Petro habló de “datos íntimos” de ciudadanos tras demanda de la Procuraduría a su modelo de pasaportes

No pasó desapercibido para el Gobierno nacional y especialmente para el presidente de la República, Gustavo Petro, la decisión que tomó la Procuraduría de tomar acciones en contra del convenio del nuevo modelo de pasaportes.

El Ministerio Público demandó los convenios que suscribió el Gobierno Petro a través de la Cancillería con la Imprenta Nacional y Portugal, para la expedición de los nuevos pasaportes.

El jefe de Estado habló del papel que asumirá la Imprenta Nacional, pese a la ola de críticas que se han conocido desde diferentes orillas políticas, que han advertido que esa entidad no cuenta con la infraestructura necesaria para adelantar esa tarea.

“El país tiene derecho a que su Imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación de sus ciudadanía”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Pero, en ese mensaje que publicó Petro, llamó la atención que hiciera mención sobre los “datos íntimos” de los ciudadanos.

“Los datos íntimos de la ciudadanía no deben quedar en manos privadas comerciales, me aparto por completo del procurador en este tema. Ya vi el desarrollo del pasaporte y será el cuarto en calidad en el mundo”, recalcó el mandatario colombiano.

La medida que adoptó el Ministerio Público y que molestó al Gobierno, la tomó el procurador Marcio Melgosa, delegado para la vigilancia de la función pública, que presentó la demanda diseccionada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que se hubo controversias contractuales que se han presentado en ese contrato y aclaró que la pretensión es declarar nulidad absoluta del contrato estatal.

En la demanda de 37 páginas expresa la Procuraduría: “La justificación de este convenio se basó en la aplicación del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, relativo a la contratación con organismos internacionales. Sin embargo, se verificó que los aportes de la Imprensa - Casa da Moeda de Portugal solo correspondían al 21 % del valor total del convenio, por lo que no se cumplía el requisito legal de financiación mínima del 50%“.

“La Imprenta Nacional de Colombia no contaba con la capacidad técnica y operativa para ejecutar directamente el objeto contractual, limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa da Moeda asumía la ejecución total de las actividades, configurándose una subcontratación integral del objeto del convenio”, se desprende de la demanda de la Procuraduría.

Finalmente, el organismo de vigilancia evidenció problemas en la sesión de la junta directiva de la Imprenta sobre el convenio del nuevo modelo de pasaportes: “Se encontraron graves irregularidades: citación extemporánea, ausencia de acta formal conforme a los estatutos, sustitución por grabaciones de audio y video, y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros”.