Publicar una fotografía, un video o un texto en redes sociales no significa que ese contenido pueda utilizarse libremente.
En Colombia, las creaciones publicadas en plataformas como Instagram, TikTok o YouTube están protegidas por el derecho de autor, incluso cuando se comparten de forma abierta en internet.
El principio general es que la protección se aplica a la forma concreta de expresión de una obra, como una imagen, una edición de video, un guion o un texto, y no a la idea general detrás del contenido. Esto significa que terceros no pueden reproducir, modificar o utilizar ese material con fines comerciales sin autorización del autor.
El tema cobra relevancia en un contexto de creciente actividad digital. Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en 2025 el comercio electrónico en Colombia alcanzó $145,4 billones en ventas y 684,6 millones de transacciones, un entorno en el que el contenido digital puede influir directamente en decisiones de compra o visibilidad de marcas.
El marco legal que regula estos derechos está establecido principalmente en la Ley 23 de 1982, que reconoce dos tipos de derechos: los patrimoniales, relacionados con la explotación económica de la obra, y los morales, que incluyen el reconocimiento de la autoría y la protección de la integridad del contenido.
“El mito más costoso es creer que por estar en internet todo se puede copiar; la publicación no es una renuncia”, explica Wilson Ríos, decano de la Facultad de Derecho y docente de la Especialización virtual en Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías de Areandina.
Para reducir el riesgo de apropiación indebida, especialistas recomiendan conservar evidencias del proceso creativo, como archivos originales, bocetos, versiones preliminares o correos electrónicos relacionados con la creación del contenido. Este tipo de registros puede resultar clave para demostrar autoría en caso de disputa.
Otra medida consiste en definir con claridad las condiciones de uso cuando el contenido se crea para marcas o empresas.
En esos casos es recomendable establecer por escrito aspectos como el alcance de la licencia, los territorios donde podrá usarse la obra, la duración del permiso y si se permiten adaptaciones o reutilización en campañas publicitarias.
Las propias redes sociales también ofrecen herramientas para denunciar el uso no autorizado de contenido. En la mayoría de las plataformas existen formularios de “notice and takedown”, mediante los cuales los autores pueden solicitar la eliminación de material que infrinja derechos de autor.
En situaciones donde la copia genera beneficios económicos o afecta la reputación del creador, el autor puede enviar una comunicación formal solicitando el retiro del contenido y, en algunos casos, negociar una licencia retroactiva o compensación económica.
Adicionalmente, los creadores pueden reforzar la protección de su trabajo mediante marcas de agua, metadatos, créditos visibles o sistemas de gestión de derechos digitales, así como registrar la obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), entidad que otorga certificados de registro una vez se cumplen los requisitos del trámite.
En caso de conflicto, también es posible acudir a procesos de conciliación o a instancias judiciales. Según expertos, contar con un registro ordenado de pruebas y comunicaciones facilita la defensa de los derechos del autor en este tipo de casos.