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| 5/11/2019 11:00:00 PM

¿Quién podrá salvar la Ley de Financiamiento?

De prosperar las demandas contra la Ley de Financiamiento, el Gobierno tendrá que resolver de dónde saldrán los 7 billones de pesos para financiar el presupuesto de este año. Un problema de enorme gravedad.

¿Quién podrá salvar la Ley de Financiamiento? Tanto Germán Vargas como el senador Jorge Robledo insisten en que la Ley de Financiamiento tiene vicios graves, y que la norma debería caerse en su totalidad.

En Colombia ha hecho carrera la idea de que ‘a nadie se le niega una demanda’. Quizás por esa razón cada vez que el Gobierno anuncia una nueva reforma tributaria, se anticipan las acciones judiciales que vienen en camino. Aunque esto ya hace parte del ejercicio democrático, lo que ocurrió con dos leyes recientes, del área económica, ha agrandado la polémica y podría poner en aprietos al Gobierno.

Se trata de la Ley de Financiamiento y de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. La primera contiene una reforma tributaria y el Gobierno la sancionó el 28 de diciembre. Pero cuatro meses después, la Corte Constitucional ya ha recibido 23 demandas en su contra.

A la ley del Plan de Desarrollo también le han llovido críticas, por lo que gremios, empresarios y el propio Gobierno anuncian demandas que darán a conocer luego de sancionada la norma. Por ahora, las más apremiantes son las acciones en la Corte Constitucional contra la Ley de Financiamiento, que, según algunos tributaristas, podrían tumbarla.

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Varios elementos hacen temer lo peor. Por un lado, muchos pesos pesados están al frente de las demandas. Y por el otro, tienen una argumentación legal muy sólida. Entre los demandantes ilustres aparecen políticos como el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras; los congresistas del Polo Jorge Enrique Robledo y Alexander López, y, del Partido Verde, Juan Luis Castro, Iván Marulanda y José Aulo Polo Narváez. Asimismo, hay diversos abogados reputados, como el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero, el constitucionalista Jesús Pérez González-Rubio y Juan Carlos Salazar, de Salazar Abogados.

La Corte no va a tener una tarea fácil porque además de los argumentos jurídicos, también tendrá que sopesar los de conveniencia. Aunque jurídicamente las demandas puedan tener la solidez requerida, sus efectos podrían ser devastadores para la economía, ya que estarían en juego todo o parte de los 7 billones de pesos que el Gobierno planea obtener para financiar el presupuesto de este año.

En materia de conveniencia, la caída de la Ley de Financiamiento enviaría un mensaje nefasto a las calificadoras de riesgo y a los inversionistas, pues pondría en aprietos al Gobierno en el momento de conseguir los recursos para respetar la regla fiscal.

En el plano político, ha habido un duro tire y afloje entre el Gobierno y el Legislativo, y nadie sabe cómo quedará la relación entre ambos cuando termine este episodio. El Ejecutivo se ha mantenido en su política de no dar mermelada, pero tampoco ha trabajado para conseguir una alianza que le garantice la aprobación de los proyectos. Y la confianza sigue ausente.

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Los argumentos

Entre las demandas admitidas, algunas buscan tumbar artículos específicos como la sobretasa en renta para el sector financiero; los impuestos al patrimonio y a los dividendos; los artículos del régimen simple que agrupan impuestos municipales con nacionales; los que crean una sobretasa para las transacciones de inmuebles de más de 918 millones de pesos, o los que señalan los sectores que no serán responsables del IVA.

Algunas de esas demandas tienen su eje en el artículo 80, que le pone una sobretasa en renta al sector financiero de 4 por ciento en 2019 y 3 por ciento en 2020 y 2021. Juan Carlos Esguerra, Juan Rafael Bravo y Santiago Castro, presidente de Asobancaria, argumentan varias cosas contra este artículo: uno, que no tiene aval del Gobierno; dos, que no se discutió en primer debate y entró solo al final, es decir, que no hubo consecutividad. Y tres, que viola el principio de equidad tributaria.

Además de los argumentos jurídicos, la Corte analizará los de conveniencia.

Jesús Pérez González-Rubio demandó la reforma en su totalidad, y en particular el impuesto al patrimonio y a los dividendos porque, según él, no son progresivos ni proporcionales y, por lo tanto, tampoco resultan equitativos.

La demanda de Germán Vargas Lleras –quien ha dicho que prefiere llevar este tema en los tribunales y no en los medios– apunta a que hubo dos vicios de procedimiento en el trámite. Por un lado, faltó al principio de publicidad y por el otro, desconoció el procedimiento legislativo en la aprobación final. En el primer caso, en la última lectura se omitió preguntarle a la plenaria si estaba de acuerdo con aprobar la ley. Y en el segundo, el texto aprobado en plenaria de Senado llegó a la Cámara sin que previamente fuera publicado y conocido por los representantes, quienes terminaron por acogerlo sin darse cuenta de si era distinto al que ya habían aceptado. Como si fuera poco, la Cámara ya llevaba aprobados más de 80 artículos debatidos, sobre los cuales no hubo decisión porque al final se acogió una propuesta de aprobar el texto que llegaba del Senado. Esto, según Vargas Lleras, viciaría el procedimiento que siguió el Congreso.

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La de Jorge Robledo y Alexander López, del Polo, señala que el trámite violó tres normas constitucionales: que la Cámara delegó en el Senado lo aprobación del proyecto de ley al acoger el texto sin debatirlo; que no lo aprobó debidamente una de las cámaras, y que no respetó el principio de autonomía en el manejo de impuestos municipales y departamentales.

Para el experto en temas legislativos Javier Hoyos Arboleda, los vicios de procedimiento pueden parecer a primera vista menos importantes que los reclamos por el contenido. Sin embargo, son los más fáciles de comprobar y eso los vuelve peligrosos.

En la historia del país nunca se ha caído en su totalidad una reforma tributaria. Y si esta vez sucede, causaría un efecto devastador para las finanzas, pues el Gobierno ha insistido en que su presupuesto de 2019 está desfinanciado. La Corte Constitucional tiene la última palabra. 

“Estamos tranquilos”

El ministro Alberto Carrasquilla cree que las demandas son connaturales con la democracia. Se declara a la espera, con prudencia y tranquilidad, del pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Alberto Carrasquilla

SEMANA: ¿Qué opina de que ya haya 22 demandas a la Ley de Financiamiento?

ALBERTO CARRASQUILLA: Tenemos un equipo jurídico dedicado a estos asuntos constitucionales que le hace seguimiento al tema. Varias demandas han sido presentadas y hemos aportado nuestro concepto sobre las que han sido admitidas, pero es importante resaltar que la Corte Constitucional, asimismo, ha rechazado algunas. Hay que tener en cuenta que no es extraño que se presenten diversas demandas de inconstitucionalidad contra este tipo de temas, y ello es sano en una democracia que valora el pluralismo y la participación ciudadana como la nuestra.

SEMANA: ¿Les preocupa que alguna les pueda tumbar ya sea artículos específicos o la ley completa?

A.C. El Ministerio de Hacienda está tranquilo frente a esas demandas que, como dijimos, son connaturales con nuestra democracia constitucional. Somos absolutamente respetuosos de las decisiones judiciales, por supuesto, de modo que esperamos los pronunciamientos de la Corte con prudencia y tranquilidad.

SEMANA: El Plan de Desarrollo subsana varios temas que quedaron sueltos en Ley de Financiamiento, ¿cuáles son?

A.C. En concreto, puedo mencionarle el de rentas exentas a partir del año gravable 2019. En ese caso, hemos expresado abiertamente que la derogatoria implícita que quedó en la Ley de Financiamiento no resultaba acorde a las discusiones ocurridas en el Congreso de la República y excepcionaba el tema de cesantías y aportes a fondos de pensiones voluntarias.

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