El gobierno les anticipó el regalo navideño a los alcaldes y gobernadores del país al anunciar esta semana el presupuesto de regalías que repartirá en los próximos dos años. Se trata de un paquete de recursos por 19,2 billones de pesos que las regiones podrán invertir en obras de salud, educación, infraestructura o ciencia y tecnología.
El proyecto de ley que dará vida a este presupuesto comenzó a hacer tránsito en el Congreso esta semana y deberá quedar listo a más tardar el 5 de diciembre, cuando se conocerá la distribución final. Aunque está reglamentado que los recursos de regalías se deben repartir entre fondos de ahorro y recursos para inversión con destino a las regiones, lo cierto es que senadores y representantes a la Cámara tienen la última palabra. Por eso, varios congresistas han decidido asumir activamente la promoción de nuevas obras clave para sus regiones. Y qué mejor después de pasar por un periodo de vacas flacas, cuando quedaron aplazadas muchas obras por la desaceleración de la economía.
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El pulso puede ser duro, pues con la radicación del presupuesto de regalías el gobierno y los congresistas han hecho dos propuestas que pueden afectar los intereses de alcaldes y gobernadores: por un lado, crear el mecanismo de obras por regalías y, por el otro, destinar parte de este presupuesto para atender las necesidades urgentes en salud y educación. En este último caso, ya senadores como Richard Aguilar, de Cambio Radical, y David Barguil, del Partido Conservador, han radicado proposiciones para atender estos dos frentes con recursos de las regalías.
La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, ha insistido en que los colombianos deben conocer mejor la importancia del sector petrolero y minero, pues los recursos que aportan en regalías permiten hacer obras en todas las regiones del país. A su derecha, Carlos Camargo, Director de la Federación Nacional de Departamentos, y Gloria Alonso Directora del Departamento Nacional de Planeación.
En el caso de obras por regalías, el gobierno ha insistido en que esta es una buena oportunidad para que las empresas extractoras ejecuten proyectos que les den visibilidad frente a las comunidades con parte de los recursos que deben aportar. Pero algunos alcaldes han expresado sus reservas. En privado, se quejan de que el Legislativo y el gobierno central estén haciendo cuentas para disponer de recursos que tienen un destino claro: el desarrollo de sus regiones.
Sin embargo, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, con una posición más concertadora, aseguró que a las regiones les asiste el interés de participar en la construcción de un plan de desarrollo participativo. Por eso anunció que están abiertos al debate, con una actitud propositiva.
Recibir más plata para ejecutar obras siempre es una buena noticia, en especial para los mandatarios regionales, cuyos recursos han resultado insuficientes para sacar adelante los proyectos de desarrollo que requieren sus comunidades. Sin embargo, el anuncio de los 19,2 billones llega cuando las regiones todavía no han acabado de ejecutar 8,4 billones de pesos de vigencias anteriores, otros 3 billones que se adicionarán antes de final de año por mejoras en el precio del crudo, lo que implica que la bolsa total ya rondaría los 30 billones.
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¿Por qué a pesar de las enormes necesidades de alcaldías y gobernaciones, el proceso de ejecución de recursos avanza tan lento?
Para los mandatarios regionales no es falta de voluntad, sino culpa de las enormes exigencias que plantea el esquema para acceder y ejecutar las regalías. Estas reglas de juego, diseñadas por el gobierno, buscan evitar errores del pasado como obras faraónicas que terminaron convertidas en elefantes blancos. También las entidades de control han entrado a terciar en el tema. La Contraloría General ha puesto en evidencia la falta de gestión porque millonarios recursos de regalías se mantienen en cuentas de bancos o en fiducias, sin dar los réditos sociales.
El gobierno ha dicho que piensa tomar el toro por los cuernos. Por eso, durante la maratón de regalías realizada el jueves en el Hotel Tequendama, el presidente Iván Duque encargó a la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, y a la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, de revisar el mecanismo para facilitar la adjudicación de recursos, manteniendo los controles.
Ante cerca de 500 asistentes, entre alcaldes, gobernadores, congresistas y funcionarios de gobierno, Duque insistió en convertir a Fonade en un gran estructurador de proyectos que se encargue de asesorar a los mandatarios regionales en la formulación de obras que realmente generen un beneficio. El mandatario puso el dedo en la llaga: a su llegada encontró 8,4 billones de pesos de regalías sin ejecutar. Por eso se trazó como prioridad agilizar la asignación de recursos, que hasta el 25 de octubre llegó a 1,7 billones de pesos, lo que bajó a 6,7 billones el rezago en el uso de regalías. Solo en la maratón de la semana pasada se asignaron 500.000 millones para cerca de un centenar de proyectos regionales. Para Duque los buenos resultados de la maratón deben replicarse en por lo menos dos jornadas similares en noviembre y diciembre.
Sin embargo, hay quienes ven con suspicacia estos procesos para acelerar la entrega de recursos y, sobre todo, el hecho de que los congresistas participen más activamente. Algunos integrantes de la oposición creen que esta podría ser la cuota inicial de un nuevo esquema de mermelada, vía la aprobación de recursos de regalías para estas obras. El gobierno ha desestimado estas críticas porque asegura que se buscará impulsar proyectos de desarrollo regional por medio de sus representantes naturales en el Congreso, y que este será un proceso transparente.
Y la reforma que viene
En medio de las buenas noticias por el aumento en el presupuesto de regalías para las regiones en los próximos dos años, el gobierno ha planteado una nueva reforma al sistema de regalías que permita mejorar la distribución y ejecución de estos recursos. De ese modo, busca reducir las tensiones en las regiones productoras, que se han visto afectadas con el cambio en la fórmula aplicada en 2012.
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El gobierno es consciente de la necesidad de mejorar los giros de recursos a las regiones productoras, que llevan la peor parte porque atraen población flotante que incluye delincuencia y prostitución y requieren más plata para atender esos fenómenos. Estas han dicho que la reducción del giro de recursos les ha generado dificultades para sacar adelante sus obras de desarrollo y, de paso, para defender las industrias extractivas, que han sido duramente atacadas por movimientos sociales que hoy no encuentran un beneficio real para los ciudadanos.
Sin embargo, ya algunos congresistas de regiones no productoras han salido a anunciar su voto negativo para cualquier cambio en la fórmula, pues aseguran que no están dispuestos a que se reduzcan los giros para sus coterráneos.
Otro tema álgido que tendrá que abordar la reforma tiene que ver con la férrea oposición en algunos municipios a la explotación de recursos naturales, y que está acompañada de peticiones constantes de mayores recursos para atender sus necesidades en salud, educación y saneamiento básico, entre otros. En el gobierno debaten incluso si vale la pena ‘premiar’ a los municipios que permiten explotar recursos y ‘castigar‘ a las que no. En este tema todavía no hay una decisión final, pero se anticipa una discusión muy acalorada.
Lo cierto es que la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, en los foros públicos ha insistido en que el país debe reconocer la importancia de las industrias extractivas. Para la funcionaria, desde las regiones se requiere una labor pedagógica que permita que más colombianos sepan que si hay más recursos de presupuesto para municipios y departamentos, en buena parte han surgido por la explotación de recursos naturales de la minería, el petróleo y el gas.
El anuncio del aumento en el presupuesto de regalías para las regiones llega en un buen momento y, sin duda, se convertirá en la gran noticia del país en los próximos años. Sin embargo, es urgente activar las alarmas y verificar el adecuado uso de estos recursos para que no se conviertan en una piñata. Evitar nuevos elefantes blancos, despilfarro, corrupción y hasta obras inconclusas, como ha ocurrido en el pasado reciente, es quizá uno de los mayores desafíos del país para los próximos años.