Reducir el papel de la Procuraduría, acabar la imputación de cargos en los procesos penales, crear una entidad seria que investigue a los jueces de la república y vigilar los resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través de un “control crítico” son algunas de las 15 propuestas con las que llega el Gobierno de Abelardo De La Espriella a transformar la justicia en Colombia.
Pero qué tan fácil la tendrá el nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino, para convertir en realidad esas promesas que necesitan el respaldo del Congreso, un empujón en el presupuesto de la nación y reformas legales y constitucionales que podrían implicar la reiteradamente fracasada reforma a la justicia.
SEMANA habló con varios expertos que participaron en el proceso de empalme del sector justicia, con el fin de conocer la ruta que seguirá el nuevo Gobierno para alcanzar esas metas.
Fuentes en el interior del equipo del presidente Abelardo De La Espriella que han estado presentes en el empalme con el exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo y con la saliente ministra (e) Cielo Rusinque le contaron a esta revista que uno de los puntos cruciales tiene que ver con la reducción del papel de la Procuraduría en los procesos penales.
Expertos que asesoran al nuevo Gobierno explicaron que las labores de la Procuraduría en los procesos legales como garante de la investigación, el juzgamiento y la sanción de un delito resultan “innecesarias”, pues esas mismas “funciones y facultades son concordantes en parte con las de jueces y fiscales”, detallaron las fuentes consultadas por esta revista.
Ese es el principal argumento que tendrá la administración del ministro designado Cancino para modificar el papel de los procuradores en los juicios. De hecho, se ha pensado que esos funcionarios, por su trayectoria y conocimiento, podrían ser reubicados en roles que sean útiles en el proceso de descongestión judicial en la Fiscalía u otras entidades.
Abogados que han formado parte de esta hoja de ruta explicaron que para esa iniciativa se “requieren modificaciones legislativas”. Es decir, la vía más sólida sería una reforma constitucional que modifique las funciones de la Procuraduría, pero dentro del sonajero de opciones también se analiza una reforma legal. Este es uno de los puntos que más necesita respaldo del legislativo.
Para agilizar procesos
Desde el equipo de De La Espriella explicaron que otro punto clave es la eliminación de la imputación de cargos como una forma de agilizar el tránsito directo de los procesos judiciales a las etapas de acusación. De esta forma, también se descongestionaría el sistema judicial.
Aunque ese proyecto todavía se encuentra en proceso de diseño, el objetivo es reformar la Ley 906 que fijó el Código de Procedimiento Penal en Colombia, pues los expertos que acompañan al ministro Cancino consideran que esa diligencia “presenta un problema de fondo: el juez en el diseño legal no tiene facultades de control material sobre ella”.
Por eso expresaron que la misma Corte Constitucional ha dicho que ese tipo de audiencias pueden ser “excepcionales” y consideran que una diligencia solo para conocer los delitos podría ser “innecesaria y debe evaluarse”. Ese reajuste podría terminar en la creación de un proyecto de ley que modifique en su esencia el código penal, para darle un “balance” al sistema judicial que le permita actuar adecuadamente contra delitos de alto impacto y hasta elimine conductas que “no ameritan persecución penal, aliviando la crisis carcelaria”, explicaron desde el Gobierno de De La Espriella.
El ministro Iván Cancino ha propuesto endurecer las penas para adolescentes que cometan graves delitos, como el caso del menor que asesinó al excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un improvisado mitin político en el barrio Modelia de Bogotá.
“Apoyo una justicia más firme contra los delitos más graves. Es hora de debatir reformas que protejan a las víctimas y enfrenten la realidad del reclutamiento de menores por organizaciones criminales. La respuesta no solo debe ser prevención y educación, sino responsabilidad cuando se cometen crímenes de alto impacto”, expresó Cancino.
Veeduría estricta
Más allá de los procesos penales, el Gobierno también trabaja en un plan que le permita tener un “control crítico sobre la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz)”, pues, aunque el entonces candidato Abelardo De La Espriella proponía eliminarla, ahora el MinJusticia tendrá una postura de veeduría estricta y crítica frente a los resultados de esa jurisdicción que nació tras el acuerdo de paz con las extintas Farc.
En medio de las críticas a esa entidad, constituida en 2017, el presidente De La Espriella buscará establecer una jurisdicción independiente que investigue y acuse penalmente a los jueces encargados de administrar justicia, con el propósito de equilibrar el poder procesal. Según los expertos, la iniciativa también requeriría una reforma constitucional que permita conformar un órgano con funciones similares a las de la Fiscalía.
Uno de los principales obstáculos que tendría esa idea es la crisis presupuestal que vive la justicia, teniendo en cuenta que para la vigencia 2026 sufrió un recorte de casi 700.000 millones de pesos, lo que terminó afectando a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a los planes de descongestión, al tiempo que frenó la creación de nuevos cargos para la jurisdicción agraria y la modernización del sistema.
A pesar de esas barreras, el Gobierno entrante intentará promover cambios para que los jueces controlen el proceso desde la acusación hasta la preparatoria, se implemente un plan para “cerrar el paso a las libertades por falencias procedimentales”, se reglamente la solicitud de absolución y se reordenen los preacuerdos bajo estrictos criterios de proporcionalidad entre la colaboración del procesado con la reparación de la víctima.
Esas modificaciones vendrán acompañadas de un respaldo institucional a la Defensoría del Pueblo, una renovación a las comisiones que asesoran al Gobierno en materia de política criminal y el restablecimiento de la armonía institucional con las altas cortes: uno de los temas prioritarios para el Ejecutivo.
Esa última promesa es uno de los capítulos más tensos que protagonizó el ahora expresidente Gustavo Petro con los altos tribunales, pues tuvo fuertes encontronazos con la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado cuando las decisiones judiciales afectaban a su Gobierno. El exministro Jorge Iván Cuervo intentó salvar esa relación, pero nunca fue posible.
Precisamente, los exministros Cuervo y Rusinque –quien ejerció como encargada de la cartera– entregaron al Gobierno de De la Espriella y al país una lista de necesidades identificadas por la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia, con miras a transformar el sistema judicial colombiano.
Ese documento que impulsó el Gobierno Petro marca el paso sobre los graves problemas de hacinamiento en las cárceles, congestión judicial y falta de presupuesto que hoy tiene padeciendo a la Rama Judicial. Ese podría ser el primer panorama que el ministro designado Cancino conozca al asumir el cargo.
El hacinamiento, la reforma agraria y el Conpes para humanizar el sistema carcelario en Colombia son los principales retos que heredó el Gobierno entrante para su periodo presidencial.