SEMANA reveló este sábado, en su edición más reciente, los detalles de las presuntas irregularidades que se abrían cometido en la Dirección Nacional de Bomberos durante la administración de Gustavo Petro.
Se trata de un contrato a través de una urgencia manifiesta y sin licitación por 41.992 millones de pesos, que con adiciones llegó a los 62.256 millones, para la compra de equipos para los bomberos, en plena Ley de Garantías.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ya había asegurado, a través de un video, que se habían encontrado varias presuntas irregularidades, las cuales fueron presentadas ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
Sobre este tema, el alto funcionario se volvió a pronunciar este sábado, tras la publicación del artículo, y confirmó que esta denuncia “está soportada en una auditoría forense extremadamente precisa”.
Lara destacó que el equipo de auditoría forense del Ministerio del Interior “es sin lugar a dudas uno de los mejores del país”, haciendo énfasis en que la información suministrada a los órganos de control en verídica.
“Puedo afirmar que a los órganos de control les estamos entregando el trabajo hecho. Con pruebas en mano. Necesitamos resultados y que nos digan a qué manos llegó ese dinero robado”, sentenció Lara.
Esta denuncia está soportada en una auditoría forense extremadamente precisa.
— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 10, 2026
El equipo de auditoría forense de @MinInterior es sin lugar a dudas uno de los mejores del país.
Puedo afirmar que a los órganos de control les estamos entregando el trabajo hecho. Con pruebas en… https://t.co/9QWDQGlQwE
De acuerdo con la denuncia, luego del frente frío que impactó a ocho departamentos, en febrero de 2026, el Gobierno Petro declaró la emergencia por 30 días, lo que permitió que la Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior, firmara cuatro contratos a través de una urgencia manifiesta y sin licitación.
Según los documentos en poder de las autoridades judiciales y de control, los cuatro contratos firmados en ese proceso son: Multisolutions America S.A.S., suscrito el 30 de marzo por 25.698.161.730 pesos; Makei Soluciones y Asesorías S.A.S. por 24.063.598.700 pesos; Representaciones Fonina S.A.S. por 3.940.442.098 pesos; y Representaciones Químicas de Colombia RQC S.A.S. por 1.263.602.344 pesos.
La alerta en el caso de los cuatro contratos firmados fue que algunos se suscribieron después de finalizados los 30 días establecidos en la declaratoria de emergencia, por lo que se cuestiona si se trató de otra inconsistencia.
Algunos de los delitos que dicen que se pudieron haber cometido son: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.