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Luis Felipe Vega Columna Semana

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Es diferente hacer política con la seguridad que una política de seguridad

Quedo con la imagen de una pesadilla reciente que tuve despierto, propia de una parálisis de sueño, en la que la imagen del joven senador Ariel Ávila sería de lejos un mejor ministro por algún conocimiento sobre el tema.

22 de diciembre de 2022

Una de las primeras lecciones que aprendí de un brillante profesor, Rodrigo Losada Lora, fue que, en la Ciencia Política, la evidencia empírica (datos) era el gran centro de cualquier análisis. La otra, de Luis Carlos Valencia Sarria, me resumía, que las condiciones institucionales demarcan la tendencia de dicho comportamiento descrito por las cifras. Al ir y regresar de Alemania, dichas lecciones nunca fueron superadas, es más, son hoy una voz permanente en mi trabajo académico. Para estos cortos párrafos revisé tanto los datos como la tendencia institucional. Respecto a las masacres (homicidios colectivos) a diciembre, encontré, desde el 7 de agosto a diciembre de este año, 42 de 91, algo cercano al 38,22 % del total.

De estas, sin hacer una georreferenciación pormenorizada, se efectuaron en 18 departamentos, lo que significa que ocupan un 56,25 % del territorio nacional. Así, a vuelo de pájaro, en medio de la “paz total”, tenemos una constante: solamente en masacres se ocupa más de la mitad del territorio nacional. Cabe anotar, no estoy incluyendo secuestros, extorsiones, invasiones de predios ilegales, carros bomba, índices de homicidios en personas protegidas, ni tampoco hago hincapié en la incapacidad de control del territorio, etc.

Algunas de las metas propuestas por el Comando General son muy loables; a) contribuir a la consecución de la paz a través de operaciones militares, b) contribuir a los componentes de la seguridad humana y, c) el cumplimiento de las operaciones acorde a los desarrollos doctrinales de cada Fuerza. No obstante, las buenas intenciones, según lo publicado por este medio, un incremento de la inactividad operacional es creciente, esto sumado a las recomendaciones del documento propuesto por la comisión de la verdad, la reducción del pie de fuerza y del presupuesto para el sector y, finalmente, la pérdida de la capacidad técnica para la gestión del sector. Ello, en conclusión a estos factores, supone más que ‘inercialidad’ institucional, advierte incapacidad para asumir los retos del posconflicto en un escenario complejo como lo es la negociación con todo tipo de grupos armados al margen de la ley, sin importar su pelambre político o no. A ello, no quiero sumar, la poca coordinación interna en las Fuerzas y, si es determinante, la poca confianza de los subalternos en sus comandantes.

Empero a esta situación, el Gobierno hace anuncios como si vendiese humo. Habla de una política de gestores de paz, en los que los jóvenes que se dediquen a ello, sin una política estructurada por el Gobierno, visiblemente se convertirán en carne de cañón de estos grupos, siendo un grupo vulnerable, más en el objetivo militar de estos y sin la capacidad institucional que los proteja. Esto anticipa, además de asesinatos de líderes sociales y excombatientes, la pérdida de vidas de jóvenes entusiasmados que exponen su vida por intentar la construcción de un país mejor. Esto no es otra cosa que un nuevo rostro del “cambio”, me refiero a improvisación, discursos grandilocuentes, mensajes de Twitter; sin embargo, los datos y la cartografía evidencian otra cosa. Resuena en mi cabeza aquella frase del Doctor House: “casi morir no cambia nada, morir lo cambia todo”.

Escuchar al ministro decir sobre la función en su cartera a manos de un civil: “(…) tiene mucho más una actividad de dirección de las políticas que desde la Presidencia se imparten para la fuerza pública”. Supondría claridad en la determinación de una política. Sin embargo, de política clara en el manejo de los recursos reducidos y escasos, como lo afirma en medios, a pesar de la discutida compra de aviones de guerra, no resuelve la ausencia de directrices estratégicas que traduzcan la borrosa imagen que tiene el Gobierno de la seguridad humana, sumada a la penosa incapacidad de planeación operacional por zonas críticas en un mapa y matriz de riesgos contrastada con un análisis específico de las capacidades operacionales tanto por cada División como por Fuerzas de Tarea Conjunta y, finalmente, un protocolo táctico para las unidades de choque que incluya las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

En síntesis, hasta acá podría decir que no existe nada salvo, y reitero, humo para la venta. Además porque no quisiera mencionar el inexistente ministerio de seguridad y convivencia ciudadana, que dicho sea de paso y, lo debió descubrir el ministro, no existen condiciones fiscales para ello, a pesar de que sea necesario para los nuevos 100.000 gestores de paz.

Quedo con la imagen de una pesadilla reciente que tuve despierto, propia de una parálisis de sueño, en la que la imagen del joven senador Ariel Ávila sería de lejos un mejor ministro por algún conocimiento sobre el tema. Sin duda, hacer política de seguridad como humo es muy diferente a tener clara una política de seguridad y eso que no le hemos pedido al ministro una reforma, si fuese así, tal vez la tendríamos para la próxima centuria, que en nada tiene que ver este término con una unidad militar romana de combate.

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