El fantasma del apagón volvió a aparecer. El anuncio de un fenómeno de El Niño que podría presentarse con gran intensidad en el segundo semestre de este año es un déjà vu del apagón de inicios de los noventa y encendió las alarmas sobre un eventual racionamiento de energía en el país.
El Ministerio de Ambiente anunció que la probabilidad de un fenómeno de El Niño pasó del 62 al 82 por ciento durante el trimestre mayo-junio-julio de 2026. Y las proyecciones indican una posible consolidación cercana al 96 por ciento hacia finales del año. Y su intensidad puede ser entre fuerte y muy fuerte, superando las estimaciones anteriores.
Los efectos de este evento climático intenso ya se están advirtiendo. Por un lado, las presiones sobre los precios de alimentos y energía generan un riesgo inflacionario. Anif, en este escenario, estima una inflación anual de alimentos que podría cerrar 2026 en torno a 11,2 por ciento, superior al 6,1 por ciento actual observado en abril, mientras que la inflación de electricidad podría escalar hasta 14,4 por ciento desde el -3,8 por ciento de hoy. “Aunque su impacto real en la inflación dependerá de su intensidad, este choque atípico presionaría la inflación total, llevándola al 7,04 por ciento al cierre del año, alejándola del 6,38 por ciento que estimamos como escenario central. Lo anterior afectaría el poder adquisitivo de los hogares, particularmente los de menores ingresos”, dice este centro de pensamiento en un informe.
Anif agrega que, más allá del impacto sobre los precios al consumidor, un choque de esta magnitud también afectaría la actividad productiva del país en varios sectores de la economía, pues tanto el sector agropecuario como el energético son proveedores de insumos críticos para el resto de la economía.
Por otro lado, al poner la lupa sobre el sector eléctrico, la llegada de este evento climático se suma a una serie de factores que están conformando una tormenta perfecta que podría poner en jaque la prestación del servicio. De hecho, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, recordó los cálculos de Fedesarrollo, según los cuales un apagón restaría 1,7 puntos del PIB a un país que no ha crecido más allá del 2,6 por ciento. “Imagínese el colapso que podemos tener”, advirtió la también presidenta del Consejo Gremial.
El desarrollo de El Niño coincide con un momento de alta vulnerabilidad del sistema, que va desde problemas financieros hasta el retraso de nuevos proyectos, pasando por el déficit de energía en firme, una demanda que crece y los desafíos en materia de suministro de gas.
Para el exministro Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), el sistema eléctrico en el país está “muy vulnerable” frente a un riesgo de apagón. “Se necesita que llueva, que las térmicas estén a tope y que entren los proyectos. Pero también podemos actuar por el lado de la demanda”, dijo y recordó el programa Apagar Paga para enfrentar El Niño de 2015 y 2016, en donde se entregaban beneficios concretos por cada kilovatio que se ahorraba.
La situación es tan crítica que el propio ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, expresó recientemente su preocupación en una comunicación dirigida a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y a los participantes de la subasta de asignación de obligaciones de energía firme del cargo por confiabilidad, correspondiente al periodo del primero de diciembre de 2029 al 30 de noviembre de 2030.
La combinación de los factores, como el déficit de la energía firme, el impacto geopolítico en el precio de escasez, la metodología para el cálculo de los costos de combustibles y la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño fuerte “configura una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”, dice la circular de Palma.
Agregó que la urgencia de ampliar la base de participantes en la subasta se ve agravada por las advertencias de autoridades climáticas que proyectan, a partir de junio de 2026, una probabilidad del 95 por ciento de ocurrencia de un fenómeno de El Niño. Este escenario hidrológico adverso, más el déficit de energía en firme, “eleva significativamente el riesgo de que el Sistema Interconectado Nacional no cuente con la generación suficiente para atender la demanda nacional durante el próximo año”, señaló Palma.
El panorama
La situación es compleja. Según Asocodis, gremio que agrupa a las comercializadoras y generadoras de energía, los retrasos en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión impactan la disponibilidad de energía para contratos, los precios de generación y estrechan cada día más la brecha entre la oferta y la demanda, “poniendo en riesgo la confiabilidad y la continuidad en el suministro de energía para todos los colombianos, así como la posibilidad de mejores precios”.
En una carta dirigida al Gobierno, el gremio —citando a XM, el administrador del mercado de energía— afirma que en 2023 ingresó tan solo el 17 por ciento de la capacidad que se esperaba fuera puesta en servicio, mientras que en 2024 lo hizo el 25 por ciento y en 2025 solo el 10,8 por ciento. “Con lo anterior se observa que la tasa de entrada real de nuevos proyectos de generación, respecto a las expectativas por sus fechas de puesta en operación declaradas, no ha superado el 28 por ciento en los últimos seis años”.
Asocodis también advierte que sus empresas agremiadas, que atienden cerca del 96 por ciento de la demanda regulada nacional, registran una exposición promedio a bolsa de entre 28 y 45 por ciento para 2026 y 2027. Esta exposición se presenta cuando no hay contratos suficientes con generadoras para garantizar el suministro y las empresas deben comprar energía en bolsa, donde los precios suelen subir en momentos de presión, especialmente cuando la generación depende de insumos más costosos. La agremiación señala, además, que algunas empresas superan niveles de exposición del 60 por ciento, justamente en mercados con alta participación de usuarios de los estratos 1 y 2.
El panorama se agrava por el momento crítico en materia de liquidez de las comercializadoras. Cálculos de Asocodis registran saldos por recuperar, con corte a 31 de marzo, por unos 5,1 billones de pesos, que se concentran en deuda por concepto de subsidios y contribuciones (1,6 billones de pesos); saldos no recuperados derivados de la aplicación de la opción tarifaria (2,1 billones de pesos) y deuda de usuarios constitucionalmente protegidos, clientes oficiales y alumbrado público (1,4 billones de pesos).
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio de los generadores térmicos, pone otra complicación sobre la mesa: la situación de Air-e, la distribuidora que atiende tres departamentos de la costa caribe, que hoy está intervenida por el Gobierno y en una compleja situación financiera. “Air-e le debe al sector eléctrico 2,3 billones de pesos, de los cuales las deudas a la generación térmica suman 1,5 billones de pesos”.
Las tensiones no son solo locales. Los efectos del conflicto en Oriente Medio también se sienten en el sector, como lo explicó el ministro Palma en su comunicación a la Creg, a través de un indicador clave: el precio de escasez, que es el máximo valor que se puede pagar en la bolsa de energía.
Según las cuentas del jefe de la cartera de Minas y Energía, el bajo precio internacional de los combustibles registrado a finales de 2025 fijó el precio de escasez para el mes de marzo de 2026 en 803,7 pesos por kWh y, descontando los costos de operación y mantenimiento, además de otros costos variables, dicho valor se reduce a 709,3 pesos por kWh.
No obstante, en marzo pasado los mercados del petróleo registraron alzas significativas por el conflicto en Oriente Medio. “En este contexto, el precio del crudo Brent pasó de niveles cercanos a 70 dólares por barril a valores próximos a 100 dólares, lo que representa un incremento aproximado del 42 por ciento. Como consecuencia directa de esta volatilidad, el precio de escasez (descontando costos de operación y mantenimiento) actualizado para el mes de abril de 2026 ascendió a 1.006,9 pesos por kWh, representando un incremento de aproximadamente 300 pesos por kWh frente al mes anterior”, dijo Palma.
En materia de energía en firme —la que está disponible incluso en los momentos más críticos—, hace tres años, recordó Castañeda, el país tenía un superávit de entre 3 y 4 por ciento. “El problema es que hoy esa energía firme es negativa; es decir, la cantidad de energía que se produce no alcanza para cubrir a todos los usuarios del país. El hueco es de 2,6 por ciento, según XM, lo cual nos pone en una situación compleja desde el punto de vista técnico”, añadió.
Y hay un problema adicional que el país no tenía en los fenómenos de El Niño recientes: las dificultades en el abastecimiento de gas. Como explicó Castañeda, la planta de regasificación de SPEC en el Caribe atiende la demanda de las térmicas. Sin embargo, hoy esa planta abastece el 25 por ciento de la demanda del país, cerca de 180 millones de pies cúbicos de gas. Pero ahora, en estas nuevas circunstancias y con presiones climáticas, toda la capacidad de la planta de importación se destinará a la generación térmica.
Esta situación pone en aprietos el suministro de gas, a lo que se suma la situación de Canacol, uno de los principales proveedores de este combustible en el país, que pidió, en un trámite de bancarrota en Canadá, dejar de cumplir los contratos que tiene en Colombia.
Hasta el cierre de esta edición, el tribunal canadiense aún no había fallado sobre el pedido de Canacol.
“El mensaje que le hemos dado al sector de gas y al Gobierno es: hay que tener, sí o sí, dos plantas de importación listas antes de terminar el año; de lo contrario, no habrá gas”, anticipó Castañeda.
Además, explicó que en 2025 la demanda de energía creció 4 por ciento. Pero cuando llega un fenómeno de El Niño, puede aumentar a niveles del 7 o 7,5 por ciento. “Pero en algunas regiones, en especial las más calurosas como el Caribe, puede incrementarse entre 10 y 12 por ciento. Ese crecimiento no se soporta con lo que hay hoy”.
Por lo pronto, como advirtió Gutiérrez, de Acolgen, lo más importante es cuidar los embalses, ya que constituyen la “reserva energética” del país. Para ello, se debe priorizar “la generación térmica cuando sea necesario, utilizando otras fuentes de generación, aprovechando los excedentes de energía, gestionando el agua con una visión a largo plazo para no gastar hoy lo que se pueda necesitar mañana y, desde la perspectiva de los usuarios, evitando el desperdicio de energía”.
Señaló que XM, el operador del sistema eléctrico, ha recomendado llegar al inicio de la estación seca con los embalses por encima del 80 por ciento para tener suficiente reserva en caso de que se produzca una sequía severa.
Para Gutiérrez, el problema radica en que, de concretarse los anuncios del Gobierno, podrían reducirse los niveles de los embalses.
“Esto afectaría el margen de seguridad energética del país”, concluyó.
La preocupación está puesta en garantizar el suministro y en el impacto que podría tener este fenómeno en el bolsillo de los colombianos.
“El problema no es tecnológico, es de ejecución”
Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, gremio de las empresas de energías renovables, advierte que más del 70 por ciento del tiempo de un proyecto se pierde en trámites.
SEMANA: La lógica diría que, con un fenómeno de El Niño, sería clave soportarse en energías como la solar y la eólica. ¿Por qué con esos recursos el país no alcanza a suplir sus necesidades?
ALEXANDRA HERNÁNDEZ: Porque, aunque las renovables han crecido cinco veces en apenas tres años, todavía representan cerca del 14 por ciento de la capacidad de generación del país. Colombia sigue dependiendo principalmente de la hidráulica y las térmicas. Eso no significa que pueda menospreciarse el impacto de las renovables.
SEMANA: ¿Por qué?
A.H.: El Niño demuestra por qué las renovables son estratégicas: cuando baja el agua, suben el sol y el viento. Eso ayuda a cuidar los embalses y a contener el precio de la energía, porque la solar y la eólica son más baratas que importar gas o diésel. Esto no es ideología, es pragmatismo económico. Las renovables instaladas hoy ya les están ahorrando billones de pesos a los colombianos.
SEMANA: Hay una preocupación con el déficit de energía en firme. ¿Pueden las renovables aportar a la confiabilidad eléctrica que se necesita?
A.H.: Se está confundiendo variabilidad con falta de confiabilidad, y eso es un error. Las renovables dependen del clima, sí, pero hoy esa variabilidad se puede anticipar, modelar y gestionar. La confiabilidad no la da una sola tecnología; la da un sistema diversificado donde hidráulica, térmicas, renovables, almacenamiento e interconexiones se complementan. El sol y el viento no nos hacen más débiles, nos hacen menos dependientes de importar gas y diésel, así como menos expuestos a los precios internacionales y más dueños de nuestra propia energía. Eso es soberanía energética.
SEMANA: ¿Cuántos proyectos han comenzado a operar?
A.H.: En este momento tenemos 106 proyectos de mediana y gran escala entregando energía al sistema interconectado, tanto en operación comercial como en pruebas técnicas. Adicionalmente, hay más de 22.000 soluciones de minigranjas y autogeneración instalada en hogares, comercio e industria. Eso es cerca de 3.000 millones de dólares de inversión privada que ha llegado a Colombia.
SEMANA: ¿Cuáles han sido los cuellos de botella?
A.H.: Las renovables ya demostraron que funcionan. El problema no es tecnológico, es de ejecución: hoy los proyectos pasan más tiempo atrapados en trámites que construyéndose.
SEMANA: ¿Cómo son esos procesos?
A.H.: En Colombia, un proyecto puede tardar entre tres y cinco años en entrar en operación, aunque construirlo toma apenas 18 meses. Es decir, más del 70 por ciento del tiempo se pierde en trámites. Hay permisos que deberían resolverse en 30 días y terminan demorando hasta 2.000. Ahí está el verdadero reto: la transición energética no depende solo de la tecnología, sino de la capacidad del país para lograr que los proyectos entren a tiempo.