El Partido Comunes dio a conocer un comunicado en el que expone su preocupación por la situación que, según señala, se viene presentando en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), relacionada con la no renovación de contratos de prestación de servicios para el año 2026.
De acuerdo con la colectividad, en las últimas semanas alrededor de 18 personas que prestaban servicios profesionales en dicha Subdirección habrían sido informadas por Natalia Margarita Parada Garzón, subdirectora del área, “sobre la decisión de no suscribir ni dar continuidad a sus contratos”.
Según el pronunciamiento, esta determinación “sin que tal circunstancia obedezca a un llamado de atención, o incumplimiento alguno por parte de los contratistas en sus obligaciones contractuales, sino que, por el contrario, obedezca a que las hojas de vida fueron presentadas y avaladas por el Partido Político Comunes”.
#COMUNICADO La Subdirección creada para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz hoy vulnera sus derechos.
— Partido COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) January 2, 2026
Denunciamos la no renovación de contratos en la UNP sin justificación, afectando a trabajadores y trabajadoras -incluso personas con discapacidad- y poniendo en riesgo… pic.twitter.com/fUBNm7fxFU
En el documento, la organización política afirma: “Con gran preocupación desde el Partido Político Comunes, nos pronunciamos y ponemos en conocimiento de la situación que se viene presentando en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección”.
La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección fue creada en 2017 como resultado de la firma del Acuerdo Final de Paz, con el objetivo de brindar garantías de protección a los firmantes del Acuerdo, integrantes de Comunes y sus familiares.
El comunicado recuerda que, conforme al artículo 2.4.1.4.4 del Decreto 299 de 2017, quienes prestan servicios en esta dependencia deben contar con aval o confianza, dadas las funciones que cumple la Subdirección.
No obstante, el partido sostiene que este principio se habría visto vulnerado desde el nombramiento de Natalia Margarita Parada Garzón como subdirectora, designación realizada por el director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros.
Según el texto, esta situación habría sido advertida previamente por la Alta Parte Contratante, al exponer distintos escenarios derivados de ese nombramiento.
“Resulta incomprensible que, una dependencia creada para la protección de los firmantes del Acuerdo Final de Paz (...) sea la primera en vulnerar sus derechos, ya que tomar la decisión de prescindir de los servicios profesionales de estas personas, entre ellos personas con condición de discapacidad, sin razón alguna que lo justifique y a portas de la entrada en vigencia de ley de garantías, limitando con ello la posibilidad de que estas personas puedan conseguir empleo en otra entidad antes del 30 de enero de 2026, exponiendo el sustento económico de estas personas y sus familias. A nuestro juicio, este hecho deja ver la falta de respeto y empatía para con las personas que decidieron darle la oportunidad de paz al país”, dice el comunicado.
Finalmente, el Partido Comunes responsabiliza al director de la UNP y a la subdirectora de la Subdirección Especializada por la presunta vulneración de garantías fundamentales de trabajadores y firmantes del Acuerdo de Paz.