El 13 de mayo de 2025, Sammy Ernesto Rodríguez, entonces mayor del Ejército, quien fue edecán del presidente Gustavo Petro, es decir, su asistente personal y supervisor de la seguridad de Casa Militar, se vio envuelto en un escándalo por la acusación de una oficial por presunto acto sexual y violencia de género.
Según la denuncia, ese día la uniformada auxilió a Rodríguez para pagar un taxi y lo trasladó en su vehículo particular a las instalaciones del Cantón Militar de Palonegro, en Bucaramanga. En ese recorrido, de acuerdo con la mujer, el asistente personal del presidente Petro le dijo: “Usted sabe hacer el amor rico”. Acto seguido, le tocó los senos, según el expediente.
Lo más grave es que la víctima iba con su hijo menor de edad en el vehículo. Cuando ella le exigió respeto, el exedecán de la Presidencia, de acuerdo con la información conocida por SEMANA, habría intentado tocar las “partes inferiores” del niño. Esto provocó una reacción mucho más acalorada de la mujer.
Sin embargo, el entonces mayor Rodríguez descendió del vehículo para insultar a la oficial con palabras de grueso calibre, según la denuncia: “Perra, malparida, hijueputa, devuélveme el celular, la voy a enviar para la mierda y no la voy a dejar ascender porque yo trabajo con Petro”. Hasta un sargento, a quien la víctima le pidió auxilio, escuchó las ofensas del militar que continuaban en este tono: “Una perra hijueputa que por eso le tenía que dar por el culo”.
Casi un año después de ese hecho, la Procuraduría decidió llevar a juicio disciplinario a Rodríguez tras una minuciosa investigación. Se concluyó un posible acoso sexual contra la víctima por la relación jerárquica de superioridad y el supuesto uso de su grado y condición con el Gobierno, aparentemente, para obligarla a sostener relaciones sexuales con él.
Desde el 24 de abril de este año, la Procuraduría intentó ubicar al mayor Rodríguez para notificarle la decisión disciplinaria en su contra. Sin embargo, el acusado primero pidió autorización para ingresar al ente de control con el fin de atender el requerimiento, pero nunca llegó.
Días después se le notificó a Casa Militar y hasta el 4 de mayo apareció explicando que estaba hospitalizado. Aunque le informaron que podía autorizar dicha notificación por correo, tampoco lo hizo.
Al día siguiente, Casa Militar, liderada por el coronel Hair Ardila, respondió que no pudo notificar al oficial investigado, pues informó su ingreso al Hospital Militar, en Bogotá, y envió una copia de una incapacidad médica, que comenzaba el 6 y finalizaba el 26 de mayo de este año.
Así fue como, con la ayuda de Casa Militar, el exedecán del presidente Petro habría evadido el llamado a juicio, que implicaría, según la ley, el fin de su carrera y no podría ascender con esas acusaciones tan graves.
Con Rodríguez se habrían burlado los decretos 1790 y 1799 de 2000, que establecen que, para que un oficial pueda ascender en la fuerza, debe tener concepto favorable de la junta asesora y no tener auto de cargos en su contra para entrar a la lista de clasificados. Esas dos mínimas condiciones no las habría cumplido el ahora coronel Rodríguez.
A la Defensoría del Pueblo le tocó designar a la abogada de oficio Aura Cecilia Carrascal para notificarle la decisión de cargos y avanzar en este proceso disciplinario.
Paralelo a esa investigación, las Fuerzas Militares empezaron a verificar uno por uno los más de 800 ascensos de oficiales pendientes. Como era de esperar, en medio de esa revisión, apareció el nombre del mayor Rodríguez.
El 8 de mayo de este año, la Procuraduría contestó una petición del coronel Elsuar Jaime Acosta López, asesor jurídico de la Dirección de Personal del Ejército (Diper), informándole que el exedecán del presidente tenía un pliego de cargos en su contra.
Tres días más tarde, el ente de control volvió a contestar dos solicitudes del coronel Acosta, confirmándole que sobre el mayor Rodríguez había un acto formal para imputarlo por este proceso disciplinario desde abril de este año.
El 27 de mayo, la Procuraduría le volvió a exponer esa información al Comando General de las Fuerzas Militares. Ese mismo día, el caso pasó a la Sala de Juzgamiento para acusar al exedecán. Había suficientes notificaciones, alertas, información y argumentos para que el ascenso del entonces mayor no se diera, de acuerdo con la ley.
Dos semanas después, esa misma información le fue entregada al coronel Norbey Roberto Ibáñez Rodríguez, director de Personal del Ejército Nacional, a quien le reiteraron que el entonces asistente del presidente Petro estaba investigado y con un llamado a juicio por el presunto acoso sexual que habría cometido contra una de sus compañeras de trabajo.
Pese a que la Procuraduría intentó notificar de todas las formas el proceso que avanzaba contra Rodríguez, el primero de junio de este año, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, firmó el Decreto 0553 de 2026, en el que se autorizó el ascenso del ahora teniente coronel Sammy Rodríguez Lemus.
Esa decisión provocó indignación entre las tropas, según conoció SEMANA. De hecho, el propio comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, se opuso al ascenso de Rodríguez.
¿Qué pasó?
SEMANA contactó fuentes militares para buscar una respuesta sobre por qué no se atendieron las advertencias de la Procuraduría acerca del ascenso de Rodríguez. Sin embargo, la versión en ese sector es mucho más desconcertante. Las fuentes contactadas por esta revista detallaron que la junta asesora nunca contempló el nombre del mayor Rodríguez para su ascenso a grado de teniente coronel y sostuvieron que dicho decreto se cocinó y salió directamente del Ministerio de Defensa.
En las Fuerzas Militares consideran que el nombre del exedecán, presuntamente, fue incluido en el despacho del ministro Sánchez por una orden directa de Presidencia. De hecho, a finales de junio de este año se conoció que Petro frenó más de 800 ascensos de oficiales del Ejército, presuntamente, para incluir el nombre de Rodríguez.
La prueba estaría en una de las primeras listas que la junta asesora le envió al Ministerio de Defensa para el ascenso de los 800 oficiales. Allí llama la atención que no aparecía el nombre del entonces mayor Rodríguez. Desde un principio, su nombre no estaba considerado para esa promoción.
Esta revista contactó a la oficina de prensa de la Casa de Nariño para buscar respuestas sobre este delicado caso, pero contestaron: “En Presidencia no se maneja el tema de ascensos. Corresponde a Mindefensa”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó: “La junta clasificadora en la que se estudió al oficial en cuestión se adelantó el 13 de abril de 2026 y la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional se adelantó el 22 de abril del presente año”.
El ministro Sánchez destacó esas fechas para asegurar que hay “evidencia” de que las sesiones de las juntas para evaluar los ascensos se dieron antes de la notificación de la formulación de cargos, que “fue comunicada oficialmente por la autoridad competente el 8 de mayo de 2026”. A juicio de los expertos consultados, allí se habrían pasado por alto las “jugaditas” del exedecán para no ser notificado del proceso en su contra.
Sánchez dijo que el llamado a juicio disciplinario contra Rodríguez “no hacía parte de los antecedentes que obraban en el expediente administrativo sometido a consideración de los órganos colegiados al momento de sesionar y emitir su recomendación”.
El hoy coronel Rodríguez también es investigado por las ofensas pronunciadas contra el personal militar del Cantón Palonegro en Bucaramanga el mismo día del presunto acto sexual, así como por el permiso que no habría tenido para desplazarse a la capital de Santander y por el supuesto incumplimiento de las jornadas de clase para el curso de ascenso.