El acuerdo de Álex Saab con los Estados Unidos pone punto final a uno de los expedientes más controvertidos e interesantes de los últimos años en América Latina. El empresario barranquillero, señalado por años de ser el testaferro de Nicolás Maduro, protagonizó una novela jurídica que incluyó su tiempo como ficha fundamental del chavismo; su huida al país africano Cabo Verde; su captura y traslado a una cárcel en los Estados Unidos; su libertad tras un acuerdo del Gobierno de Maduro con el de Joe Biden y su llegada a Caracas como un héroe y “víctima” de un “secuestro” por el Gobierno del Tío Sam.
Tras su regreso a Venezuela, Álex Saab había ocupado altas dignidades, incluida la de ministro de Industrias de Producción Nacional. Pero el 2 de enero de este año, su suerte quedó sellada. El presidente Donald Trump logró en un operativo militar capturar y extraer a Nicolás Maduro, quien hoy responde –al lado de su esposa, Cilia Flores– en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, por gravísimos cargos como conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
Para la justicia estadounidense, lo que sabe Saab es fundamental, pues se le ha considerado el arquitecto de este engranaje económico que permitió que Maduro se perpetuara en el poder.
Pocas semanas después de la extracción de Maduro, Saab fue destituido del Gobierno el 16 de enero de este año. Desde ahí era claro que la justicia del Tío Sam lo tenía ya entre ceja y ceja. El 16 de mayo, Venezuela finalmente lo entregó en calidad de “deportado”. Este día, Saab dejó de ser llamado venezolano y fue citado como “el referido ciudadano colombiano incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.
En Estados Unidos, la justicia fijó varias veces fecha para su audiencia, pero al final terminaban aplazándola. Eso dejó ver que Saab había comenzado a colaborar y anticipó que podría empezar a cantar. Al final, esas sospechas se confirmaron cuando el 15 de septiembre la corte del Distrito Sur de Florida hizo público que “el acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de conspiración para blanquear instrumentos monetarios”.
En este acuerdo hubo un dato que llamó poderosamente la atención. Saab aceptó entregar 195 millones de dólares, una suma gigantesca que evidencia que el monto del desfalco en Venezuela, especialmente en el programa de ayuda alimentaria Clap en Venezuela, pudo ser muchísimo mayor.
Los colombianos
En el acta de aceptación de cargos por parte de Álex Saab hay un capítulo tan extenso como esencial que registra el nombre de otros tres ciudadanos colombianos que participaron en la danza de los millones en medio del entramado de corrupción de los infames Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
El primero en la lista es el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, uno de los más cercanos socios de Saab, y quien fue capturado en abril de 2023 en un exclusivo sector de Caracas en medio de un complejo proceso por lavado de activos.
El caso contra Pulido –cuyo nombre de pila es Germán Enrique Rubio Salas– se encuentra estancado desde hace varios años. La declaración de Saab promete destrabarlo y, de paso, llevarlo a una condena.
“Saab y Pulido, junto con funcionarios venezolanos de alto nivel, fueron los principales organizadores y líderes de la red ilegal. Ellos, junto con otros, diseñaron y ejecutaron un sistema de sobornos y otros pagos ilegales a funcionarios públicos, con el fin de que otras entidades controladas secretamente por los conspiradores fueran adjudicadas con lucrativos contratos del Gobierno para importar alimentos y medicinas bajo los auspicios del Clap”, dice el documento.
La ubicación de Pulido Vargas es un misterio total. Debido al hermetismo de las autoridades judiciales venezolanas, se desconoce si sigue privado de su libertad en centro carcelario, está libre, es un prófugo o tiene algún tipo de asilo político en una de las pocas naciones amigas de Venezuela en la actualidad.
En la aceptación de cargos aparecen los nombres de otros ciudadanos colombianos: Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano Manrique, reconocidos comerciantes en Norte de Santander y quienes han sido pieza fundamental en alianzas políticas en dicho departamento.
“Aproximadamente en 2015, Saab llegó a un acuerdo para lavar dinero y cometer fraude con individuos identificados en este documento”, reseña el texto frente a la alianza criminal entre el testaferro del régimen con Rubio y Lizcano, así como con funcionarios del Gobierno de Venezuela en los tiempos de Maduro.
Acá aparece en escena José Gregorio Vielma-Mora, exgobernador del Táchira, zona fronteriza con Colombia, quien durante años ha tenido fuertes nexos con dirigentes políticos en Colombia, en especial en Norte de Santander.
El exmandatario junto a los socios de Saab habría sido el principal beneficiado en el desvío de las millones de cajas de Clap que se disfrazaban como una ayuda para los más necesitados. Los millones de dólares que se apropiaron terminaron en bancos en Panamá, Bulgaria, Liechtenstein y Suiza.
“Saab y Pulido utilizaron una firma suiza de asesoría financiera para establecer secretamente entidades y cuentas bancarias con el único propósito de lavar fondos involucrados en su esquema ilegal”, indica el punto 20 de la aceptación de cargos.
Por ahora no se sabe cuál podría ser la condena de Saab. En el derecho estadounidense, el delito que aceptó puede dar hasta 20 años de cárcel. Se sabe que la sentencia se conocerá en enero de 2027. De aquí a esa fecha, la justicia norteamericana seguramente apretará al colombiano para que sea uno de los testigos fundamentales de los procesos que tiene en curso contra Maduro, Cilia Flores y quizás los colombianos.
Hay expresiones dentro del documento judicial que dejan claro que, a cambio de este acuerdo favorable a él, Saab entregará valiosa información de los peces gordos. “El acusado acepta cooperar plenamente con la Fiscalía mediante: el suministro de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas cuando la Fiscalía lo solicite, ya sea en entrevistas, ante un gran jurado, en un juicio o en cualquier otro procedimiento judicial… Además, el acusado acepta que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, y que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad”, asegura el texto.
También deja claro que el tiempo sobre el cual tiene información es muy extenso. “Tras el regreso de Saab a Venezuela en diciembre de 2023 y hasta febrero de 2026, Saab se incorporó al Gobierno de Venezuela en una capacidad oficial y recibió fondos provenientes de contratos Clap anteriores. Al mismo tiempo, continuó prestando asistencia y siguiendo instrucciones de funcionarios venezolanos y sus representantes que participaban en otros esquemas ilegales, incluido el Funcionario del Gobierno 1A”.
Por ahora, Saab confesó cómo fue el entramado del Clap, pero si habla de todo, su testimonio podría generar un remezón sin antecedentes en ambos países.