Elegir a Gustavo Petro como presidente de Colombia sería dar un salto al vacío para perder el sistema de libre mercado y terminar como los venezolanos y cubanos, buscando comida en las canecas de la basura.
En distintas entrevistas y de manera pública, el candidato de la extrema izquierda ha dicho que suspenderá la exploración y explotación del petróleo al día siguiente de tomar posesión como presidente, garantizando así, aunque Petro parece que lo desconoce, el incremento del precio de la gasolina en el mercado nacional. Si Colombia deja de producir y exportar, tendrá que comprar gasolina, que será más costosa. Así lo afirmó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en entrevista para RCN, quien dijo que el incremento podría pasar de 9.000 a 20.000 pesos por galón. Y la subida de los precios de la gasolina generaría de inmediato una presión mayor sobre la inflación, que en marzo llegó al 8,53 por ciento.
De manera irresponsable, Petro ha vendido la idea de que Colombia vive una hambruna y que la culpa de la inflación en los alimentos es del Gobierno del presidente Iván Duque. Ignorando los principios básicos de economía, el líder de la extrema izquierda desconoce que la inflación actual es un fenómeno mundial como consecuencia de los efectos de la pandemia y de la crisis de los contenedores, que incrementaron los precios de los productos. Pero, a pesar de tener acceso a las noticias internacionales, Petro radicaliza su discurso y lanza afirmaciones mentirosas. La hambruna, de las dimensiones que se viven en países africanos, llegaría al país de manera inminente al cerrar la producción del sector petrolero como principal fuente de ingresos de la economía nacional y al eliminar la independencia del Banco de la República para proceder a imprimir billetes, otra de sus brillantes propuestas.
Petro lleva cuatro años hablando barbaridades, que son magnificadas en las redes sociales por cuenta de sus ‘influenciadores’. Pues bien, los empresarios y el sector productivo lo escucharon y ya empezaron a tomar partido rechazando sus propuestas económicas.
Mario Hernández logró esta semana que más de 90 empresarios adhirieran a la campaña presidencial de Fico Gutiérrez, en un golpe de opinión que contó con la asistencia de reconocidos empresarios, que, además, de manera entusiasta, hicieron aportes económicos a la campaña. En cambio, este tipo de eventos en la campaña de la izquierda no se han producido por una sencilla razón: los empresarios no quieren con Petro.
¿Por qué los empresarios que generan empleos, pagan impuestos y producen ganancias van a querer apoyar a un candidato que les envía propuestas que amenazan la existencia de sus negocios?En septiembre de 2021, Petro escribió en su cuenta de Twitter una propuesta que despertó pánico: “Todas las ganancias que obtengan los empresarios por reducción de costos de producción que logrará nuestro gobierno: por protección de importaciones, por reducción de costos de energía y financieros, deben distribuirse entre el empresario y los y las trabajadoras”.
En su obsesión por destruir la riqueza que hay en el país, Petro quiere meter la mano en las cajas registradoras de las empresas.
Otra contundente señal del respaldo de los empresarios a la campaña de Fico fue la reunión que sostuvo con el Consejo Gremial Nacional, que cerró filas en torno al exalcalde de Medellín. Es que Fico desde que ganó la consulta del Equipo por Colombia ha fortalecido su discurso de unión. En cambio, Petro deja entrever que un Gobierno suyo será a favor de sus electores y una revancha persecutoria en contra de quienes se oponen a él, empezando, por supuesto, con los empresarios.
Petro va tras las fortunas de las personas más acaudaladas en el país y esta semana reiteró desde Medellín que creará un nuevo impuesto para los activos improductivos de las 4.000 personas más ricas. Y no contento con perseguir a los millonarios, también va tras las pensiones de 18 millones de aportantes en los fondos privados. ¿Para qué querrá tanto dinero?
Un ambiente hostil como el que se viviría con Gustavo Petro es todo lo que no necesita el sector productivo, porque el miedo en los mercados aleja las inversiones y espanta los negocios.
Colombia necesita más empresarios dispuestos a invertir en sus empresas, crear puestos de trabajo, pagar impuestos y exportar. El país necesita que el PIB continúe creciendo por la senda del 10,6 por ciento de 2021, el mejor crecimiento en 115 años de historia. Implementar la Ley de Inversión Social aprobada por este Gobierno, que beneficia a 29 millones de ciudadanos y que es la columna vertebral de la reactivación económica. Profundizar la inclusión financiera como un derecho económico y superando el gran logro de este Gobierno, que llevó a 33 millones de adultos a tener al menos un producto financiero formal. Pero, sobre todo, seguir cuidando la estabilización de las finanzas públicas con un buen desempeño fiscal que permita la reducción de la deuda del Gobierno central. Estos puntos los puede continuar de manera responsable un Gobierno de Fico Gutiérrez. Pero con Petro sería una gran incertidumbre, con base en sus propuestas estatizantes que ignoran las más simples reglas de la economía.
El modelo económico de la Constitución de 1991 insertó a la economía colombiana en la senda de la competitividad global, y ese proceso de adaptación ha tomado casi tres décadas. Por eso, Colombia se está jugando su porvenir para proteger la libertad de empresa y de mercado que Petro delira con enterrar.