Este 10 de marzo, la Superintendencia de Sociedades se pronunció respecto a los avances en el proceso de liquidación judicial de Almacenes La 14, una reconocida cadena de supermercados que entró en quiebra hace algunos años y dejó cientos de afectados. Tras esa situación, la empresa se vio obligada a liquidar sus activos.
El organismo detalló que, en desarrollo de las etapas previstas, el proceso cumplió hitos esenciales, entre ellos el pago del 100 % de las acreencias laborales, que superaron los $6.000 millones, lo que garantizó plenamente los derechos de los trabajadores.
Indicaron además la enajenación de activos no gravados, con ventas superiores a $16.600 millones, lo que contribuye a la formación de la masa de liquidación. “El inventario actualizado reporta un activo neto de liquidación de $652.557 millones y un pasivo de $621.202 millones”, detallan.
Indican que hace algunos meses un grupo de acreedores pretendía dejar sin efectos las decisiones del juez concursal relacionadas con la recalificación de ciertos créditos garantizados, cuyo bien otorgado en garantía, derechos fiduciarios sobre el Patrimonio Autónomo FC‑La 14, no existía en el inventario aprobado. Sin embargo, su solicitud fue denegada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Luego de ello, también se conoció que el Despacho ordenó la consolidación patrimonial de Almacenes La 14 S. A. y Calima Desarrollos Inmobiliarios S. A., tras verificarse la existencia de un conjunto de operaciones que carecían de legitimidad económica y que afectaron la prenda general de los acreedores.
Además, indican que entre los elementos relevantes se evidenció la transferencia de activos estratégicos de La 14 a Calima por valores inferiores a su valor real, la celebración de contratos de arrendamiento excesivamente onerosos y la utilización de estos bienes para apalancar operaciones de financiamiento en beneficio exclusivo de Calima.
“Este caso refleja el compromiso institucional con la transparencia, el rigor técnico y la defensa del interés general. Señaló que la consolidación patrimonial constituye una herramienta excepcional del régimen de insolvencia que se aplica únicamente cuando los hechos demuestran un impacto real sobre la masa de acreedores, y que la Entidad actuó con plena sujeción al marco legal para restablecer el equilibrio patrimonial y asegurar que los recursos disponibles se distribuyan conforme a la ley”, dijo Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades.
