La Cancillería, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmó un contrato por $ 185.374′493.464 con la Imprenta Nacional para la producción de pasaportes en el país.
El convenio interadministrativo llama la atención, pues ya se han firmado varios más en el mismo sentido. El Gobierno nacional había decidido dar un viraje a la contratación para la producción de pasaportes que siempre había quedado en manos de Thomas Greg & Sons; sin embargo, el presidente Gustavo Petro pidió hacer ese cambio de modelo.
El contrato tiene como propósito “producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios unitarios, para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Irá hasta el 31 de diciembre de 2026 y fue suscrito por la secretaria general de la Cancillería, Elvira de las Mercedes Sanabria, representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la directora general de la Imprenta Nacional, Viviana León.
El contrato fue firmado el pasado 29 de enero, días antes de que empezara la Ley de Garantías, que arrancó el 31 del mismo mes y que tiene como objetivo cuidar los recursos del Estado en medio de la jornada electoral. De hecho, el Gobierno nacional ha sido cuestionado por múltiples contratos que se han realizado en los últimos días, previo a que entrara en vigencia la norma.
Llama la atención que una de las justificaciones que se hicieron en su momento es que se le estaban entregando millonarios recursos a la empresa, pero con la decisión de contratar al país europeo se han invertido grandes recursos que superarían el billón de pesos.
Entre las críticas que han hecho desde algunos sectores está que se podría ver afectada la calidad de las libretas, pues la imprenta ha tenido que adaptarse para poder producir los pasaportes con la ayuda de Portugal, en un contrato que irá hasta 2036.
De hecho, la Contraloría ya le ha puesto la lupa a este acuerdo. Una de las advertencias tiene que ver con el riesgo de que se pueda ver afectado el patrimonio de la nación por la proyección de costos del servicio.