¿Equilibrio digital urgente?

En el tablero de la economía digital, el valor ya no lo define solo la infraestructura, sino quien sepa monetizar la atención. Sin embargo, en Colombia y en el mundo, los inversionistas en redes, torres y centros de datos asumen los costos más altos, mientras que los gigantes de contenido y servicios digitales recogen la mayor parte de la rentabilidad.

Esta asimetría, para muchos analistas, no es solo una cuestión financiera: compromete la sostenibilidad de la conectividad y limita la capacidad de innovar. Resolverla es clave para que el ecosistema digital avance con reglas que reconozcan a todos los actores por igual.

Carolina Pardo, socia de Competencia y Antimonopolio en Baker McKenzie, comenta que los costos en materia de infraestructura pueden generar sin duda un desbalance y dificultades al momento de innovar.

“La administración de la ocupación de banda y acceso, particularmente en horas pico, impone cargas en los operadores que hacen necesaria la revisión permanente de los esquemas para garantizar la sostenibilidad de los modelos. Ahora bien, se trata de una situación simbiótica en la que los desarrolladores de contenido necesitan de la infraestructura para poder llegar a sus usuarios. Por ende, es la regulación la que debe establecer límites y balances”, sostiene.

Y es que para esto ya hay una medida: se llama “contribución justa” y se refiere a la propuesta de que las grandes plataformas digitales y proveedores de contenido contribuyan económicamente al financiamiento de las redes de telecomunicaciones, debido al alto volumen de tráfico que generan.

Hernando Padilla, director socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), señala que esta idea ha sido impulsada principalmente en Europa, bajo el argumento de que los operadores de red asumen grandes costos para mantener y expandir la infraestructura digital, mientras que son las empresas tecnológicas las que se benefician de la red, sin aportar directamente a su expansión o mantenimiento. “En esencia, la “contribución justa” busca redistribuir parte del valor generado en el ecosistema digital para garantizar inversiones en conectividad y cerrar brechas digitales”, dice.

Entre los beneficios de esta medida se encuentra la posibilidad de fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en países como Colombia, donde aún existen zonas con baja cobertura o conectividad deficiente. También podría ayudar a que se destinen recursos hacia proyectos de inclusión digital, innovación en redes y despliegue de tecnologías emergentes como 5G o fibra óptica.

Esta financiación podría ser legítima. Así lo afirma Carolina Pardo, de Baker McKenzie, al señalar que sí es viable que las plataformas digitales participen en la financiación de las redes de telecomunicaciones en la medida en que se respeten principios de transparencia, competencia e igualdad.

“Es decir que, a través de la financiación, las empresas no discriminen a favor de los inversionistas, cerrándole el paso a nuevos entrantes o a empresas que no invierten. El tema es complejo porque los usuarios pueden verse beneficiados por esquemas de acceso gratuito a las plataformas o a servicios incluidos en sus programas de telecomunicaciones”, comenta.

En materia de competencia, hay que revisar cuál es el escenario que más beneficia al consumidor final (de bandas y de contenido) y cuál garantiza la permanencia de los actores en el mercado para que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios de manera adecuada.

Padilla, de PPU, destaca que también existen riesgos importantes. Una implementación mal diseñada podría desincentivar la inversión e innovación de las plataformas digitales y generar barreras de entrada para nuevos actores, afectando la libre competencia. “Además, si los costos se trasladan a los usuarios finales, podría encarecerse el acceso a servicios digitales, afectando la alfabetización digital y el acceso justo y equitativo a la tecnología”. Argumenta que, por eso, cualquier esquema de fair share debe diseñarse con criterios de proporcionalidad, transparencia y diálogo entre todas las partes interesadas, evitando impactos negativos sobre la neutralidad de la red o la libertad de acceso a contenidos.

El tema no se ha terminado de establecer en los modelos de regulación, afirma la especialista de Baker McKenzie. Con nuevas tecnologías apareciendo todos los días, como las 5G y las ofertas satelitales que han empezado a abrir opciones de acceso y a bajar las barreras de entrada, la regulación debe ser la menor posible y en todo caso revisar los beneficios para los consumidores finales ―cuidando los incentivos para los oferentes―, pero también haciendo posible a los usuarios acceder a servicios que con exceso de regulación podrían desincentivarse.

Sin un consenso entre Estado, plataformas digitales y operadores de telecomunicaciones, cualquier medida va a resultar desproporcionada y terminará afectando negativamente el ecosistema digital y el acceso al contenido infinito en internet.