Coronel Byron Carvajal y 14 militares son responsables de la matanza de Jamundí

El coronel Byron Carvajal, ex comandante del Batallón de Alta Montaña del Valle, un teniente, un sargento y 11 soldados más que pertenecían a esta unidad militar, son responsables de la muerte de 10 miembros de la Dijin y un informante, según lo dictaminó este lunes el juez cuarto especializado de Cali, Edmundo López.

Tal como lo había dicho la Fiscalía General, lo ocurrido el 22 de mayo del año 2006 en una vereda conocida como Potrerito, en Jamundí, “fue una emboscada, una masacre premeditada”. El fiscal Mario Iguarán ya lo había anticipado meses atrás: “es un mandado al narcotráfico”.
 
El juez determinó que el coronel Carvajar es culpable como determinador de los hechos, mientras que los otros unifromados son coautores del múltiple homicidio.

Tras una serie de pesquisas, allanamientos, indagatorias y recolección de mensajes de texto, dos meses después de los hechos, en julio de 2006, la Fiscalía acusó a 14 de los 28 militares que participaron en la matanza de homicidio agravado, y al teniente coronel Carvajal, comandante de ese batallón, como autor intelectual del mismo.

El primer vestigio de la vinculación del oficial con actividades ilícitas llegó a la Fiscalía 15 días después del múltiple homicidio. Tres informantes que trabajaron con el Ejército, acudieron a las oficinas del CTI en Cali y les contaron a los fiscales que en Villa Colombia, un poblado en la parte alta de Jamundí, el batallón de alta montaña comercializaba coca.

Una comisión viajó de inmediato en helicóptero hasta la zona, donde encontró que efectivamente miembros de esta unidad militar habían descubierto dos laboratorios y antes de incendiarlos, procedimiento rutinario en estos casos, sacaron la coca. Según las averiguaciones del ente acusador, los militares no habrían reportado este decomiso, además, de acuerdo con los testimonios de más de siete personas, la estarían vendiendo en la región.

Por esta irregularidad al coronel Carvajal la oficina contra lavado de activos de la Fiscalía en Bogotá le abrió una investigación. Claro que no es el único proceso judicial que el oficial tiene en curso y paralelo al juicio de Jamundí, pues tan sólo en la justicia militar son ocho las causas penales por homicidio y delitos conexos que enfrenta. A estas hay que sumarle otra investigación que adelanta Juan Carlos Oliveros, fiscal 38 especializado en derechos humanos de Cali, la cual está cerca de la etapa de acusación. 
 
El próximo 21 de abril se conocerá la pena que deberán pagar los militares.