Colombia entre la COP16, la agenda ambiental de Petro y la incertidumbre global tras la llegada de Trump

La agenda ambiental en el último año ha tenido dos grandes tensiones y movimientos en Colombia. Por un lado, los efectos para el país por el desarrollo de la COP16 el año pasado en Cali y, por el otro, las inquietudes que ha generado la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump.

Para María Margarita Lorduy, directora de Derecho Ambiental en Dentons Cárdenas & Cárdenas, la COP16 fue un evento clave para Colombia. Gracias a su Plan de Acción de Biodiversidad a 2030, el país elevó su perfil en conservación y protección de zonas como la Amazonía, y se consolidó en calidad de receptor estratégico de cooperación internacional, en especial de la proveniente de Europa. “No obstante, la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos trae incertidumbre, retrocesos en compromisos climáticos globales, la suspensión de programas ambientales”, dice, y advierte que podría traducirse en una disminución de aportes a fondos multilaterales ambientales, debilitando los incentivos internacionales.

Ante este panorama internacional, para Camila del Villar, socia de Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado & De La Rosa (MQMGL&D), se podría debilitar la ejecución de compromisos ambientales tanto bilaterales como multilaterales, relacionados con las metas trazadas en la COP.

En Colombia, entre tanto, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado cambios en el régimen legal ambiental, muchos de ellos controvertidos y alineados con otras carteras ministeriales encaminadas a la conservación ambiental, al fortalecimiento de la participación ciudadana, a la lucha contra el cambio climático, y a la disminución de actividades de sectores extractivos como el petrolero y el minero.

Lina Correa, de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, considera que las normas han afectado principalmente a las industrias extractivas. Por ejemplo, dice, ya se han expedido ciertas resoluciones que, en desarrollo del Decreto 044 de 2024, delimitan reservas de recursos naturales de carácter temporal, donde no se permite otorgar nuevas concesiones mineras. Estas restricciones, así como las Áreas Para la Producción de Alimentos (APPA), han generado inquietudes sobre los lugares disponibles en el país para el desarrollo de ciertas actividades.

También destaca Correa que se han endurecido las regulaciones, en especial a nivel sancionatorio. “La modificación de la Ley 1333 de 2009 mediante la Ley 2387 de 2024 conllevó un aumento en las sanciones pasando de 5.000 a 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Pero otros aspectos muestran el endurecimiento de la posición del Gobierno. Para Margarita Solorza, de Brigard Urrutia, se suma la expedición de lineamientos sobre pasivos ambientales, que por primera vez imponen obligaciones concretas para identificar, reportar y gestionar daños ambientales preexistentes. También, con el Decreto 488 de 2025, las autoridades indígenas adquirieron competencias renovadas en materia ambiental, convirtiéndose en actores con capacidad para incidir en la evaluación y viabilidad de proyectos.

Pero para Luis Fernando Macías, socio del área ambiental de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), no ha ocurrido un cambio profundo en normas ambientales. Según él, las principales se mantienen y lo que se ha dado es un desarrollo reglamentario de varias leyes que se han expedido como la implementación del plan nacional de desarrollo, control a la deforestación, justicia climática, protección de la Amazonía, zonas de conservación de recursos naturales que restringen o limitan las actividades mineras, entre otras.

Asegura que salvo algunos criterios sobre minería, “la normatividad expedida no es ni más ni menos estricta y obedece a un cambio de objetivos de política ambiental para realizar un ordenamiento sostenible del territorio”, dice.

No obstante, agrega que “curiosamente” este es el primer gobierno en muchos años que vuelve a desregular el régimen de licenciamiento ambiental al haber eliminado la licencia ambiental para los proyectos férreos urbanos. También busca flexibilizar las medidas para los proyectos de energía eólica renovables.

En el último año se destaca la reglamentación de la responsabilidad extendida del productor en materia de plásticos de un solo uso. Igualmente, los expertos resaltan que con el fin de optimizar el licenciamiento ambiental en proyectos de energía renovable, el Decreto 282 de 2024 modifica las competencias para el otorgamiento de licencias ambientales a proyectos de generación de energía renovable, de manera que la Anla es competente de otorgar la licencia para proyectos con una capacidad instalada superior a 50 MW y los tiempos se reducen.

A su vez, Camila Jiménez, de Baker McKenzie, destaca el proyecto de decreto sobre gestión de residuos peligrosos (Respel) que el Ministerio de Ambiente publicó en 2025 con el propósito de actualizar el régimen de 2015, incorporando estándares internacionales del Convenio de Basilea y reforzando la responsabilidad extendida del productor.

Otro hecho que destacan algunos expertos es que se ratificó y hubo revisión constitucional del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, sigue pendiente, por parte del MinAmbiente, su reglamentación, lo que frena su aplicación efectiva. Además, hay expectativa por el futuro del fracking en Colombia con iniciativas legislativas, como la que se presentó recientemente, y regulatorias.

Sin embargo, como señala Macías, de PPU, el escenario existente actual es el mismo que viene desde hace aproximadamente ocho años. “Desde 2018, mediante fallos judiciales se ha venido limitando o restringiendo las actividades de fracking; incluso, se estableció una moratoria que fue levantada en 2022”.

Según Del Villar, “actividades como el fracking, en lugar de ser simplemente prohibidas, podrían ser objeto de una regulación estricta, sujeta a altos estándares técnicos, seguimiento riguroso y monitoreo permanente por parte de las autoridades ambientales competentes”. Más ahora que expertos han manifestado que allí podría estar la respuesta al déficit de gas que tiene el país.