sufrimiento innecesario, algo prohibido por la ley en Estados Unidos.

Los condenados, John Balentine y Wesley Ruiz, pidieron ante un tribunal a fines de 2022 que se “prohíba” al Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, en inglés), en el sur de Estados Unidos, el uso de “sustancias vencidas” en las ejecuciones.

Según la información a la que accedieron, el TDCJ tiene un stock de pentobarbital, sustancia que Texas usa en las inyecciones letales, “caducado hace mucho tiempo”.

“Dada la antigüedad de los medicamentos (...) el pentobarbital que pretenden usar (...) actuará imprevisiblemente, obstruyendo las vías intravenosas durante la ejecución y causando dolor innecesario”, decía el documento con sus argumentos.

Pero el TDCJ aseguró en una declaración a la agencia de noticias AFP que todo está en orden. “Los medicamentos para las inyecciones letales están dentro de sus fechas de uso y han sido debidamente probados” señaló.

En 27 de los 50 estados del país, entre ellos Texas, la pena de muerte es legal. Desde 1982, cuando se empezó a usar la inyección letal en el país, en Texas se han ejecutado a 581 personas, más de un tercio del total nacional.

”Castigo cruel”

Ruiz fue condenado por matar a un policía en 2007 y Balentine por un triple asesinato en 1998. Ambos habían denunciado, además, racismo en sus respectivos juicios.

En sus declaraciones dijeron que, con sustancias vencidas, su ejecución “violaría su derecho a no ser sometido a un castigo cruel”.

Tras el reclamo, la jueza civil Catherine Mauzy ordenó el 10 de enero suspender las ejecuciones por la posibilidad de que las existencias de pentobarbital estuvieran vencidas, y porque el TDCJ no ofreció pruebas que demostraran lo contrario, según reportes de prensa.

Su decisión también beneficiaba a Robert Fratta, cuya ejecución estaba programada para esa misma tarde. Pero la fiscalía general de Texas acudió a una corte penal de apelaciones, que desestimó la decisión de Mauzy.

Fratta, condenado por ordenar el asesinato de su esposa en 1994, fue ejecutado horas después. Ruiz recibió la inyección letal el 1 de febrero y Balentine el 8 de febrero.

La abogada del TDCJ, Leah O’Leary, había dicho en enero que han usado pentobarbital más de 90 veces desde 2013 y ninguno de los efectos descritos por los denunciantes se han presentado. Su reciente uso en 2022 demuestra que es “potente y eficaz”, dijo, citada por el diario The Houston Chronicle.

Este año se prevé la ejecución de otras cinco personas en Texas. Los abogados de algunos de ellos seguirán con la demanda, en una audiencia programada para el 20 de marzo.

Entre 1890 y 2010, más del 3 % de las ejecuciones en Estados Unidos tuvieron fallas, según la ONG Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), principalmente con inyección letal.

Hay varios casos en donde quien era ejecutado se retorcía o quejaba de dolor y episodios, incluso recientes, donde fue difícil hallarle una vena al condenado para inyectarlo. Solo en 2022 el DPIC contabilizó 7 ejecuciones con problemas, dos de ellas plenamente fallidas.

Más de 1.300 días

Algunos laboratorios renunciaron hace años a comercializar productos para ejecuciones. Según los abogados, desde hace casi una década, Texas compra un pentobarbital “compuesto”, que algunas farmacias estatales preparan con un ingrediente en polvo.

En 2016, el entonces fiscal general de Texas Greg Abbott, hoy gobernador, dispuso que el nombre de los proveedores se mantuviera en reserva para evitar represalias.

En un informe a pedido de los abogados y llevado a la corte, la doctora en Farmacia Michaela Almgren explicó que un medicamento “compuesto” tiene como máximo un período de uso de 45 días si está congelado.

De acuerdo con los registros revisados por Almgren, la última compra hasta fines del año pasado fue hecha en marzo de 2021, por lo que cualquiera de esas dosis ya venció hace más de 600 días. Otro lote de 2019 excede los 1.300 días. Sin embargo se les ha puesto nuevas fechas de límite de uso hacia septiembre y noviembre de 2023, denunciaron.

De acuerdo con información del sitio Texas Tribune, que cita registros del TDCJ, la práctica de extender la fecha límite de uso de este medicamento data el menos desde 2017.

Almgren cuestionó que estos cambios se basen solo en el argumento de que el medicamento mantiene su potencia y no se verifique si está degradado.

Aumenta el dolor

“Es alarmante que Texas siga realizando ejecuciones con pentobarbital caducado, violando su propia ley”, dijo a la AFP Shawn Nolan, abogado de Ruiz y Balentine.

Esos medicamentos “tienen una vida útil limitada y los compuestos caducados son poco fiables e impredecibles, lo que aumenta el riesgo de dolor y sufrimiento en el proceso de ejecución”, agregó.

“Los riesgos de ejecuciones fallidas aumentarán si Texas continúa ocultando sus procesos, impidiendo el acceso a información básica”, sostuvo Nolan.

* Con información de AFP