El gas de la discordia

El gobierno impulsa un revolcón para ajustar las tarifas de energía a favor de los consumidores, garantizar el suministro, cambiar la tecnología de los medidores, incorporar fuentes renovables al sistema y promover nuevas inversiones en infraestructura. Pero el proceso está generando choques de alta tensión con empresarios y gremios del sector.

Los cambios se conocieron en medio de la compleja coyuntura que vive hoy el país por el recrudecimiento de los atentados terroristas del ELN a la infraestructura eléctrica, que sacó a flote algunas falencias en la regulación del sector energético y puso en el ojo del huracán a varias empresas que al parecer estarían incumpliendo sus obligaciones.

La tensión comenzó en los primeros días de febrero. Entonces dos atentados de la guerrilla tuvieron en vilo la prestación del servicio de energía en la costa Caribe, en pleno Carnaval de Barranquilla, cuando varias industrias de la región aumentaban sus consumos.

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Los atentados dejaron fuera de servicio dos circuitos que conectan la electricidad procedente del centro del país hacia la costa Caribe. En cuanto al primero, el 2 de febrero, las plantas térmicas de la región lo resolvieron ágilmente al empezar a despachar la energía a partir de los combustibles que tenían aprovisionados. Las pequeñas con carbón o fuel oil, y las grandes con el gas que tenían en reserva.

Pero el segundo atentado, del 10 de febrero, encendió las alarmas del sector, pues las plantas térmicas ya estaban agotando sus existencias de gas natural y tendrían que esperar hasta dos semanas para recibir el reabastecimiento de combustible. Además, en el sector se quejan de que hubo fallas en la comunicación, lo que demoró más el pedido de gas. Las tres principales generadoras del llamado Grupo Térmico, del que hacen parte Tebsa, Termoflores y Termocandelaria, registraban los mayores problemas. Sus reservas de gas alcanzaban hasta la mañana del sábado 17 de febrero y se temía por su capacidad para generar esa misma noche. La situación era angustiosa.

Por fortuna, ISA pudo reparar las torres en la mañana del sábado 17, cinco días antes de lo previsto, y comenzó a despachar la energía del sistema interconectado, con lo que la región se salvó de un apagón. El gas comprado por las térmicas a BP e importado desde Trinidad y Tobago para abastecer la planta de regasificación que atiende al Grupo Térmico llegó al otro día, pero solo estuvo disponible a partir del martes siguiente.

Aunque se conjuró el riesgo de apagón en la costa Caribe, se presentó un evidente malestar entre gobierno y empresarios. El primero por la estrechez en las reservas del combustible de las térmicas, y los segundos por la falta de una adecuada comunicación sobre la gravedad que registraba el sistema tras los atentados. Pero también por unas exigencias que, aseguran, estarían por fuera de las normas.

Si bien ninguna de las térmicas se declaró indisponible, la pregunta de fondo es por qué no tenían suficientes reservas de gas nacional o importado, cuando una parte de la tarifa que pagan los usuarios consiste en un cargo por confiabilidad –para que respalden el sistema en caso de fenómenos de El Niño– y otra parte por ‘situaciones de restricción’, en la que entrarían estas situaciones. Empresarios y gremios del sector aseguran que hay zonas grises en la reglamentación y que este tipo de situaciones no están contempladas, en especial porque unos días antes se había registrado el mantenimiento de una planta en Cupiagua, que sí entraría en esta categoría de situaciones de restricción.

La superintendente de Servicios, Rutty Paola Ortiz, no quiso pronunciarse sobre si las térmicas incumplieron sus obligaciones, pues podría quedar inhabilitada para investigar el incidente. Pero se sabe que la entidad pidió explicaciones a las empresas que integran el Grupo Térmico, y estas a su vez allegaron los datos respectivos. En los próximos días se conocerá si hay razón para abrir una investigación formal y si hay lugar a sanciones.

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El verdadero polvorín

Pero como si los atentados a la infraestructura energética no fueran suficientes, también salieron a flote las tensiones existentes por los cambios que impulsa el gobierno para modernizar la infraestructura, garantizar el abastecimiento, ampliar la competencia y generar mejores condiciones para los consumidores.

Los cambios incluyen, en primer lugar, una resolución que provoca un revolcón en las tarifas, diseñado por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg), que se expidió en enero. Desde hace una década esta entidad no había actualizado las tarifas y ahora busca hacerlas más competitivas, eficientes y de que paso, eliminan costos.

Estos cambios beneficiarán a los usuarios pero golpearán muchos intereses. Esto explica el malestar de gremios y empresarios, del sector, que podrían ver afectada su estructura de remuneración y así lo han hecho saber a la autoridad regulatoria. Sin embargo, se estima que a más tardar en un mes se publicará la nueva estructura tarifaria, lo que anticipa que muchos empresarios podrían ver afectadas sus ganancias.

También ha provocado incomodidad y tendrá un efecto en las tarifas la norma que ordena el cambio a medidores digitales, que permitirá controlar el consumo y eliminar pérdidas. Algunos empresarios del sector han criticado que esta medida aumentará el costo para los usuarios al comprar los aparatos. Sin embargo, el gobierno afirma que la mayor racionalización del uso de la energía incluso podría bajar el costo de la factura. Y que tiene previsto, además, que no sea necesario comprar el nuevo medidor digital, sino pagarlo con la tarifa mensual en una especie de ‘arrendamiento’.

También tiene con los pelos de punta al sector un decreto sobre energías renovables, que está para consultas y podría quedar en firme en los próximos días. Esta norma facilita la incorporación de energías limpias como la solar y la eólica, entre otras, al sistema nacional al permitir su contratación a largo plazo. Esa estrategia, que para el gobierno es fundamental para garantizar la oferta, permitiría que la participación de esas nuevas fuentes pasara del 2 por ciento actual a por lo menos un 25 por ciento en cinco años.

Los empresarios del sector han criticado mucho este decreto. Aseguran que si bien están de acuerdo con la mayor competencia, las energías limpias ingresarían en condiciones preferenciales y sin tener en cuenta el sistema tradicional, que privilegia el orden de despacho de energía según el costo que implica generarla. En el caso de las no convencionales, entrarían al sistema directamente a pesar de ser más costosas.

Y como si los cambios anunciados hasta el momento no fueran suficientes, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) puso la cereza en el pastel a finales del año pasado, cuando presentó la ingeniería conceptual de la nueva planta de regasificación en la costa Pacífica y el gasoducto frente al puerto de Buenaventura.

La obra, que cuesta unos 600 millones de dólares, es una prioridad del gobierno para garantizar el abastecimiento energético del país a partir de 2024, cuando podrían declinar los yacimientos nacionales de gas. La nueva planta, que de acuerdo con el cronograma de la Upme podría quedar adjudicada antes de finalizar este año, comenzaría a operar a partir de 2023.

Sin embargo, ya varios gremios y productores de gas han expresado su rechazo al considerar que esta infraestructura desestimularía la exploración y explotación de este combustible. Otros aseguran que se trata de una obra excesivamente costosa para el país y que la pagarán todos los colombianos, mientras no es claro que genere los beneficios que afirma el gobierno. Además, señalan que resulta un enorme costo porque habría que desarrollar obras complementarias y construir gasoductos que conecten el suroccidente con el centro del país para garantizar la interconexión.

Para las empresas del sector energético, los cambios planteados plantean un desacomodo porque implica más competencia y, probablemente, menores tarifas. Sin embargo, para los consumidores representarán un gran alivio a sus bolsillos. Por eso, el gobierno tendrá que sopesar la situación y tomar las decisiones que convengan a todos.