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| 9/21/2019 3:00:00 AM

Se acaba el plazo para declarar en el exterior

La Dian espera obtener en menos de una semana el grueso de los recursos del recaudo esperado por normalización tributaria. Mientras el reloj corre, preocupa la suerte de la Ley de Financiamiento. ¿Lo logrará?

Ley de financiamiento: Se acaba el plazo para declarar en el exterior, ¿el gobierno Duque logrará su meta? El director de la Dian, José Andrés Romero, asegura que el Gobierno confía en que la Corte Constitucional avalará la Ley de Financiamiento. Foto: Guillermo Torres - Semana
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*El audio de este artículo está hecho con inteligencia artificial.

Una verdadera prueba de fuego vivirá la autoridad tributaria del país este miércoles 25 de septiembre. Ese día vence el plazo otorgado por la Ley de Financiamiento para que los contribuyentes que tienen activos no reportados en el país o en el exterior, o pasivos inexistentes, es decir, que han inflado sus deudas, se pongan al día con sus obligaciones fiscales.

El proceso, conocido como normalización tributaria, constituye el último gran salvavidas del que podrán agarrarse quienes no pagan impuestos sobre la totalidad de sus activos o quienes inflaron sus pasivos para pagar menos.

En otras palabras, les da una mano a quienes han estado eludiendo sus obligaciones con el fisco. La norma les concede una tarifa del 13 por ciento a quienes legalicen sus bienes a más tardar el 25 de septiembre, si deciden dejarlos en el exterior. Pero incluso es más favorable para quienes opten por traer esos recursos al país: pagarán el 6,5 por ciento.

Será una prueba de fuego por dos razones: por un lado, el Gobierno tiene una meta muy ambiciosa de recaudo y el tiempo es muy corto. Por el otro, la incertidumbre generada por la posible caída de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional y el rearme de las disidencias de las Farc han aplazado decisiones. ¿En cuál escenario se moverá esta medida?

En diciembre pasado, durante el debate de la Ley de Financiamiento, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla hizo cuentas de una meta de recaudo por normalización equivalente a un billón de pesos. Sin embargo, hasta el martes 17 de septiembre la Dian había recaudado por este concepto 221.119 millones de pesos de procesos iniciados por cerca de 1.000 contribuyentes. Es decir, una quinta parte.

Para el director de ingresos de la Dian, Lisandro Junco, esta es una cifra muy positiva porque se espera el mayor flujo de presentación de formularios y pagos desde el 23 hasta el 25 de septiembre.

Hasta el 17 de septiembre el gobierno había recaudado por normalización 222.000 millones. la meta: un billón? En octubre, la Corte Constitucional fallará sobre la Ley de Financiamiento.

Según Junco, algunos contribuyentes buscan mantener su flujo de caja y esperan hasta último momento para pagar. Ricardo Ruiz, experto en temas tributarios de la consultora EY, señala que también hay quienes le apuestan a obtener beneficios cambiarios al aplazar su decisión hasta que el precio del dólar les favorezca para traer sus bienes y reportarlos.

Sin embargo, la cifra meta sigue siendo muy ambiciosa si se tiene en cuenta que un proceso similar adoptado por el Gobierno anterior le permitió recaudar 2,7 billones de pesos entre 2015 y 2017. Al término de este proceso, la autoridad tributaria identificó activos no declarados por 22,1 billones de pesos y a 14.816 personas que no los habían declarado. Esta vez hay un plazo mucho más corto, pues comenzó el primero de enero y termina la última semana de septiembre.

Pero hay dos factores adicionales en juego. Por un lado, la posible declaratoria de inexequibilidad de toda o parte de la Ley de Financimiento. Esto ha llevado a que algunos contribuyentes estudien aplazar su decisión en espera de un escenario más favorable, pues se caería la pena de cárcel para evasores.

También pesa la incertidumbre por el enrarecido clima político y de seguridad tras el anuncio del rearme de una disidencia de las Farc.

Pero en la Dian han analizado este tema y concluye que en cualquiera de los casos los contribuyentes tienen en normalizar activos su mejor opción.

Tanto el ministro Carrasquilla como el director de la Dian, José Andrés Romero, han expresado su total confianza en que la Corte Constitucional le dará el aval constitucional a la Ley de Financiamiento, aprobada en diciembre de 2018. Sin embargo, la primera ponencia a una de las 21 demandas aceptadas no parece favorable a la norma y podría ponerla a tambalear cuando la discutan en la tercera semana de octubre.

Pero aun en caso de que la Ley de Financiamiento se caiga en parte o en su totalidad, quienes tienen activos no declarados siguen teniendo el escenario más favorable en normalizar, pues la Corte históricamente ha avalado lo actuado hasta el momento y, en ese caso, el beneficio de pagar una tarifa por sanear las deudas con el fisco se mantendría. También el recaudo que obtendría la administración tributaria.

En octubre, la Corte Constitucional fallará sobre la Ley de Financiamiento. La primera ponencia en estudio no le es favorable.

Junco, el director de ingresos de la Dian, sostiene que en este escenario tendrían la peor consecuencia quienes no normalizaron sus activos esperando a que se caiga la Ley de Financiamiento.

Estos contribuyentes quedarían en el peor de los mundos, pues en ese momento entraría en vigencia un artículo del Estatuto Tributario –el 239-1– que impone gravosas sanciones a quienes eluden el pago por activos omitidos o pasivos inexistentes. En este caso, la ley contempla una multa del 200 por ciento del mayor valor del impuesto a cargo, como sanción por inexactitud. Esto implica que, aunque no hay cárcel, prácticamente el infractor tendría que emplear el activo para pagar las gravosas sanciones.

¿Qué tan probable es que el Gobierno pille a los contribuyentes con activos no declarados en el exterior o incluso en el país? Los cambios adoptados por la Dian en los últimos años lo hacen cada vez más probable. La entidad no solo ha iniciado un proceso de modernización tecnológica que la hace cada vez más robusta, sino que, de paso, ha logrado avanzar en el proceso de intercambio de información con decenas de países en donde ha conseguido identificar activos de colombianos.

Junco explica que a partir de la ley que creó Fadca, hoy Colombia cuenta con un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos que le ha permitido identificar a un elevado número de colombianos que tienen cuentas y activos en ese país. “Ahora, lo importante es que los declaren”, asegura.

Además, la Dian ya tiene información de unos 56 países a través del Common Reporting Standard, que permite intercambiar información tributaria.

Con base en estos datos, la Dian ya logró enviar 5.600 de las 8.000 cartas a los contribuyentes de los que tiene indicios serios de que poseen activos no declarados o pasivos inexistentes.

Por esta vía han logrado identificar un elevado número de personas con propiedades en destinos tradicionales para el capital, como Islas Caimán, Bahamas o Barbados, y en otras como Chipre, las islas Guernsey o las Seychelles.

Además, un reciente convenio tributario firmado con Panamá le permitirá a la entidad contar con esa información de manera mucho más ágil y efectiva.

Pero no solo en el frente internacional hay trabajo. En el país también han identificado un elevado número de contribuyentes que no declaran todo lo que tienen. Por esa razón, enviaron alrededor de 2.400 cartas a los sospechosos de incurrir en esta práctica. La entidad inició una fuerte actividad de verificación con las administraciones municipales para identificar activos, entre ellos bienes inmuebles, con el fin de lograr que los propietarios reales paguen por ellos.

La Dian ya sabe que algunos contribuyentes han acudido en el pasado a figuras como los trusts y a todo tipo de sociedades que permiten ocultar el nombre de los beneficiarios reales de un activo, y por eso ha desplegado su arsenal técnico para encontrarlos. Para Junco, “es importante que los colombianos declaren no solo la participación que tienen en sociedades, sino en los activos”.

Claramente, figuras como la normalización no buscan que los colombianos dejen de tener activos en el exterior, sino que entiendan la importancia de declararlos. Y en momentos en que la tecnología y el intercambio de información hacen más fácil que salgan a la luz, lo mejor es cumplir esa obligación.

EDICIÓN 1955

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