El Congresito en ‘La Picota’

La cárcel de La Picota es uno de los centros penitenciarios más célebres de Colombia.
Durante los últimos setenta años sus celdas han sido lugar de reclusión de peligrosos narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, delincuentes comunes y también de inocentes que terminaron en problemas con la justicia sin haber quebrantado la ley. Bajo sus murales fueron construidas decenas de míticos túneles para fugas frustradas y exitosas. Miles de personas vivieron en el lugar y muchas murieron con el sueño de salir algún día de allí.

Por sus pasillos estuvieron Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela -ex jefes del cartel de Cali extraditados a Estados Unidos-; decenas de dirigentes políticos de izquierda, entre ellos el ex senador Antonio Navarro, en sus épocas de militancia en el M-19; y hasta guerrilleros de las Farc que escaparon de prisión gracias a operativos de comandos armados dirigidos desde la frontera sur de Bogotá.

Ese mismo escenario intramuros es el que habitan ahora 13 congresistas de la República vinculados al escándalo de la ‘parapolítica’. Toda una bancada que comenzó a crecer de manera sostenida durante el último medio año desde cuando la Corte Suprema de Justicia comenzó a llamar a versión libre a los dirigentes sindicados de cohonestar el accionar de los grupos de autodefensas en el país. Si pertenecieran al mismo partido y conservaran su derecho a votar para aprobar una ley tendrían la fuerza suficiente para inclinar la balanza. En la Cámara de Representantes serían más grandes que la bancada de la mayoría de departamentos. Y en el Senado estarían entre las cinco bancadas mayoritarias.

Contrario a la vida que llevaban hasta hace seis meses, los políticos presos se levantan diariamente a contar los huevos que pusieron las gallinas del galpón de la penitenciaría, cuidar la huerta o hacer deporte. Allí se reúnen con sus familias, meditan, comen, duermen y vuelven a levantarse para contar huevos. El frío les cala los huesos y las pulgas y cucarachas les recuerdan que no están en un hotel de cinco estrellas como aquellos que frecuentan en ejercicio de su actividad pública.

De vez en cuando, al mirar hacia la montaña, observan el sufrido suburbio levantado sobre los cerros orientales de Bogotá, considerado por muchos como una de las zonas más peligrosas del país. Más de un millón de personas viven en el fragmento de ciudad que se alcanza a ver desde la cárcel y la mayoría de ellas fueron desplazadas por actores armados como los que al parecer fueron apoyados por políticos como ellos. Muchas llegaron a la ciudad durante los últimos cincuenta años en busca del progreso que les prometieron políticos como ellos.

Los congresistas presos de La Picota son trece. Primero llegaron tres de Sucre, acusados de nexos con Diego Vecino y alias ‘Cadena’, los autores de las masacres más sangrientas del país, en las que decenas de campesinos fueron asesinados a piedra y a garrote (Macayepo) o torturadas, descuartizadas y enterradas en fosas comunes ubicadas en las haciendas que administraban los paramilitares.

Luego llegó el grupo de Cesar y Magdalena: Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Alfonso Campo, Dieb Maloof y Luis Eduardo Vives. Y recientemente fueron trasladados hasta el lugar los signatarios del ‘pacto de Ralito’: Juan Manuel López, William Montes, Miguel de la Espriella, José de los Santos Negrete y Reginaldo Montes.

Los gobernadores Hernando Molina y Trino luna también fueron apresados, así como una docena de ex alcaldes, concejales y ex congresistas, mientras que dos ex gobernadores y un congresista son prófugos de la justicia por los mismos hechos.

Todos ellos intentan hacerse una vida más amable en prisión, mientras que se reprochan por alguna declaración pública mal elaborada o un comportamiento sospechoso como congresista. No han sido condenados, pero varios temen que correrán esa suerte. Otros se aferran a la esperanza de demostrar su inocencia. De comprobar que si alguna vez tuvieron contacto con grupos armados ilegales fue contra su voluntad, presionados por los mismos paramilitares o con fines humanitarios. Quienes cargos adicionales al del concierto para delinquir en asocio con grupos paramilitares aseguran que son perseguidos de la justicia. Quienes tienen un delito en contra se mantienen en que el Estado abandonó sus regiones al punto que ellos también terminaron siendo víctimas de las autodefensas.

La situación en que viven los tiene deprimidos. El ex senador Álvaro Araujo, ni siquiera tiene ánimos para salir a contar huevos. Los ex senadores Alfonso Campo y Luis Eduardo Vives, en cambio, se ríen de su propia tragedia. No pierden la alegría que los caracteriza y hasta hacen bromas cada vez que llega una visita. “Vienen a saludarnos. Que salga todo el bloque”, grita Vives en alusión a las facciones en que están divididas las autodefensas.

La preocupación

Aunque su condición de reclusos les impide ocupar la curul para la cual fueron elegidos, los congresistas de La Picota no paran de trabajar en busca de alternativas jurídicas que les permitan recuperar la libertad y regresar al mundo del proselitismo, los discursos, la burocracia, los escoltas, el asedio de sus votantes, los grandes equipos de asesores y algunas otras ventajas que ofrece el Estado a sus servidores públicos. Sus colaboradores y amigos de confianza les acompañan a diario en ese empeño.

Del mismo modo en que los congresistas estaban rodeados de asistentes que les sugerían la mejor forma de presentar sus proyectos o debates, lo están ahora pero de abogados con fórmulas para buscar su salida de prisión. Sus centros de debate ya no son los amplios recintos de arquitectura republicana que componen el Capitolio Nacional. Ahora están en modestas salas de visitas o amplios patios de recreo y granjas de la cárcel. Hasta allí y luego de surtir una cuidadosa rutina se requisas, llegan sus defensores para contarles las nuevas sobre el movimiento político y escuchar sus nuevos aportes al proceso. De una de esas reuniones salió la idea de hacer una modificación a la ley de justicia y paz para permitir la excarcelación de los políticos presos por vínculos con las autodefensas, tal y como lo propuso la semana pasada el presidente Álvaro Uribe.

La intención es crear el marco jurídico para que quienes colaboren con la justicia y digan la verdad sobre sus nexos con las autodefensas reciban la excarcelación total o parcial después de su condena. Una norma de esa magnitud evitaría que quienes resulten culpables tengan que pagar penas de hasta 14 años de prisión.

Pero la privación de la libertad en un centro de reclusión del Estado no es la única preocupación de los dirigentes salpicados por el escándalo. También les afana no poder continuar su carrera política como candidatos. Y aunque la propuesta anunciada por el presidente resuelve el problema de la prisión, los deja en las mismas frente a la inhabilidad para hacer política. De ahí que analistas como el ex ministro Juan Camilo Restrepo sostengan que la propuesta de excarcelación no es balanceada, pues les ofrece a los condenados la posibilidad de salir de la cárcel a cambio de la muerte política sin tener en cuenta que esa muerte política ya existe en la Constitución. En otras palabras, así no se apruebe la excarcelación, quienes resulten condenados estarán automáticamente inhabilitados y por ello, como dice Restrepo, “el gobierno está ofreciendo la excarcelación a cambio de nada”.

Pero la propuesta sigue caminando y parece tener el apoyo de la bancada uribista, que es mayoría en el Congreso. Entre tanto, los políticos presos en La Picota siguen revisando con lupa la forma en que pedirán su aplicación. No están dispuestos a seguir encerrados y algunos hasta amenazaron con contar “todo lo que han oído” si no les ayudan a salir pronto de prisión. Al ministro del Interior, Carlos Holguín, le han manifestado varias veces su inconformismo por el olvido en que creen que los tiene el gobierno. Al viceministro de Justicia, Guillermo Reyes, quien los visita casi todos los jueves, le dijeron que el país está juzgándolos injustamente. Y a sus abogados, entre los que se cuentan tres ex magistrados de las altas cortes, que la justicia no tiene pruebas en su contra.

Mientras tanto en el Capitolio Nacional –sede oficial del Congreso- todo marcha a paso lento. El pánico inunda las oficinas, desde las cuales se ven salir funcionarios en constante procesión hacia La Picota. Pedro Mercado, director financiero de la Cámara de Representantes, llegó demasiado tarde a la fila el sábado 26 de mayo y no pudo visitar a su amigo el ex senador Reginaldo Montes. El secretario de la comisión séptima del Senado también visita a los congresistas presos. Desde La Picota se dan instrucciones de día sobre la política regional, los avales para las elecciones de alcaldes de octubre y la forma de votar en el Congreso.

En la noche todo es silencio y reflexión. Los congresistas regresan a sus celdas de dos por dos como cualquiera de los 60 mil presos del país, a rogar por su urgente salida o, últimamente, por la pronta llegada de los congresistas que –según ellos- no han sido procesados y tienen más pecados para confesar.