La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que investiga a expresidentes, exmagistrados, exfiscales, entre otros altos funcionarios del Estado, se destrabó luego de que el Gobierno De La Espriella girara los recursos económicos para su funcionamiento.
Este martes, 13 de octubre, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien hace parte de la Comisión, confirmó la noticia.
“Dos meses de parálisis de la Comisión de Acusación, pero el Gobierno nacional, a través de las instancias administrativas de la Cámara de Representantes, ya hizo llegar los recursos para finalizar el año”, señaló Briceño.
Ahora, lo primero que harán los 17 representantes e investigadores es contratar a asesores y abogados expertos en derecho penal y disciplinario para avanzar en las investigaciones contra expresidentes, exmagistrados, exfiscales, entre otras personalidades.
“La Comisión puede contratar los equipos para iniciar las investigaciones y se impulsarán los más de 2.400 procesos que hay allí. Esta semana, máximo la siguiente, empezará a sesionar para definir varios de los procesos”, precisó Briceño.
La Comisión estaba paralizada desde el pasado 20 de julio, cuando se posesionó el actual Congreso y no encontró los recursos necesarios para su funcionamiento.
Están pendientes por definir varias investigaciones. De paso, es necesario asignar ponentes en varios procesos, entre ellos, el que le permitirá al país conocer si el expresidente Gustavo Petro incurrió en financiación irregular de su campaña presidencial en 2022.
Recordemos que de tres congresistas que investigaron al exmandatario, dos (Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo) consideraron que había mérito suficiente para seguir adelante con la investigación. Otro, Alirio Uribe, quien hace parte del Pacto Histórico, pidió inhibir al exjefe de Estado.
Los nuevos investigadores y representantes a la Cámara tendrán que evaluar y decidir sobre esta investigación.
La falta de recursos llevó a los directivos de la Comisión de Investigación y Acusación a no designar ponentes en varias de las investigaciones recientes que llegaron a la célula legislativa porque ni siquiera se conocía si los congresistas tenían o no impedimentos en varias de las investigaciones sensibles que se llevan en dicho escenario.
Una de ellas, las denuncias radicadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General por el excontralor general, Carlos Felipe Córdoba, para que se investiguen los seguimientos y perfilamientos hechos por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro.
En la primera denuncia presentada ante la Comisión, se cita directamente el reportaje publicado por SEMANA, donde se advirtió que dicho organismo fue utilizado para perfilar a críticos del gobierno Petro y a opositores.
En esta lista aparece el excontralor general, así como varios líderes políticos, periodistas y representantes de los entes de control.