Desde 1945 en Colombia se estableció que se debía fijar un salario mínimo para los trabajadores y en 1949 se creó un piso de 2 pesos diarios aplicable desde enero de 1950. Con el tiempo, para definir esa remuneración se añadieron componentes como la inflación y la productividad, al igual que otro factor que no está escrito en las leyes, pero que cada vez toma mayor relevancia: la variable política. Con ella, cada Gobierno busca dejar huella en el mercado laboral.
Ese componente político es el que ha hecho que los aumentos del salario mínimo no sean predecibles. Mientras que el costo de vida y la productividad son datos cuantitativos que se pueden estimar, no es factible saber con certeza en cuánto quiere un Gobierno que quede el sueldo de entrada en el país y que actualmente perciben 2,9 millones de empleados formales. La falta de certidumbre de ese componente político no solo llevó a sorpresas como el aumento inédito de 23 por ciento aplicado para 2026, sino que también ha causado problemas en diversas áreas, como el pago de pensiones.
Precisamente, con la creación de los fondos privados de pensiones y el esquema de rentas vitalicias, surgió una dificultad para calcular las mesadas de los jubilados. No bastaba con tener en cuenta el ahorro acumulado por cada afiliado y su expectativa de vida, sino que también era necesario estimar cuánto aumentaría el salario mínimo en los años siguientes, dado que en Colombia ninguna pensión puede ser inferior a ese monto.
Ante la imposibilidad de hacer esa proyección, en 2015 se creó una cobertura a cargo de la nación, que se comprometió a pagar la diferencia cuando el salario mínimo subiera muy por encima de los factores técnicos. Eso operó hasta finales de 2025, cuando el Gobierno Petro cambió la fórmula de la cobertura estatal, lo que aumentó el ahorro requerido para obtener una renta vitalicia y redujo el número de personas que podían pensionarse con esa modalidad.
Si bien el miércoles pasado el Consejo de Estado suspendió el decreto del Gobierno Petro y ordenó volver al mecanismo de cobertura anterior, mientras se resuelve una demanda, ahora se viene una nueva incertidumbre por cuenta del salario mínimo que regirá en 2027.
Representantes del sector privado, analistas y académicos coinciden en que no debería repetirse un incremento del salario mínimo de una magnitud similar a la decretada para este año. Advierten que el ajuste no solo ha elevado de manera considerable los costos laborales y los recursos que debe destinar la nación al pago de pensiones, sino que también ha presionado la inflación. Sus efectos se han sentido, además, en las copropiedades, donde las cuotas de administración aumentaron significativamente. Algunas incluso han optado por prescindir del servicio de vigilancia para reducir gastos, una decisión que, en varios casos, ha tenido consecuencias en materia de seguridad.
“Tomar el 23 por ciento como referencia política automática para 2027 sería tan inapropiado como ignorarlo al evaluar los costos empresariales que ya se incorporaron”, sostiene el abogado Pedro Sarmiento, socio de Crowe.
Asimismo, Daniel Velandia, managing director de Research de Credicorp Capital, señala que han sido contadas las ocasiones en las cuales el salario mínimo en el país ha subido solamente por inflación y productividad. “Hemos visto patrones de aumentos por arriba de esos indicadores. Antes del Gobierno Petro, las alzas oscilaban entre 3 y 3,5 puntos porcentuales por encima de la inflación observada y para 2026 la diferencia fue de 17 puntos”, explicó.
Velandia indica que, aun cuando diversos pronósticos apuntan a que la inflación cerraría el año en torno al 7 por ciento y que, al sumar la productividad, el incremento del salario mínimo podría ubicarse entre el 8 y el 9 por ciento, no descarta que llegue al 10 por ciento por consideraciones políticas.
“Es una posibilidad. Aunque el Gobierno busca ser lo más pragmático posible y atender los factores técnicos, no hay que desconocer que enfrentamos una desaceleración económica, el fenómeno de El Niño y problemas sociales relevantes. Por lo tanto, el factor político siempre es muy importante. Por eso creemos que un aumento del 10 por ciento es incluso una cifra sensata para incluir en los presupuestos y evitar sorpresas”, reiteró.
Los indicios
Algunos analistas consideran que la decisión del Gobierno de revertir los aumentos de los combustibles y mantener congelados sus precios, así como retirar la propuesta de modificar el IVA de varios productos de la canasta familiar, son señales de que las consideraciones políticas podrían tener un peso relevante en la definición del salario mínimo para 2027.
Sarmiento apunta que, si bien ya iniciaron las negociaciones, la expectativa es puramente política. “Es un aumento que puede tener efectos nefastos sobre la economía, pues no se puede esperar que el país crezca gracias a unos salarios más altos, sino que, por el contrario, los salarios aumenten como resultado del crecimiento económico”, precisó.
En su concepto, históricamente el país ha sido “racional” a la hora de fijar el salario mínimo. Sin embargo, recuerda que, pese a la existencia de un mecanismo de negociación tripartita, la mayoría de los ajustes se han definido por decreto y considera que este año no será la excepción. “Esto, teniendo en cuenta que existen posiciones encontradas que reflejan la profunda polarización del país, cuando muchas veces priman los argumentos políticos sobre los económicos, jurídicos o lógicos”, insiste.
La abogada Saida Quintero, directora del Área de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario, pide que en la definición del salario mínimo de 2027 se tenga en cuenta que, en los últimos cinco años, el costo de una hora de trabajo de un empleado que recibe esa remuneración pasó de 3.786 pesos en 2021 a 8.338 pesos desde julio de 2026.
El alza responde a varios factores: la reducción de la jornada semanal de 48 a 42 horas; la ampliación del recargo nocturno, que ahora comienza a las siete de la noche; el aumento del recargo dominical al 90 por ciento, que llegará al ciento por ciento en julio de 2027; el reconocimiento de todas las prestaciones sociales a los aprendices y la creación de un nuevo festivo, el 9 de julio, que elevó de 18 a 19 los días feriados del año.
Quintero agregó que un aumento excesivo del salario mínimo reduce la demanda de empleo y empuja a más trabajadores hacia la informalidad. También advirtió sobre sus efectos en las mesadas de más del 60 por ciento de los pensionados, que reciben una pensión equivalente al mínimo, dado el mayor costo que esto representa para la nación en un escenario de estrechez fiscal.
El plazo para concertar el salario mínimo vence el 15 de diciembre. Si no se logra, de ahí en adelante el Gobierno deberá andar con pies de plomo para tomar la mejor decisión.