La iniciativa de ‘paz total’ del gobierno, que está siendo revisada por la Corte Constitucional, tiene como característica básica que asume que los grupos al margen de la ley generan violencia a raíz de su lucha contra la desigualdad. Este concepto, repetido a saciedad durante décadas por académicos, políticos de izquierda y opinadores en general, desembocó tanto en el proceso de paz de Santos como en el de Petro, sin que hasta ahora haya tenido resultados positivos concretos.
Así es como Juan Manuel Santos, previo a la firma de la paz, buscó reducir la violencia en el país enfocándose en el discurso defendido por los grupos ilegales, aquel que explica la violencia como un fenómeno consecuencia de la inconformidad del pueblo por su situación económica. Acompañó su proceso con un cese de actividades de la fuerza pública contra las actividades de narcotráfico, minería ilegal, secuestro y vacuna, actitud que soportó la visión de que la falta de oportunidades genera la violencia y que esos negocios, aunque ilícitos, ayudaban a la población a mantener una fuente de ingresos.
El enfoque de Petro con respecto a su ‘paz total’ es parecido al de Santos, al no atacar de frente las fuentes de recursos ilegales de los grupos al margen de la ley, manteniendo maniatada a la fuerza pública y sosteniendo negociaciones con el ELN y las disidencias de las FARC.
La verdad es que después de más de cinco años de procesos de paz, si algo queda claro es que el enfoque de Petro y de Santos no ha tenido los resultados esperados. Hoy los gobernadores de manera unánime extienden una sentida queja al gobierno por el incontrolable desenfreno de la violencia en las regiones, al no permitir el imperio de la ley en manos de la fuerza pública.
El gran error conceptual de la ‘paz total’ de Santos y de Petro es desconocer que, más que por la falta de oportunidades y la desigualdad, la violencia se mantiene por una falla de mercado en la cual la economía ilegal es más rentable que la legal. Los grupos al margen de la ley no están dispuestos a legalizar sus actividades económicas como la minería o a abandonar actividades ilegales como el narcotráfico y la extorsión, porque el marco legal colombiano no les da una oportunidad de generar un sustento equivalente dentro de la legalidad.
Un negocio que está en la ilegalidad, como los de los grupos al margen de la ley, por definición, no cuenta con el apoyo de los servicios del Estado colombiano, como el de la justicia o el de la protección por parte de la fuerza pública. Como consecuencia, a falta de ellos, estos grupos deben mantener un pie de fuerza armado para defender sus intereses, lo cual, en nuestro país, es más barato que legalizarse.
Un caso muy ilustrativo de esta situación fue la manera como los esmeralderos formaron grupos de autodefensa en la década de los 80 para protegerse de las guerrillas. Al no poder acogerse a la ley ni contar con el apoyo de la fuerza pública, tomaron la defensa en sus propias manos y bajo sus propios intereses y criterio. Como consecuencia, se desató una ola de fuerte violencia en los municipios de Boyacá con producción de esta piedra preciosa.
Por eso, el camino para lograr la paz, más que combatir la desigualdad, que ─valga la pena decirlo─ debe ser un propósito de cualquier gobierno, es mejorar las condiciones para que los negocios legales sean rentables y tomar todas las medidas para que los ilegales dejen de serlo.
Colombia, en este sentido, hace todo lo contrario. El gobierno actual aumentó los impuestos a las empresas en su reforma tributaria y busca no solo aumentar el costo, sino disminuir la flexibilidad al contratar mano de obra por medio de la reforma laboral. Los negocios ilegales, ellos, no tienen que asumir estas cargas por su misma naturaleza.
Desde el Ministerio de Trabajo todos los días se inventan nuevas normas absurdas en que recargan las labores que las empresas deben realizar en pro de sus empleados, pero a las que a estos últimos no les agregan valor. Los negocios legales tampoco están recibiendo un servicio de calidad del Estado en los servicios de justicia y seguridad que está obligado a brindar.
Solucionar estas fallas del Estado, como darles a los negocios legales competitividad tributaria y laboral, garantizar los servicios de justicia y seguridad para las empresas y perseguir activamente a los negocios ilegales, es la salida a la violencia que sacude el país. Cualquier estrategia que no se base en este precepto está condenada al fracaso, porque cambiarán los actores mientras la violencia perdura en nuestro territorio.