En las zonas rurales más golpeadas por la guerra en Colombia, la sotana se ha convertido en una línea de fuego. Sacerdotes que históricamente han sido mediadores comunitarios hoy están atrapados entre la presión de los grupos armados ilegales y la obligación pastoral de acompañar a sus feligreses.
En regiones como Cauca, Jamundí, Chocó, Caquetá, Putumayo y zonas de Antioquia, varios párrocos están siendo obligados, según denuncias recogidas en terreno, a cumplir funciones impuestas por estructuras armadas como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.
La situación más crítica se concentra en el norte del Cauca y el sur del Valle, donde operan las disidencias del llamado Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco. Allí, líderes sociales han sido instrumentalizados para cobrar extorsiones a la comunidad bajo amenaza y esa misma lógica, según testimonios recogidos, se ha extendido a sacerdotes rurales, quienes ahora enfrentan un escenario de coacción sistemática.
“Nos dicen que ayudemos a ‘organizar’ a la comunidad. Pero eso significa cobrar plata”, relata un sacerdote que ejerce en zona rural entre Jamundí y el norte del Cauca, quien pidió reserva de su identidad por seguridad. “Uno no puede negarse. Aquí ya han matado gente por menos. A uno lo buscan porque la gente confía en el cura, pero eso termina siendo una trampa”.
Las disidencias han consolidado en estos territorios una autoridad paralela, imponiendo normas, cobrando impuestos ilegales y regulando la vida cotidiana de las comunidades. En ese contexto, los párrocos –por su cercanía con la población– se convierten en piezas funcionales para el control social, en ocasiones obligados a actuar como intermediarios involuntarios.
“Nos entregan listas, montos, instrucciones. Nos dicen que hay que colaborar con la ‘causa’. Pero eso no es pastoral, eso es presión”, agrega otro sacerdote del norte del Cauca. “Si uno se niega, queda marcado. Y aquí estar marcado es casi una sentencia”.
En Jamundí, autoridades locales y organismos de control han advertido que el frente Jaime Martínez mantiene bajo riesgo constante a campesinos e indígenas en la zona rural. Allí, además de retenes ilegales y presencia armada, se han documentado presiones directas a la población civil para participar en acciones contra la fuerza pública, incluyendo asonadas.
Un segundo testimonio, desde una parroquia del Cauca, confirma ese patrón: “Nos han pedido que desde el púlpito hagamos llamados a la comunidad. No lo dicen como orden directa, pero uno entiende. Que la gente salga a protestar, que se movilice contra el Ejército. Es muy delicado. La Iglesia no puede ser usada para eso, pero aquí la realidad es otra”.
En varias veredas, según fuentes locales, los sacerdotes son vistos por los grupos armados como “voceros legítimos”, lo que los pone en una posición de altísimo riesgo. “Si uno no colabora, lo señalan. Si colabora, queda expuesto ante el Estado. Es quedar en medio de dos fuegos”, agrega otro párroco.
A esta presión se suma el miedo de las comunidades, que en muchos casos terminan viendo a los sacerdotes como el único puente posible entre ellos y los actores armados. “La gente llega a pedir ayuda, a contar lo que pasa, pero uno no tiene cómo responder. El Estado no está aquí”, explica un religioso.
El fenómeno no es aislado. En el Chocó, comunidades han denunciado que el ELN mantiene control sobre amplias zonas rurales, donde regula la movilidad, impone normas y ejerce presión sobre líderes comunitarios y religiosos. Aunque no siempre se documenta públicamente, fuentes eclesiales advierten que sacerdotes han sido intimidados para facilitar comunicación con la población o mediar en situaciones que terminan favoreciendo el control territorial del grupo armado.
“Hay lugares donde la única institucionalidad es la Iglesia. Y eso nos convierte en blanco”, explica un sacerdote con trabajo pastoral en el Pacífico. “Nos buscan para legitimar decisiones o para transmitir mensajes que no son nuestros. Uno termina hablando con miedo, midiendo cada palabra”.
En el sur del país, en departamentos como Caquetá y Putumayo, las disidencias, incluyendo estructuras asociadas a alias Calarcá, han replicado modelos de control similares. Allí, la economía ilegal del narcotráfico y otras rentas ilícitas financian estructuras que imponen extorsiones, reclutamiento forzado y control social sobre las comunidades.
Un sacerdote de esa región describe un escenario de presión constante: “Aquí no hay opción. Ellos mandan. Y cuando necesitan algo, buscan al cura porque saben que la gente escucha. Pero eso nos pone en una situación muy compleja. No es solo un tema de fe, es un tema de supervivencia”.
Las dinámicas también incluyen restricciones a la labor pastoral. En algunas zonas, los grupos armados definen horarios, rutas y hasta contenidos de las reuniones comunitarias. “Nos han dicho qué se puede decir y qué no. Eso es muy grave, porque limita la libertad religiosa”, señala otro testimonio.
Incluso en Antioquia, donde operan estructuras como el frente 36 y redes del Clan del Golfo, la Iglesia ha quedado en medio del conflicto. Este grupo, con fuerte presencia en economías ilegales y control territorial, ha sido señalado históricamente por amenazas y ataques contra funcionarios públicos y líderes sociales.
“En algunos corregimientos, los sacerdotes deben avisar cuando van a hacer actividades, como si pidieran permiso”, indica una fuente conocedora de la situación en Antioquia. “Eso demuestra el nivel de control que tienen estos grupos”.
En medio de este panorama, la Conferencia Episcopal ha elevado su voz en varias ocasiones, denunciando amenazas, extorsiones y hechos violentos contra comunidades en distintas regiones del país. Sin embargo, en terreno, los sacerdotes aseguran que las medidas de protección son insuficientes y que muchas veces deben enfrentar solos las presiones.
“Nos toca seguir. No podemos abandonar a la gente”, afirma uno de los párrocos consultados. “Pero cada vez es más difícil. Estamos en medio de una guerra en la que nadie responde por nosotros. Aquí no hay escoltas, no hay protección real”.
Algunos sacerdotes han optado por trasladarse o pedir relevo, pero no siempre es posible. “Irse también tiene consecuencias. Puede interpretarse como abandono o incluso como desobediencia frente a los grupos armados”, explica un religioso.
El contexto general refuerza esa percepción. En departamentos como el Cauca, la violencia contra líderes sociales y comunidades sigue en aumento, con presencia activa de múltiples actores armados y una débil respuesta institucional. En muchas de estas zonas, la ausencia del Estado ha permitido que las estructuras ilegales consoliden su poder.
Mientras tanto, en las parroquias rurales el miedo se ha vuelto parte de la rutina. Las homilías ya no solo hablan de fe, sino también –en voz baja– de resistir, de cuidarse, de no hablar de más. “Uno termina haciendo equilibrio entre lo que debe decir y lo que puede decir”, resume un sacerdote.
En ese escenario, la Iglesia sigue siendo uno de los pocos referentes de confianza para las comunidades, pero también uno de los más expuestos. “Nos quedamos porque la gente nos necesita”, concluye uno de los testimonios. “Pero cada día es más claro que estamos solos en territorios donde la ley la imponen las armas”.