La Corte Suprema de Justicia abrió indagación formal contra la representante a la Cámara y expresidenta de la Comisión de Acusaciones Gloria Arizabaleta. La acusan por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. Sin embargo, detrás de la denuncia que presentó Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, habría una historia de presiones, irregularidades y un intento de montaje judicial.
SEMANA conoció parte de las pruebas que reposan en la Corte Suprema, en especial los chats entre la representante Arizabaleta y el abogado Carranza, cuyo contenido revelaría un plan de este último para abrir un proceso contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez, reconocido antagonista del presidente Petro.
El chat, que forma parte de la investigación de la Corte Suprema, fue presentado para supuestamente probar que la congresista, quien estuvo en el triunvirato que investigaba al presidente Petro por la presunta financiación de la campaña electoral con fuentes prohibidas, habría cometido irregularidades al enviarle a Carranza el ‘Auto Inhibitorio Rad 5914_febrero 2026.dox’.
El mensaje fue enviado el pasado 20 de febrero y se trataba de un borrador del documento con el cual el representante Alirio Uribe planteaba la ausencia de dolo del presidente Petro con la finalidad de no investigarlo por las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
Arizabaleta era la esposa de Roy Barreras y se divorció de él iniciando el Gobierno, pero luego vino otro divorcio, esta vez del Gobierno del presidente Petro. El motivo del distanciamiento fueron las pruebas que venía acumulando en la investigación y que no le dejaban duda de los ingresos ilegales de dineros a la campaña presidencial.
Mientras avanzaba el proceso, la investigadora Arizabaleta seguía teniendo interlocución con el Gobierno Petro y con su abogado Carranza, quien volvió a aparecer el pasado 8 de abril con una escandalosa solicitud que no fue acogida.
Alejandro Carranza: Me tienes abandonado.
Gloria Arizabaleta: Para nada! Trabajando para tiiiii.
A.C.: Ya quisiera yo.
G.A.: Pero cómo estás de modaaaa (sic).
A.C.: Ja.
A.C.: Ayúdame con la compulsa a la Fiscalía a NHM.
A.C.: Por fissssssss.
G.A.: Ah! Verdad!
A.C.: Te la hago?
G.A.: Siii.
NHM es el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Al parecer, el presidente Petro, a través de su abogado, buscaba instrumentalizar a Arizabaleta para llevar a juicio a Martínez por el caso de Odebrecht.
El asunto es así: en el marco de las investigaciones por Odebrecht, el caso de Martínez había llegado a la Comisión de Acusación por su fuero como fiscal. Allí no ocurrió nada, pero quedó el expediente. Por eso, lo que buscaban era compulsarlo a la Fiscalía para que se reabriera en la justicia ordinaria.
Como se lee, el abogado Carranza hace una propuesta inusual que podría configurar un delito al plantear que él mismo puede redactar la compulsa: “¿Te la hago?”. La representante, pese a la presión, nunca atendió la solicitud y no hubo compulsa.
Ante este escandaloso plan, SEMANA se comunicó con el exfiscal Martínez, quien advirtió que Carranza tiene malas prácticas en derecho y es algo con lo que ha tenido que lidiar, pero, en esta ocasión, advirtió que lo llevará ante tribunales penales y éticos.
“Durante estos cuatro años estuve sometido a una persecución criminal. Por ello no me extrañan las triquiñuelas del abogado Carranza y su afán de compulsarme copias ante la Fiscalía, con ocasión de mis denuncias penales contra su cliente Gustavo Petro. Denunciaré a Carranza penalmente y ante la Comisión de Disciplina Judicial”, afirmó el exfiscal.
La representante Arizabaleta tenía claras las supuestas irregularidades de la campaña, y lo confirmó, tal como contó a SEMANA, en una visita que hizo a Estados Unidos buscando obtener las pruebas de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, sobre la presunta financiación ilegal de la campaña de Petro por parte de criminales.
Después de este viaje, Arizabaleta mantuvo un diálogo amistoso con el abogado Carranza. Para el país, había dos votos fijos a favor del presidente Petro, el del representante Alirio Uribe, amigo personal del primer mandatario, y el de Arizabaleta, pero no fue así.
La aparente amistosa relación con Carranza cambió cuando el 4 de junio, con aparente amabilidad, el abogado recriminó a Arizabaleta preguntándole: “¿Por qué nos cascas?”.
A.C.: Hola mi preferida Rep.
A.C.: Por qué nos cascas.
A.C.: Déjate ver.
A.C.: Por favor.
G.A.: Hola mi Vidaaa.
G.A.: Pero me falta arrodillarme y… para que me veas.
El mensaje tiene como contexto que, el día anterior, el jefe del triunvirato investigador, Alirio Uribe, radicó un auto para inhibir a Petro de las irregularidades de su campaña. Arizabaleta presentó un salvamento de voto marginándose de la decisión y, contrario a la posición del congresista petrista, pidió investigar formalmente al presidente.
Una semana después, Arizabaleta dejó de ser la “representante favorita”, porque además de solicitar la investigación contra Petro, el 10 de junio ordenó la suspensión temporal del mandatario. La medida desató un escándalo, fracasó y generó la suspensión de Arizabaleta por parte de la Procuraduría.
Al día siguiente, el abogado del presidente Petro anunció que radicó una denuncia contra Arizabaleta: “El señor presidente de la república me dio la instrucción precisa de formular denuncia ante la Corte Suprema en contra de la señora representante y así se hizo”.
SEMANA se comunicó con el abogado Carranza para conocer su posición sobre estos mensajes. Lo primero que advirtió es que le sorprendía la consulta porque las actuaciones y la información son reservadas.
Agregó: “No participé jamás en ninguna negociación con la representante Arizabaleta. Nunca permití que me inmiscuyera en ninguna clase de negociación corrupta, en mi desempeño como abogado. No pedí jamás a la representante ningún documento extraoficialmente y cuando la representante trató de usar la información para crear algún acto irregular la ignoré hasta el grado de denunciarla y poner a disposición de la Corte lo que tenía a mi alcance”.
Sobre la solicitud de enviar una compulsa para que fuera investigado el exfiscal Martínez, afirmó: “No solo se lo solicité a ella, a la Corte, a la judicatura, a la Fiscalía. Lo hice porque Néstor Humberto rindió una declaración en la que mintió bajo la gravedad de juramento, en una audiencia en la que dejé constancia que yo obraba como abogado del presidente y que también me desempeñaba como representante de víctima de la ANI, por lo cual lo que él dijera en esa audiencia podía tener incidencia en los procesos que represento de Odebrecht”.
Y afirmó: “Todo tiene soporte y se entregó a la Corte, también porque considero que Arizabaleta usaba su cargo para generar presiones y omitir sus deberes”.
Pese a la prueba en su contra, Carranza le negó a SEMANA haberle propuesto a la investigadora la opción de redactarle la compulsa de copias contra el exfiscal Martínez para que ella le pusiera su firma y la presentara ante la Fiscalía.
También fue consultada la representante Arizabaleta sobre estas conversaciones y la indagación en su contra. Sobre el envío de la ponencia de la investigación contra Petro en la Comisión de Acusación, afirmó: “No hubo ninguna actuación irregular. El documento fue remitido a quien tenía la condición de sujeto procesal dentro de la actuación”. Por tanto, ella aseguró que no existió intención de favorecimiento.
Frente a la compulsa contra el exfiscal Martínez, dijo: “Nunca promoví una compulsa por supuestas coimas ni adelanté las actuaciones que algunos pretendían que realizara. Justamente porque no accedí a esas presiones fui objeto de insistencias y cuestionamientos”.
Sobre el distanciamiento frente al Gobierno Petro, afirmó que las actuaciones “siempre estuvieron guiadas exclusivamente por criterios jurídicos, siempre las hice en estricto derecho, aplicando la Constitución y la ley sin consideraciones políticas”.
La representante, ante la indagación que acaban de abrir, afirmó: “Demostraré, con pruebas y documentos, que actué con independencia, que jamás cedí a presiones externas, que nunca vulneré la reserva de la investigación. Todas mis decisiones estuvieron sustentadas en el ordenamiento jurídico”.