SEMANA tiene en su poder una de las más recientes revistas del Ejército que deja expuesta la mala gestión en la contrainteligencia militar. En la revisión hubo 16 hallazgos en cuatro unidades, que comprometen el sistema con el que se identifica e investiga a uniformados que pretenden actuar por fuera de la ley.
La contrainteligencia procura determinar qué integrantes de la fuerza pública tienen alianzas con grupos criminales, quiénes están cometiendo actos de corrupción o buscan actuaciones bajo intereses particulares, entre otros. En el informe en poder de SEMANA, con el rótulo “Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia, unidades áreas de inteligencia y contrainteligencia del Ejército”, se exponen hallazgos relevantes.
Uno de los más preocupantes de la auditoría interna fue el descontrol en el manejo de los dineros de gastos reservados. Estos rubros son utilizados para el pago de recompensas a cambio de información trascendental que permite no solo contrarrestar el accionar terrorista y criminal del enemigo, sino destapar ollas podridas en la fuerza pública.
El informe rajó a la contrainteligencia militar en algunas unidades al señalar que “se evidenció durante la verificación documental en el procedimiento de Gastos Reservados del B4-BRCIM1, la ausencia de las actas de autorización de montos de la vigencia 2025”.
El documento militar observa “actas de 2026 sin firmas y la no elaboración del informe de autorización de montos establecidos de los recursos de gastos reservados (Cacim-BRCIM1)”. Para la auditoría interna del Ejército, se trata de un hallazgo relevante.
El documento también contiene tres capítulos sobre seguridad militar, producción de inteligencia y contrainteligencia militar y gestión documental.
En este último, el diagnóstico es preocupante. La revista del Ejército encontró un grave problema de archivo de documentos que soportan las operaciones de la contrainteligencia militar. “Se evidenció la existencia de un fondo documental de aproximadamente 2.000 cajas en el archivo central del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia (Cacim); no cuentan con un plan de trabajo estructurado que permita establecer cantidades documentales, tiempo, recursos y mecanismo de seguimiento y medición para adelantar el proceso de organización”, se lee en el documento.
En la producción de inteligencia y contrainteligencia militar, la valoración causó preocupación en la misma fuerza. “Se evidenció ausencia de planeamiento, participación del Estado Mayor y aporte operacional en la elaboración de la misión de trabajo del Badoo, Batallón de Gestión Operacional”.
La revista militar agrega que esto va en contravía de los lineamientos que exigen el “planeamiento previo, que comprende la autorización superior y control para garantizar la trazabilidad de actividades de inteligencia y contrainteligencia”.
Para Diego Molano, exministro de Defensa, estos informes demuestran el deterioro que sufrió todo el sistema durante el Gobierno Petro. “En los últimos cuatro años se ha debilitado de manera notoria la inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía. En primer lugar, porque con la sacada de más de 83 generales de la república se debilitó el mando y el control. Muchos de ellos pertenecían a las armas de inteligencia y contrainteligencia”, dijo Molano.
Agregó que esta clase de informes son consecuencia del golpe que han sufrido las fuerzas. “En estos documentos se muestra que se han perdido no solo las capacidades de inteligencia, sino el control de los recursos y de la prestación de los protocolos de inteligencia establecidos por la ley”.
En igual línea se manifestó el coronel del Ejército de la reserva activa Carlos Soler, consultor en temas de seguridad nacional.
“Esto es consecuencia de haber desbarajustado la inteligencia militar y policial, que tiene que ser recuperada de manera prioritaria. Y si lo poquito que colocan allí aparentemente no se controla bien, la información puede terminar en manos de personas inescrupulosas”, explicó el coronel (r) Soler.
Frente a la seguridad militar, la auditoría interna descubrió deficiencias de procedimientos. “No se encuentran correctamente elaborados conforme a la normatividad vigente. De igual manera, se evidenció que la BRCIM1 no cuenta con los FIP actualizados del personal civil”.
Sobre este informe revelado por SEMANA, el Ejército confirmó la información e indicó que en marzo adelantó una inspección a los procesos y procedimientos de contrainteligencia militar, detectando 17 hallazgos sin ningún tipo de incidencia disciplinaria, administrativa, fiscal ni penal. En este caso advierten una irregularidad más; el documento en poder de este medio plantea 16. “Dentro del respectivo análisis y formulación de tareas, permitió desarrollar un plan de mejoramiento, que será auditado nuevamente en el mes de agosto del presente año”, sostuvo el Ejército.
Olla podrida
En enero de 2026, SEMANA reveló un escándalo en el Ejército por la forma como algunos militares de inteligencia se estarían apropiando del dinero de los gastos reservados, tratando de legalizar fuentes que, presuntamente, habían dado información sobre cabecillas.
Uno de los casos expuestos fue el de Edilberto Marín Gómez, alias Paisa Duber, de las disidencias de las Farc, quien murió luego de una operación de inteligencia. De acuerdo con la denuncia, oficiales buscaron la manera de cobrar, al parecer de manera ilegal, la recompensa que se estaba ofreciendo por el cabecilla.
La fuente que había dado la información fue asesinada, y algunos militares de inteligencia la habrían suplantado para engañar los filtros del sistema de gastos reservados y quedarse con los recursos.
El caso fue denunciado por un militar que se dio cuenta de la trampa y delató a un teniente coronel, un mayor y un sargento, quienes habrían ideado el macabro plan. El asunto, denunciado por SEMANA, destapó lo que sería una olla podrida dentro del Ejército con el manejo de los gastos reservados. Tras la publicación de la información, la Fiscalía abrió investigación con el propósito de llegar al fondo de los señalamientos.
De manera paralela, este medio también reveló cómo en Arauca un oficial legalizó dineros de gastos reservados, y no cumplió con la misión que le había sido designada. El uniformado tenía que recopilar información de inteligencia que permitiera anticipar hechos terroristas del ELN. Sin embargo, aunque el oficial había informado que había cumplido con la misión, las pruebas demostraron lo contrario.