Ley de financiamiento aprobada: un triunfo amargo

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, acabó de anotarse un gol al lograr que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento. La reforma le permitirá recaudar un poco más de 8 billones de pesos para compensar parte del déficit del Presupuesto General de la Nación en 2019. Con la nueva ley en la mano, Carrasquilla confirmó la máxima del entrenador de fútbol Francisco Maturana según la cual “perder es ganar un poco”, porque aunque iba por 14 billones, obtuvo un poco más de la mitad. Todo es ganancia en medio de un nuevo modelo de relacionamiento del gobierno con el Congreso, basado en escasa mermelada, que llevó a que muchas iniciativas legislativas se hundieran.

El ministro también demostró lo anunciado durante el debate de control político de octubre: que tiene ‘cuero duro’. Este le sirvió para batirse en el Congreso durante mes y medio, aceptar la derrota de su propuesta inicial y concretar las mayorías para respaldar una nueva. No fue fácil. Carrasquilla enfrentó duros cuestionamientos de la oposición y la impopularidad entre los colombianos por su idea de ampliar el IVA a la canasta familiar. Pero al final logró el voto de confianza y sacó adelante la ley.

Por eso este miércoles, cuando la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el texto que venía del Senado, el ministro volvió a sonreír. Con los cambios aprobados a última hora el gobierno podría recaudar 8,3 billones de pesos según cálculos del senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, pues a los 7,1 billones que contempla el gobierno se agregan 700.000 millones de una nueva tasa a los bancos y 500.000 más por gestión de la Dian. Pero el partido no ha terminado y todavía tendrá que pasar duras pruebas. La primera, verificar que los beneficios y ajustes tributarios tengan el efecto positivo en la reactivación de la economía, el crecimiento de la inversión y el consumo. La otra, pasar en la Corte Constitucional porque varios pesos pesados de la política y la economía, como el exvicepresidente Germán Vargas, han anunciado para enero demandas contra algunos artículos e incluso contra la totalidad de la norma. Argumentan errores e irregularidades que harían tambalear la ley.

Estos anuncios no son nuevos. Cada vez que se aprueba una nueva reforma tributaria las personas que se sienten afectadas o quienes hacen oposición interponen recursos en contra. Sin embargo, esta vez podría haber sorpresas. ¿Qué está en juego con la nueva ley?

Desde el comienzo el proyecto anunció ‘zanahoria y garrote’. Para hacer más competitivo el sector empresarial redujo 3 puntos en la tasa de renta –pasará del 33 al 30 por ciento en tres años–, las deducciones en renta del ICA y el 4 por 1.000; el descuento del IVA a bienes de capital y exenciones para la economía naranja, el agro y el turismo. También habrá nuevo régimen para megainversiones (más de 300 millones de dólares), que tendrán contratos de estabilidad jurídica.

Las personas naturales sentirán la mayor parte del ‘garrote’ pues la reforma cambia la retención en la fuente y crea dos nuevas tarifas para quienes ganen más de 33 millones mensuales; habrá impuesto al consumo de 2 por ciento para la venta de inmuebles de más de 918 millones de pesos y revivió el impuesto al patrimonio del 1 por ciento para patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. La norma grava las utilidades superiores a 10,2 millones de pesos con una tarifa del 15 por ciento y para quienes giren utilidades al exterior la tarifa sube al 7,5 por ciento. También crea el IVA plurifásico para cervezas y bebidas azucaradas; y al sector financiero le cobrará unos puntos adicionales en renta: 4 para 2019, y 3 en 2020 y 2021.

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Algunos temas incorporan al tiempo zanahoria y garrote: por la primera, habrá normalización tributaria en 2019 y los capitales en el exterior entrarán si pagan una tarifa del 13 por ciento. Pero va con todo contra la evasión y la elusión: tendrán cárcel a partir de 3.900 millones de pesos, pero si pasa de 8.600 millones de pesos, el delito no será excarcelable aunque el sindicado pague. Por otro lado, crea el régimen ‘Simple’ para las negocios con ingresos inferiores a 2.750 millones de pesos al año, en este caso tiene previstas unas tarifas que dependen del nivel de ventas, que además de los impuestos nacionales y territoriales ya incorporan la seguridad social. Esta idea, que ha entusiasmado al gobierno, no tiene muy contentos a los pequeños comerciantes, que aseguran que las tarifas son elevadas.

Para el ministro Carrasquilla, el balance es bueno porque logró un equilibrio y mantiene los cinco objetivos del gobierno: equidad, progresividad, legalidad, crecimiento y formalidad. Pero no todos piensan así. La discusión de la reforma abrió muchas heridas a quienes sienten que hay más garrote que zanahoria, y algunos no están dispuestos a perdonar los errores cometidos durante el trámite. Esto no solo la pone a tambalear sino que de paso le da más combustible a la ola de incertidumbre frente a la recuperación de la economía.

*Cálculos de senadores

¿Se cae o no se cae?

En enero la nueva Ley de Financiamiento se juega su suerte. No solo porque a partir del primero entran en vigencia algunos de los nuevos impuestos. También porque una vez regresen los jueces de sus vacaciones colectivas, encontrarán demandas a la nueva ley. Varios frentes están armando su artillería. Javier Hoyos, asesor legislativo, asegura que hubo varias irregularidades en el trámite, entre ellas que el ponente en Senado –David Barguil– decidió avalar solo algunas de las proposiciones presentadas por sus compañeros sin llevarlas a una discusión; que una de las proposiciones sin aval del gobierno, la que crea una sobretasa a las entidades financieras, se llevó a votación; que esta sobretasa no se podía aprobar porque no estaba en la ponencia para segundo debate; que de manera irregular votaron en plenaria de Cámara el texto de Senado antes de que los representantes lo pudieran leer. Y finalmente, que argumentaron que este procedimiento era necesario para evitar ir a conciliación de los textos aprobados.

Más de uno ha denunciado fallas y vicios. El excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, en una seguidilla de tuits tras la aprobación de la ley, señaló que la nueva reforma no beneficia a los empresarios ni al país, que cometieron varios errores en el proceso y anunció que en enero ejercerá su derecho para demandar esta iniciativa.

El sector financiero también mostró su descontento con los ‘puntos adicionales’ en renta, que recaen en bancos, aseguradoras, fiduciarias, fondos de pensiones y cesantías, corporaciones financieras e incluso cooperativas de ahorro y crédito. El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, anunció que demandarán ese artículo y junto con su colega del gremio asegurador Fasecolda, Jorge Humberto Botero, argumentan que se trata de una norma discriminatoria, que castiga el éxito empresarial, no contaba con el aval del gobierno y desconoce el principio de equidad horizontal, según el cual todas las actividades productivas deben tener la misma tasa de tributación. Con este artículo el senador David Barguil asegura que el gobierno recaudaría 700.000 millones de pesos, este calcula que serían 500.000 millones mientras que el sector financiero espera que no se haga efectivo este recaudo y que se caiga el artículo.

Por otro lado, las exenciones tributarias para empresas, que entran en vigencia en 2020, tienen un costo fiscal de 8 billones de pesos. Es decir, que esta reforma borra con el codo lo que hace con la mano. El gobierno tendrá que presentar una nueva tributaria en 2019 para tapar el hueco que deja esta Ley de Financiamiento para 2020 si quiere cumplir la regla fiscal. De no aumentar el recaudo, tiene la opción de modificar la regla fiscal, pero esto generaría más dudas en las calificadoras y pondría en peligro el grado de inversión. Más allá de las discusiones que vienen, lo cierto es que el país todavía sigue pendiente de lograr una verdadera reforma estructural. Esta no fue.