Con la caída de Edilberto Marín Gómez, alias Paisa Duber, un hombre de confianza de Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, quedó al descubierto la que sería una perversa operación criminal encabezada por oficiales del Ejército para robarse los dineros asignados al pago de recompensas. Los recursos salen de los llamados gastos reservados, fondos que se manejan con confidencialidad, lo que hace más difícil detectar las irregularidades. SEMANA revela en exclusiva lo que está ocurriendo.
El 25 de abril del año pasado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y su cúpula informaron de la muerte, en desarrollo de operaciones militares, de alias Paisa Duber, uno de los delincuentes más buscados en el Guaviare.
Un año antes, en 2024, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien diera información de este disidente de las Farc. En 2025, el perfil del criminal fue elevado y el monto por quien ayudara a encontrarlo llegó a los 100 millones de pesos.
La importancia del Paisa Duber como objetivo para la fuerza pública era alta. Se trataba de la mano derecha y uno de los jefes de seguridad de Mordisco, líder máximo de las disidencias del Estado Mayor Central. Además, era la cabeza del frente Armando Ríos, que delinque en Guaviare y Caquetá.
Para ubicar a este criminal, el Ejército y la Policía pusieron en marcha un plan de infiltración de su estructura delictiva. Los uniformados encargados de combatir los objetivos de alto valor lograron lo impensable: reclutar a uno de los hombres de confianza de Duber, quien les brindaba información certera sobre los movimientos del cabecilla; qué hacía, con quién dormía y en qué zonas se movía. Todo lo sabía la inteligencia militar y policial.
Pese a la información que conocían de primera mano, las autoridades llegaron a un punto en el que no resultaba suficiente para dar un golpe certero contra el escurridizo hombre de confianza de Mordisco. Por eso, la inteligencia convenció al infiltrado para que introdujera un sistema electrónico en los objetos personales del Paisa Duber y así “poderlo marcar” (hacerle seguimiento) en tiempo real.
La fuente de inteligencia accedió. En medio de un envío de material de guerra e intendencia que les llegó a las disidencias de las Farc, se camufló el dispositivo electrónico que les permitió al Ejército y a la Policía tener las coordenadas del Paisa Duber.
En las labores secretas del infiltrado en las disidencias de las Farc, ocurrió lo inesperado: la fuente fue descubierta por el Paisa Duber y la suerte que corrió el soplón fue aterradora.
Según la información en poder de SEMANA, el Paisa Duber encomendó al más sanguinario de sus hombres para que torturara a alias Brandon (el infiltrado) con el fin de sacarle información. Este hecho fue confirmado por las propias disidencias de las Farc, que, a través de sus panfletos, indicaron el 14 de abril de 2025: “Descubrimos un miliciano llamado Brandon, venía trabajando articulado con ese grupo paramilitar (...) advertimos que quien sea sorprendido en estas actividades pagará las consecuencias de sus actos”.
Con la tortura y el asesinato de Brandon, el Ejército se quedó sin el informante en el terreno, pero con una ventaja que no conocía el Paisa Duber: seguía siendo monitoreado constantemente por el equipo electrónico que la fuente había logrado camuflar. Pese a las torturas, nunca lo contó y se llevó el secreto a la tumba.
En ese mismo mes, con la información que arrojó el dispositivo controlado por la inteligencia policial y militar, comandos élite de las dos fuerzas lanzaron la operación contra el Paisa Duber y sus hombres en las selvas entre Caquetá y Guaviare. El resultado fue exitoso. Murieron el Paisa Duber y alias Pollo Purino.
La operación fue impecable, un duro golpe a la moral de las disidencias de las Farc, pues venían ganando terreno en esa zona del país.
¿Corrupción a la vista?
Pero la avaricia propia de los delincuentes parece haber corrompido a altos oficiales de inteligencia del Ejército que participaron en la operación militar, identificados como un teniente coronel (Álvarez), un mayor (Mera) y un sargento (Piracoca).
Los uniformados sabían que el Ministerio de Defensa estaba ofreciendo por el Paisa Duber una jugosa recompensa pública de hasta 100 millones de pesos y pensaron, seguramente, que esa plata no se podía perder y se la iban a quedar.
Según una grave denuncia en poder de SEMANA, que llegó a la Fiscalía el pasado 15 de enero, los tres militares, del mismo modo en que usaron la inteligencia para llegar al Paisa Duber, habrían puesto en marcha un oscuro plan para quedarse con los dineros de la recompensa.
De acuerdo con la denuncia, los uniformados echaron mano de una informante de vieja data que trabajaba para el Ejército en el Guaviare, quien ocasionalmente les entregaba información sobre movimientos sospechosos en la región y sus reportes siempre eran positivos.
Esta mujer aparece en los registros del Ejército bajo el alias de la India. Según conoció SEMANA, los militares la convencieron para que asumiera el papel de Brandon, el infiltrado asesinado. La jugada era perfecta, pensaron los militares. Finalmente, la información había sido clara, el dispositivo de ubicación había funcionado y quien debía cobrar el dinero había muerto en la misión. No había forma de que se cayera la coartada.
El nombre de alias la India ya estaba en los registros del Ejército como informante. Contaba con los soportes de la cuenta bancaria secreta en la que se le podían consignar los dineros y había trazabilidad de que se trataba de una informante recurrente de la institución.
A la mujer la entrenaron para que con pelos y señales dijera cómo se ejecutó la operación contra el jefe de las disidencias de las Farc, según la información en poder de los fiscales. En resumidas cuentas, los militares le dieron un guion a la medida e información sensible para convencer al comité de recompensas de que, gracias a esa información, se había logrado el positivo militar.
Pero los uniformados fueron más allá. Según la denuncia sobre la forma en que se estarían apropiando de los dineros de gastos reservados, ellos se apegaron a la normativa interna del Ministerio de Defensa, en especial a la directiva ministerial permanente 012, que define los criterios para el pago de información en actividades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal.
En la citada directiva, el Ministerio de Defensa señala que por objetivos de alto valor, como era el caso de alias Paisa Duber, están dispuestos a pagar hasta 1.153 salarios mínimos mensuales, es decir, más de 2.000 millones de pesos.
En la denuncia que llegó a la Fiscalía en días pasados, se asegura que los tres militares pidieron que a la falsa informante, alias la India, le pagaran 594 millones de pesos.
Un oficial que conoció toda la operación encendió las alarmas y advirtió a otros uniformados que lo de alias la India no era más que un montaje de algunos militares para quedarse con el dinero.
En la denuncia, con el radicado 4.772, se avisa de presuntas irregularidades administrativas, operacionales y posibles actos de corrupción en el caso del Paisa Duber. “La India es una persona posiblemente desconocida y no aportó información de inteligencia sobre el dispositivo, composición, fuerza y ubicación de integrantes del frente primero Armando Ríos”, reza el documento, que detalla un plan para apropiarse de los dineros de gastos reservados en el Ejército.
A raíz de la situación, en el Ejército estalló una guerra entre los tres militares y quienes los denunciaron. Se iniciaron persecuciones, traslados y señalamientos contra quienes se opusieron a formar parte del hecho delincuencial. Los denunciantes terminaron siendo acosados por cumplir con su trabajo, según testimonios e información a la que accedió este medio.
Además, porque quedó en evidencia que ese patrón se podría estar presentando en otras operaciones militares luego de la ampliación de la política de pago de recompensa que puso en marcha el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario, en los últimos meses, ha venido elevando las recompensas para quienes brinden información para ubicar a objetivos de alto valor o que permitan frustrar acciones terroristas en el país.
Por esta vía se estaría incentivando, sin ser este el objetivo, que agentes de la fuerza pública planeen y ejecuten los considerados falsos positivos con los gastos reservados de inteligencia.
Ataque anunciado
Pero el asunto va más allá del pago a los informantes. El dinero para las labores de inteligencia también estaría siendo legalizado, sin que se cumplan las tareas que buscan no solo hallar a los objetivos de alto valor, sino también proteger las vidas de militares, policías y civiles.
En septiembre de 2024, la base militar de Puerto Jordán, en Arauca, fue blanco de un violento ataque terrorista de la guerrilla del ELN. El grupo criminal ubicó volquetas adaptadas con rampas para lanzar cilindros bomba contra los uniformados. En el atentado murieron tres militares y 26 más resultaron heridos.
Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que dicha acción había sido advertida en un radiograma interno cinco días antes. Para aclarar la situación y evitar un ataque, se había encomendado a un mayor del Ejército para que hiciera trabajos de inteligencia y contrainteligencia.
Sin embargo, en otra denuncia que cursa en la Fiscalía y que conoció SEMANA, el oficial no había ejecutado la tarea de inteligencia; por el contrario, habría inventado un informe falso de una orden de operaciones en la que narraba paso a paso las acciones que supuestamente había desarrollado, con el fin de justificar los cerca de 2.000.000 de pesos que recibió de gastos reservados para desarrollar la misión de inteligencia y contrainteligencia.
El mayor se habría inventado, según la denuncia que está en la Fiscalía, que del 12 al 20 de septiembre efectuó acciones de inteligencia y contrainteligencia en Puerto Jordán, Arauca.
“Pernocté en el corregimiento de Puerto Jordán en un sitio que me diera seguridad”, dice el mayor en la misión de trabajo 0031-7786 de la Décima Octava Brigada del Ejército. Sin embargo, varios oficiales constataron que, para la fecha en la que el mayor dijo encontrarse en Puerto Jordán, estaba en las instalaciones de la Décimo Octava Brigada, ubicada a unas cuatro horas de la base militar de Puerto Jordán.
“Si el mayor hubiera hecho su trabajo de inteligencia y contrainteligencia, el ataque terrorista se hubiera evitado”, le dijo una fuente judicial que investiga el caso a SEMANA.
La mentira del mayor, aseguraron las fuentes, se cae por su propio peso. En la misión de trabajo siguió reportando que el 17 de septiembre de 2024, el día del ataque terrorista, y el 18 de septiembre durmió en el corregimiento de Puerto Jordán, en “un sitio que me brindaba las medidas de seguridad”.
“El día 17 de septiembre, estando en el corregimiento de Puerto Jordán, no pude realizar capacitaciones programadas ni actividades enmarcadas dentro de la misión de trabajo, esto a razón de que la base militar fue objeto de ataque terrorista”, reportó el mayor a sus superiores en un documento rotulado como “ultrasecreto”, conocido por SEMANA.
Al igual que en el caso del Paisa Duber, en el Ejército se desató una guerra interna buscando identificar a quienes se atrevieron a denunciar los graves hechos en la Fiscalía. La operación se convirtió en una cacería de brujas interna.
General salpicado
Otro presunto falso positivo con dinero de los gastos reservados estaría relacionado con el polémico general Federico Mejía, responsable de la cuestionada operación Perseo, quien habría tenido vínculos con las disidencias de las Farc en el Cauca, según lo que se ha denunciado hasta ahora.
SEMANA tiene en su poder un documento con la firma y el sello del general Mejía como comandante del Comando Específico del Cauca en el que registra una serie de pagos para temas logísticos y dineros que habrían ido a parar a manos de un teniente coronel y dos suboficiales.
De acuerdo con fuentes militares, ese dinero no puede incluirse dentro de los rubros de gastos reservados, hecho que demostraría que, presuntamente, el general Mejía habría usado el dinero como una especie de caja menor.
En los rubros se incluyen pagos de internet, habitaciones para oficiales y suboficiales, arreglos de impresoras, almuerzos, refrigerios, compra de una antena satelital Starlink, sistema personal de toma de notas para perforadora Office Depot, tres paquetes de argollas por 500.000 pesos, papelería, tinta, combustible y peajes.
Fuentes militares le dijeron a SEMANA que la normativa de gastos reservados no está reglada para esta clase de erogaciones. Los mencionados dineros son para recoger información y no para arreglos de impresoras o comprar elementos de papelería.
Sobre el caso del general Federico Mejía, fuentes militares de alto nivel confirmaron que están al tanto y que se informó al Comando del Ejército para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. Asimismo, le confirmaron a SEMANA que los presuntos usos indebidos de los dineros por parte del oficial se habrían dado entre 2023 y 2024, cuando era comandante del Comando Específico del Cauca.
Este medio se comunicó con el general Federico Mejía, actual comandante del Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae), para consultarlo por estos hechos. El oficial aseguró no tener conocimiento del caso y afirmó: “No tengo ni idea. Deben investigar. Es importante que se investigue, se determinen las conductas y se sancione a los responsables si los hay”.
Las fuentes confirmaron que la próxima semana se hará una junta de transparencia en la que se revisará en qué estado se encuentra la investigación que salpica al general Mejía con el presunto manejo indebido de los dineros de gastos reservados del Ejército.
En momentos en que Colombia afronta una grave crisis de seguridad y una amenaza terrorista a gran escala en diferentes regiones, estas denuncias de malos manejos de los gastos reservados del Ejército causan una profunda indignación. La Justicia tiene la palabra.
