La realidad que hoy vive Venezuela no comenzó con una frase en televisión pronunciada por un teniente coronel golpista, sino con una explosión social que sacudió al país en 1989. Ese año, el Caracazo transformó la ‘democracia petrolera’ en un escenario de violencia abierta: durante días, el aumento del costo de vida y del transporte público desencadenaron saqueos masivos, enfrentamientos con la fuerza pública y ataques contra la población en Caracas y otras ciudades. El saldo dejó cientos de muertos reconocidos por el Estado y muchas más víctimas denunciadas por organizaciones de derechos humanos. Desde entonces, una parte importante de los venezolanos sintió que el pacto político que había dado estabilidad durante décadas se había roto. La renta petrolera ya no alcanzaba para cubrir la corrupción, el clientelismo ni la desigualdad que hervía en los barrios.
Sobre ese país herido, en la madrugada del 4 de febrero de 1992, aquel teniente coronel del Ejército venezolano, hasta entonces casi desconocido, intentó tomar el poder por la vía de las armas. Hugo Chávez Frías coordinó una rebelión militar en varias ciudades y desplegó unidades blindadas para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, percibido como símbolo de una élite desgastada. El levantamiento fracasó, dejó decenas de muertos y terminó con los sublevados rindiéndose ante las fuerzas leales al gobierno. Detenido, Chávez apareció menos de un minuto en cadena nacional para pedir a sus hombres que depusieran las armas.
Ese breve mensaje, rematado con su “por ahora”, lo sacó del anonimato y lo convirtió en vocero del descontento acumulado tras el Caracazo. Años después, indultado y convertido en candidato, ganó las elecciones de 1998 y asumió la Presidencia en 1999, inaugurando la llamada revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI, un proyecto que con el tiempo llevaría a uno de los países con mayores reservas petroleras del mundo a figurar entre los más pobres de la región y a emigrar a millones de sus ciudadanos.
En ese proceso, la influencia de Fidel Castro fue decisiva. Chávez no solo encontró en La Habana un aliado diplomático, sino un tutor político y de seguridad: Castro ofreció el libreto de una revolución “antiimperialista” reciclada, puso a disposición cuadros de inteligencia, médicos, asesores y esquemas de control social que se volvieron la columna vertebral del proyecto bolivariano. Castro vio en la llegada de Chávez al poder la oportunidad estratégica de sustituir la ayuda soviética perdida: convencer a Caracas de usar la renta petrolera venezolana para aliviar las necesidades más apremiantes de la isla y sostener la estructura del proyecto político cubano para multiplicarlo posteriormente hacia América Latina.
Ese socialismo del siglo XXI, que se presentó como alternativa al ‘neoliberalismo’, terminó traduciéndose en más concentración de poder, más opacidad y una creciente dependencia de economías ilegales cobijadas por un manto de corrupción. Bajo esa afinidad, Venezuela se transformó en el pivote de un eje orientado a irradiar su modelo político-económico al resto del continente.
Desde muy temprano, ese proyecto encontró en las organizaciones armadas ilegales colombianas algo más que un eco ideológico: un aliado funcional. Mientras en Caracas se hablaba de revolución, justicia social y antiimperialismo, en la práctica se abrían corredores para el narcotráfico y se toleraban o amparaban campamentos guerrilleros en la zona limítrofe. En paralelo, dentro del propio Estado fue tomando forma el llamado Cartel de los Soles: altos mandos de las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles acusados de tolerar o participar directamente en actividades ilícitas, utilizando sus cargos e insignias para proteger el negocio ilegal. Al mismo tiempo, el Tren de Aragua —nacido como banda carcelaria y luego convertido en franquicia criminal transnacional— extendió sus tentáculos por la región, articulando extorsión, trata de personas, sicariato y el control de corredores estratégicos. Ese entramado, unido a las alianzas con el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, terminó cerrando la cadena criminal que convirtió al régimen en un narcoestado cuya supervivencia depende tanto de su aparato ideológico como de la red ilícita que lo sostiene dentro y fuera del territorio venezolano.
Frente a ese cuadro, Washington fue durante tres décadas el observador incómodo y el actor intermitente. Primero miró con distancia, luego con condescendencia, más tarde con sanciones y, finalmente, con una estrategia explícita de contención. Durante los años de Hugo Chávez, la política estadounidense osciló entre la cautela y la ilusión de una reconducción negociada. Tras la muerte de Chávez en 2013 y la consolidación de Nicolás Maduro, esa expectativa se fue desvaneciendo: se sucedieron más de una decena de rondas de negociación en distintos formatos —de Caracas al Vaticano, de República Dominicana a Noruega y Barbados— y la constante fue el incumplimiento sistemático de los acuerdos por parte del régimen. Leído desde Hans Morgenthau, para Estados Unidos quedó claro que no estaba frente a un gobierno dispuesto a equilibrar poder y legitimidad, sino frente a una élite que redefinió el interés nacional como mera conservación del mando, utilizando la negociación como táctica para ganar tiempo, aliviar sanciones y recomponer su capacidad de control interno.
Es bajo Donald Trump que se consolida el giro más nítido. Venezuela deja de ser tratada principalmente como una crisis democrática y pasa a ser leída como un narcoestado articulado con potencias extrahemisféricas adversarias, convertido en amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. En ese contexto, la reinterpretación contemporánea de la doctrina Monroe —que aquí se denomina doctrina Donroe— deja de ser un recurso retórico y se convierte en lógica operativa: asegurar un control hemisférico efectivo y negar cualquier “puente” que permita a actores externos usar a América Latina como plataforma de proyección estratégica, presión política o chantaje geopolítico contra Washington.
La pregunta ya no es qué tan “progresista” o “conservador” es un gobierno en el vecindario, sino si facilita o bloquea la capacidad de China, Rusia, Irán u otras potencias para ganar palanca dentro del perímetro hemisférico. En esa ecuación, Venezuela y Cuba aparecen como nodos de riesgo y Colombia como bisagra que puede inclinarse hacia el blindaje de la arquitectura de seguridad hemisférica o hacia la tolerancia, explícita o pasiva, de esa penetración estratégica.
Bajo esa lógica, la identificación formal del régimen de Nicolás Maduro como amenaza narcoterrorista por parte de la justicia estadounidense no fue un gesto simbólico, sino la formalización jurídica de una lectura estratégica: un jefe de Estado acusado de conspiración para inundar de cocaína el mercado estadounidense, de liderar el llamado Cartel de los Soles y de articularse con estructuras criminales transnacionales dejaba de ser un problema político regional para convertirse en un objetivo de seguridad nacional. La lucha contra las drogas pasó así de ser un instrumento de cooperación policial a convertirse en herramienta de reconfiguración del poder.
En ese marco, las maniobras que culminaron el 3 de enero con la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, y su presentación ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, fueron la expresión concreta de esa convergencia entre el derecho penal, la presión económica y el cálculo geopolítico con amplio despliegue de poderío militar. Como plantearía Kenneth Waltz, cuando la estructura del sistema internacional empuja a una potencia a percibir amenazas en su entorno inmediato, la respuesta no es ideológica, sino sistémica: asegurar la supervivencia y primacía en su esfera de influencia.
Sin embargo, la captura y extracción del dictador no resuelven por sí mismos el problema estructural que dejó el régimen. La verdadera incógnita no es si el liderazgo fue neutralizado, sino si el modelo económico, político y militar que sostuvo al socialismo del siglo XXI puede desmontarse sin provocar una implosión interna. Venezuela enfrenta el desafío de una triple transición simultánea: desmontar un Estado que hizo de la planificación centralizada y la expropiación su doctrina económica; reconstruir un sistema político corroído por la concentración absoluta del poder y la corrupción, y reconfigurar unas Fuerzas Armadas que durante décadas fueron y son la columna vertebral del proyecto ideológico y, en muchos casos, el engranaje de su entramado ilícito. Más aún, estructuras como las milicias bolivarianas o los colectivos chavistas fueron el complemento perfecto para controlar, intimidar y agredir a un pueblo que por casi tres décadas lo ha sufrido todo.
En esencia, la doctrina Donroe puede asfixiar y reordenar incentivos externos, pero la estabilidad duradera depende de la capacidad de reconstruir legitimidad, restaurar el monopolio legítimo de la fuerza —en el sentido weberiano— y reintegrar a Venezuela a una economía abierta y funcional. En el fondo, la estrategia de Trump y de sus halcones no solo se limita a neutralizar un régimen específico, o a controlar sus recursos, sino a impedir que el socialismo del siglo XXI conserve su capacidad de multiplicarse como modelo político y como plataforma de influencia en el hemisferio.
En paralelo, Cuba enfrenta su propia encrucijada histórica: la isla, que durante décadas dependió del petróleo venezolano como columna vertebral de su sistema energético, ha visto cómo esa fuente se cerró tras la intervención estadounidense en Caracas y la presión sobre terceros proveedores de crudo, incluso mediante amenazas arancelarias. El resultado ha sido un agravamiento de la crisis energética: apagones generalizados, escasez de transporte y la caída del turismo. El bloqueo petrolero y las restricciones financieras han profundizado la contracción económica y debilitado la capacidad del Estado para sostener servicios básicos. En la práctica, la administración Trump trasladó a La Habana una fórmula ya aplicada sobre Caracas: cortar fuentes de renta vitales y presionar hasta forzar una redefinición del statu quo político.
Aunque Cuba comparte con Venezuela una economía centralizada y dependiente de subsidios externos, existen diferencias sustanciales. La venezolana gira en torno al petróleo; la cubana combina rigidez estatal con un turismo en declive y creciente precariedad social. La escasez de combustibles ha paralizado el transporte y la producción, convirtiendo la crisis en un factor de desestabilización interna. La transición no es solo económica: es una disputa por la supervivencia institucional tras décadas fallidas que terminaron erosionando la capacidad de adaptación y atracción de inversión.
El caso cubano ofrece así un espejo distinto. Mientras en Venezuela la transición enfrenta las secuelas de un narcoestado que capturó las instituciones, en la isla el núcleo del problema es el agotamiento estructural de un modelo dictatorial de casi 70 años completamente fracasado que solo ha sobrevivido gracias a subsidios externos. Las sanciones aceleran el deterioro, pero la raíz está en la incapacidad para generar productividad, divisas y legitimidad interna. En resumen, sin sostén externo ni estructura real de generar riqueza, el desgaste deviene quiebre estructural.
En otros términos, lo que está en juego no es solo la suerte de dos regímenes envejecidos, sino la arquitectura de poder en el hemisferio occidental. La desarticulación progresiva del narcoestado venezolano y la asfixia acelerada del castrismo se integran en una misma estrategia: cerrar la ventana histórica que permitió la consolidación de un eje ideológico‑criminal respaldado por potencias externas en el vecindario estratégico de Estados Unidos. La doctrina Donroe envía así un mensaje inequívoco a la región: a los aliados, que la garantía de seguridad y el acceso privilegiado al mercado norteamericano requieren un alineamiento claro contra el crimen organizado y la penetración de China, Rusia e Irán; a los regímenes ambiguos o complacientes, que la tolerancia —activa o pasiva— con estructuras ilícitas convertidas en poder político acarreará costos crecientes en sanciones, aislamiento e incluso acciones directas de fuerza. Mientras todo esto ocurre, Nicaragua observa en silencio, consciente de que, en la lógica de la reconfiguración hemisférica, ningún régimen puede considerarse fuera del alcance de la presión estratégica.
En ese equilibrio estratégico que se reordena, Colombia no puede ser vista como un mero observador, sino como uno de los actores decisivos que determinarán la configuración del orden hemisférico en la próxima década. La coyuntura de 2026 pone en juego no solo la política interna, sino la posición del país frente a la activación plena de la doctrina Donroe, orientada a cerrar cualquier espacio a la penetración de sus amenazas externas en la esfera de influencia estadounidense y a consolidar un bloque de estados alineados con la seguridad occidental y con la contención efectiva de peligros transnacionales.
Las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 se mueven, por tanto, en un contexto que va más allá de las prioridades domésticas tradicionales. Sectores políticos debaten no solo sobre salud, seguridad, empleo o corrupción, sino sobre el rol de Bogotá como socio estratégico frente a Washington o como actor que busca una autonomía geopolítica mayor frente a potencias extrahemisféricas.
Algunos candidatos plantean profundizar la cooperación de seguridad con Estados Unidos —incluso bajo la idea de un “Plan Colombia 2.0” que refuerce la lucha contra el narcotráfico, fortalezca las instituciones y consolide el alineamiento estratégico— en un momento en que las alianzas regionales y bilaterales se están redefiniendo tras las tensiones recientes entre Bogotá y Washington, incluidas disputas sobre cooperación en inteligencia y políticas antidrogas. Otros exploran cómo equilibrar un discurso de soberanía y autonomía con la presión de un entorno hemisférico que privilegia alianzas sólidas con el principal poder occidental, en un contexto marcado por desacuerdos diplomáticos recientes y episodios de enfriamiento en cooperación en seguridad.
Colombia confronta un espejo inquietante: la crisis venezolana y la presión sobre Cuba funcionan como advertencia estratégica. Los regímenes que se atrincheran en modelos cerrados terminan fracturándose por falta de adaptabilidad y legitimidad, generando vacíos de gobernabilidad que actores externos y economías ilícitas aprovechan. La diáspora masiva, la erosión institucional y el deterioro productivo evidencian lo que ocurre cuando una transición no está respaldada por instituciones sólidas, rendición de cuentas y cooperación internacional efectiva. Sin resiliencia institucional, el desgaste deja de ser coyuntural y se convierte en riesgo estructural.
En esta coyuntura, el calendario electoral colombiano deja de ser un trámite institucional para convertirse en un punto de reflexión histórica. En marzo, la elección del nuevo Congreso definirá si el país consolida una mayoría legislativa que provea leyes capaces de garantizar la estabilidad, fortalecer las instituciones y respaldar una política de seguridad y cooperación internacional a la altura de los desafíos del entorno, o si, por el contrario, se profundizan la fragmentación y la ambigüedad frente a amenazas transnacionales. En mayo —y, de ser necesario, en junio— la elección presidencial definirá el rumbo definitivo: un liderazgo dispuesto a asumir a Colombia como aliado serio en la arquitectura hemisférica de seguridad, o un gobierno que opte por la ambivalencia estratégica en un momento en que la neutralidad dejó de ser una opción bajo la lógica de la doctrina Donroe.
En definitiva, no será solo un pulso de élites ni una coreografía de campañas en medios y redes, sino una decisión tomada voto a voto en las urnas. En última instancia, cada colombiano inclinará la balanza entre convertir a Colombia en el puente estratégico del continente o permitir que se convierta en la grieta por donde modelos ya fallidos en el vecindario vuelvan a expandir su influencia.