La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le ha costado a los colombianos más de 37.000 millones de pesos en los últimos nueve años, pero no hay elementos para demostrar su rendimiento. La gigantesca contratación no es proporcional a los resultados. SEMANA revela archivos del crítico panorama en la instancia que se encarga de indagar a los funcionarios más poderosos del Estado.
En respuesta a un derecho de petición, la División Jurídica de la Cámara aseguró que la Comisión suscribió 1.420 contratos entre 2018 y 2026 para apoyar su funcionamiento y las investigaciones en contra del presidente, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes. Detrás de esos números hay múltiples interrogantes y datos que ponen en tela de juicio la efectividad de esa célula legislativa.
Al revisar los documentos allegados, se pueden notar dos episodios que motivan interrogantes por un inusual aumento exponencial del gasto.
Mientras que en 2023 se pagaron 4.914 millones de pesos en honorarios por 294 contratos, en 2024 el desembolso ascendió a 6.389 millones de pesos por 224 contratos. Es decir, el gasto aumentó un 30 por ciento, pese a que se suscribieron 70 contratos menos.
Entre 2024 y 2025, el gasto en honorarios de la Comisión aumentó y pasó de 6.389 millones de pesos a 10.985 millones, un incremento del 72 por ciento, registrando así la subida más cuantiosa en los nueve años analizados. Lo más alarmante es que tal inversión de dinero solo significó 30 contrataciones adicionales. ¿4.596 millones de más para tan pocos nuevos contratos?
Ahora bien, si se miran los datos de manera global, hay una cifra aún más preocupante. Entre 2023 y 2026, el periodo en el que se registraron los incrementos más considerables, también se concentró el 78 por ciento del total del gasto de los nueve años. Una suma estrafalaria de dinero que asciende a 29.393 millones de pesos, que contrasta con los pobres resultados en sus expedientes.
Desorden en la Comisión
La Comisión de Acusación, en otro derecho de petición, le reconoció a SEMANA que no tiene una base de datos consolidada, validada y completa que le permita establecer con certeza cuántas investigaciones ha recibido, cuáles siguen activas, qué congresistas las tienen a cargo y qué actuaciones se han practicado en los últimos 16 años.
“La información no se encuentra consolidada en un sistema histórico que permita obtener todas las estadísticas solicitadas con el nivel de detalle requerido”, dijo la Secretaría. Y se suministraron una serie de números que están agrupados en un documento de Excel, unos más cuestionados que otros.
Datos parciales de la Comisión dan cuenta de 6.210 expedientes identificados con un número de radicado. De ellos, 4.569 tienen una fecha de inicio entre 2010 y 2026.
Al consultar por el estado de los procesos, la Secretaría informó que 2.425 siguen vigentes, 3.698 fueron archivados, 28 están en apelación, 28 fueron remitidos por competencia, seis están pendientes de verificación y tres llegaron a la etapa de acusación. Según la documentación, en 16 años apenas tres procesos han alcanzado esa etapa.
El desorden es tanto que, en la misma respuesta, la Comisión no da certeza sobre la cantidad real de procesos vigentes ni las causales por las que otros fueron archivados. “Los registros marcados como ‘vigentes’ no equivalen, necesariamente, al número certificado de procesos activos a la fecha de respuesta, ni la categoría ‘archivado’ permite establecer, por sí sola, cuántos asuntos terminaron por preclusión u otra decisión equivalente”, se le informó a SEMANA.
No solo eso. La Secretaría expuso que los tres registros marcados como “acusación” no permiten determinar por sí solos el número total de acusaciones remitidas al Senado.
Tampoco sabe cuántos expedientes están pendientes de actuación procesal, las razones jurídicas de cada archivo o la totalidad de decisiones adoptadas durante el periodo estudiado (2010-2026).
Un órgano de tal trascendencia, con la responsabilidad de investigar a los funcionarios más poderosos de la nación, sumido en un desorden administrativo que compromete sus resultados, mientras absorbe millonarios recursos de los colombianos.
Sin registros
La Comisión de Investigación y Acusación reconoció que la información no está completa en todos los registros y no existe una consolidación que permita establecer el número actual de expedientes asignados a cada representante, calcular el promedio de asuntos por investigador o reconstruir la totalidad de asignaciones efectuadas entre 2010 y 2026.
Aunado a ello, la relación de expedientes tampoco contiene estadísticas consolidadas sobre el número de pruebas testimoniales, documentales o periciales practicadas, las solicitudes probatorias negadas, las pruebas decretadas pendientes de práctica, las diligencias de versión libre, los testimonios o declaraciones realizadas. Mucho menos hay un registro de las colaboraciones con la Fiscalía, el CTI o la Policía Judicial.
La polémica no para ahí. Mientras la Comisión investiga, entre otros funcionarios, a magistrados de las altas cortes, hay un grupo de abogados que, aunque contratados para asesorar a la célula legislativa, también aparecen relacionados con procesos de defensa de los congresistas investigadores ante la Corte Suprema. Un posible conflicto de intereses a la vista de todos.
El abogado Wilson Andrés Cadena recibió 203 millones de pesos en contrataciones entre 2022 y 2026. Fue defensor del representante Juan Carlos Wills en una investigación ante la Corte Suprema relacionada con el caso del magistrado Francisco Farfán.
Por otro lado, el togado Luis Carlos Torregroza Díazgranados recibió 409 millones de pesos y fue abogado defensor del representante Wadith Manzur, investigado por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Con este panorama, los nuevos integrantes de la Comisión recibirán una dependencia desorganizada, con numerosos expedientes pendientes, y tendrán el reto de recuperar su credibilidad, afectada por la falta de resultados en investigaciones sensibles, como las relacionadas con la financiación irregular de campañas políticas.