A través de una carta dirigida al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que investiga a los aforados del país, solicitó que se asignen los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento.
“De manera atenta, en mi calidad de presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, me permito reiterar la solicitud en la asignación de los recursos presupuestales necesarios para garantizar el normal funcionamiento de esta comisión y el trámite oportuno de los procesos constitucionales y legales que le competen”, reclamó el presidente de esa corporación, el representante Carlos Cuenca.
El congresista recordó que se requiere este dinero para ejercer la función constitucional, consagrada en el artículo 178, numeral 3 de la Constitución Política, según el cual a la comisión le corresponde investigar y acusar ante el Senado a los altos funcionarios del Estado.
Asimismo, dijo que actualmente hay 2.540 procesos activos, por lo que es importante que se puedan trasladar estos recursos para atender con celeridad y eficacia las investigaciones.
“Agradezco de antemano la atención a esta solicitud y, en consecuencia, señor ministro, se proceda al giro de los recursos en el menor tiempo posible, debido a que este despacho cumple con términos procesales, los cuales son perentorios e improrrogables”, solicitó Cuenca.
La Comisión de Acusación investiga, entre otros, a los presidentes y expresidentes. En el caso de Gustavo Petro contra el exmandatario, hay varios procesos abiertos.
Por ejemplo, el pasado 7 de agosto fue radicada una denuncia en su contra por el delito de instigación a delinquir luego de que Petro sugiriera que se conformaran milicias bolivarianas y populares.
“Cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su red social X, la cual cuenta con varios millones de seguidores, el 3 de agosto a la 1:42 a. m., insta a la creación de unas ‘guardias bolivarianas’, una ‘milicia popular’ armada dirigida por unas ‘asambleas populares’, cuyos miembros estarían facultados para ‘exigir el cambio de mandos’ de la fuerza pública, estaría incurso en la conducta delictiva de instigación para delinquir contenida en el Art. 348 del Código Penal”, dijeron los demandantes.
Asimismo, durante su mandato se investigó lo relacionado con su campaña de 2022 en la que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), se habrían violado los topes establecidos en la ley.
De otro lado, también se adelantaron investigaciones por las denuncias que hizo el excanciller Álvaro Leyva a través de unas cartas que publicó en su momento, en las que se refirió a episodios que supuestamente había vivido con el expresidente Petro en viajes internacionales y durante el tiempo en que ejerció como canciller.
La Comisión de Acusación está compuesta por 17 congresistas de distintas bancadas, de los cuales el petrismo contaría con por lo menos cinco escaños.