Un sistema para escuchar comunicaciones, un dron con alta tecnología que derribaron los grupos armados en el Catatumbo y cientos de millones de pesos invertidos en contratación en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro están bajo la lupa de las autoridades. SEMANA divulga detalles de las investigaciones que podrían comprometer a altos exfuncionarios.
La Fiscalía y los entes de control no solo recogen pruebas sobre aparentes interceptaciones ilegales a la oposición y líderes de opinión, seguimientos irregulares a personas, infiltraciones a campañas políticas en la carrera por la presidencia este año y uso criminal de información reservada en la DNI entre 2022 y 2026. También analizan múltiples contratos, documentos, testimonios y transacciones bancarias que darían cuenta de graves inconsistencias en la agencia de inteligencia estatal.
Sistemas de escuchas
El primero tiene que ver con el contrato 058-2023, relacionado con la adquisición de un sistema de monitoreo del espectro electromagnético, especializado en monitoreo, interceptación técnica, análisis y decodificación de señales de radiofrecuencia. Según fuentes consultadas, esto se compró para conocer las conversaciones que tenían los integrantes del ELN y disidencias de las Farc.
Detrás del negocio habría inconsistencias, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República conocido por SEMANA: “Se determinó que la entidad recibió y pagó el sistema sin comprobar completamente su funcionamiento y sin contar con la totalidad de licencias requeridas para operar el software. Algunos componentes fueron sustituidos temporalmente por soluciones diferentes a las contratadas”.
Bajo las instrucciones de Jorge Lemus, que estuvo al frente de la DNI entre agosto de 2024 y enero de 2026, el sistema se acondicionó en dos camionetas que circularon por los departamentos de Chocó y Cauca para escuchar las comunicaciones radiales de la guerrilla.
Aeronave no tripulada
La segunda polémica surge con el contrato 071-2023, destinado a la compra de un sistema de recolección de información mediante una aeronave no tripulada HT100, fabricada por una compañía suiza y diseñada para realizar misiones de vigilancia, reconocimiento, captura de imágenes y video, inspección y transporte de carga.
Los hallazgos de la Contraloría no se limitan a posibles problemas técnicos del equipo, sino que también comprometen la justificación de la contratación, los pagos realizados y la documentación que respaldaba la operación.
Uno de los cuestionamientos tiene que ver con la contratación del proveedor. Supuestamente, no se acreditó con validez que la empresa seleccionada tuviera la condición de proveedor exclusivo, un requisito que resulta relevante para justificar una eventual contratación directa. A esto se sumaron deficiencias en los estudios de mercado, lo que sembró dudas sobre cómo se estableció el valor del negocio y si la entidad evaluó adecuadamente otras alternativas disponibles.
El organismo de control fiscal, asimismo, descubrió problemas en el manejo de los recursos públicos. Al parecer, los documentos presentados para legalizar el anticipo fueron insuficientes y no se acreditó plenamente la transferencia de conocimiento que debía acompañar la entrega del sistema. En otras palabras, no habría quedado suficientemente demostrado que la DNI recibió toda la capacitación y los conocimientos técnicos necesarios para operar y aprovechar la tecnología adquirida.
Otro de los puntos críticos sería la ausencia de pruebas de funcionamiento antes de autorizar los pagos. Esto significa que la entidad habría desembolsado recursos sin contar con una verificación suficiente de que la aeronave y sus componentes cumplían las condiciones técnicas contratadas. Además, la Contraloría advirtió restricciones normativas para utilizar este tipo de tecnología en actividades de inteligencia estratégica.
Fuentes de la Dirección describieron a SEMANA que la aeronave no tripulada costó más de 8.000 millones de pesos y que adelantó labores de inteligencia en el departamento de Norte de Santander. Con base en registros reservados, el dron se estrenó en la región del Catatumbo para esclarecer los movimientos que llevaban los guerrilleros del ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, enfrentados por el narcotráfico y el control social en esa región del país.
Al parecer, se adelantaron tres misiones en conjunto con el Ejército en esa zona fronteriza. La cuarta operación, también en el mismo lugar, no se logró materializar. Versiones que son investigadas por las autoridades judiciales reseñan que la aeronave habría sido derribada a disparos por uno de los grupos armados ilegales.
Otros hallazgos
Al analizar otros casos, la Contraloría aseguró que en la DNI hubo debilidades en la planeación contractual, y las auditorías identificaron reiteradamente varias falencias: “Estudios previos insuficientes; débil análisis de mercado; deficiencias en la determinación de requisitos técnicos; falta de trazabilidad en la identificación de necesidades institucionales; e inadecuada sustentación de presupuestos contractuales”. Supuestamente, estas situaciones afectaron los contratos de infraestructura, adquisiciones tecnológicas y contratación directa reservada.
En el contrato 08-2021, la entidad se demoró más de un mes en entregar un inmueble que tenía arrendado, pese a que el contrato ya había terminado. Durante esos 34 días adicionales tuvo que seguir pagando arriendo y administración. Esa demora generó un gasto de 31.973.788 pesos, que la Contraloría considera un posible daño a los recursos públicos, pues se trata de dinero que habría podido ahorrarse si el inmueble se hubiera entregado a tiempo.
En el contrato 010-2021, el problema fue la falta de planeación para devolver otro inmueble. La entidad no organizó oportunamente el proceso de entrega y tuvo que seguir asumiendo gastos de administración y servicios públicos mientras negociaba con el propietario. En otras palabras, la demora en resolver la devolución de las instalaciones le generó más gastos al Estado.
Control a la DNI
Germán Rodríguez, presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, aseguró que tras estas revelaciones propondrá a los parlamentarios una sesión reservada con el director de la DNI, general (r) Jorge Andrés Zuluaga: “Quiero establecer qué controles se aplicaron, si hubo alertas, quién las recibió y qué medidas se tomaron. También propondré que la Comisión haga seguimiento a las medidas correctivas que se adopten”.
Simón Molina, vicepresidente de la Cámara, manifestó que las personas que tienen que responder por estos hechos son quienes manejaron la DNI durante el Gobierno Petro: “No basta con decir que todo era reservado. Hay que explicar quién ordenó las compras, quién escogió a los contratistas y quién autorizó pagar por equipos y sistemas que hoy están cuestionados. La Contraloría ordenó revisar cinco contratos por más de 20.783 millones de pesos. Estamos hablando de recursos de los colombianos, no de la plata de un Gobierno”.
SEMANA conoció que, además de los hechos narrados hasta ahora, la DNI le compartió información reservada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía sobre eventuales irregularidades en la Administración de Petro.