Millicom busca fusión con Movistar y Tigo, mientras el Gobierno impulsa un internet solidario, ¿qué viene en telecomunicaciones?

El sector de telecomunicaciones atraviesa por un verdadero revolcón. Sin duda, la expectativa del mercado está concentrada en el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente al proceso de compra e integración que está haciendo Millicom en el país para quedarse con la operación de Telefónica y la Nación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), adquirir la participación de EPM, su socio en Tigo-UNE, y, al fusionar toda esta estructura, equipararse al jugador más grande del sector: Claro.

Pero no es la única operación que tiene sacudido el mercado: el presidente Gustavo Petro le dio a Julián Molina, ministro de las TIC, una polémica instrucción: anticipar la licitación del Canal 1. Una decisión que se anuncia a pesar de que la concesión actual, a cargo de Plural Comunicaciones SAS, está vigente hasta 2037.

El Instituto de Ciencia Política calificó el hecho de un “exabrupto y una ruptura completa del Estado de derecho”. Advirtió que adoptar decisiones al margen del debido proceso violaría el principio de legalidad y los derechos adquiridos de Canal 1, “exponiendo al Estado a condenas millonarias y a un grave detrimento patrimonial”. Y agregó que constituye un intento de “expropiación”.

Además, el Gobierno radicó un proyecto de ley denominado Internet Solidario, que busca desarrollar el derecho fundamental al acceso a la red y convertir el internet fijo en un servicio público domiciliario para todos los colombianos. La iniciativa contempla que los hogares de estratos 5 y 6, junto con grandes empresas comerciales e industriales, contribuyan con un 30 por ciento adicional en su factura de internet fijo para subsidiar el acceso a este servicio esencial a los sectores más vulnerables del país.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, considera que con las normas vigentes y haciendo un uso más eficiente de los recursos del fondo único de TIC se podría conseguir esa meta.

Y, por si fuera poco, avanzan algunos procesos. La SIC abrió investigación y formuló pliego de cargos contra Apple INC y Apple Services Latam para determinar si han incurrido en un presunto abuso de posición de dominio en los mercados de distribución de plataformas tecnológicas y en los servicios de procesamiento de pago para la compra de bienes y servicios digitales.

Según la SIC, Apple habría restringido el acceso de nuevos agentes participantes en el mercado de distribución de aplicaciones digitales, mediante la imposición de cláusulas contractuales que prohibirían a desarrolladores crear y operar tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store.

Todo este tsunami se da en uno de los momentos más críticos para las empresas, con estados financieros apretados, mientras el consumo de internet crece y se requieren más inversiones. Esta situación ha generado otra controversia con las empresas generadoras de contenido que usan las autopistas digitales, pero no invierten en ellas. De hecho, el cálculo es que cerca del 70 por ciento del tráfico en internet lo ocupan estas plataformas.

Carolina Pardo, socia de Baker McKenzie, comenta que los costos en materia de infraestructura pueden generar sin duda un desbalance y dificultades al momento de innovar. “La administración de la ocupación de banda y acceso particularmente en horas pico, impone cargas en los operadores que hacen necesaria la revisión permanente de los esquemas para garantizar la sostenibilidad de los modelos. Ahora bien, se trata de una situación simbiótica en la que los desarrolladores de contenido necesitan de la infraestructura para poder llegar a sus usuarios. Por ende, es la regulación la que debe establecer límites y balances”.

El negocio

La posibilidad de que Millicom adquiera a Movistar Colombia representa un punto de inflexión en la estructura del mercado de las telecomunicaciones en el país. Esta operación plantea interrogantes jurídicos que convocan a autoridades de competencia y reguladores.

Para Danilo Romero, socio de Holland & Knight, la operación plantea diversas implicaciones jurídicas, entre ellas asuntos de competencia, protección al consumidor de telecomunicaciones, aspectos tributarios y contratación estatal. Según Romero, “el mercado debe evaluarse nuevamente para determinar si las condiciones derivadas de la integración configuran una nueva realidad. La participación de actores como ETB y WOM, sumada al ingreso de Millicom y al peso de Claro, puede generar una dinámica capaz de transformar las condiciones del mercado”.

La SIC podrá imponer condicionamientos estructurales o conductuales, o incluso negar la operación. Sin embargo, la combinación de las operaciones de Tigo (controlado por Millicom) y Movistar podría redefinir la dinámica competitiva, generando una estructura donde dos actores (Claro y la nueva entidad fusionada) concentren la mayor parte del mercado nacional.

En este sentido, la operación financiera tiene dos focos de atención, según explica Jorge Enrique Sánchez Medina, socio director de JSM Abogados. El primero es la adquisición de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Movistar) y el segundo, la adquisición de las acciones de EPM en Colombia Móvil (Tigo).

Dice Sánchez que “cuando Millicom, en julio de 2024, anunció la posible adquisición de las acciones de Telefónica en Movistar, también indicó que estaba interesado en comprar el componente accionario del Estado, que es gestionado por el Ministerio de Hacienda. Sobre este segundo paquete, el propio ministro de las TIC, Julián Molina, ha indicado que recibieron una oferta que se encuentra en estudio”.

Por su parte, Millicom también tiene la intención de comprar las acciones de EPM en Tigo, lo que se puede materializar una vez se surtan las etapas del proceso de enajenación que se encuentra en trámite, en el cual ya ha sido aprobado el programa de venta, que define la valoración de las acciones.

De hecho, ya se aprobó la venta de la totalidad de la participación accionaria de EPM en Tigo-UNE, equivalente al 50 por ciento de la compañía, por un valor estimado de 2,1 billones de pesos. Visto así, dice el socio director de JSM Abogados que “el impacto de las transacciones sería muy básico, pues se trataría de un proceso de venta de acciones a cambio de un pago, que haría que todo el paquete accionario cambie de titular”.

Ahora bien, si el escenario no fuera el de una venta de paquete accionario, por cualquier razón, la situación sería muy diferente, pues los entes públicos que tienen participación en Tigo y Movistar pasarían a ser socios de Millicom en la nueva empresa, pero podrían ver diluidas sus participaciones.

“En efecto, actualmente EPM tiene el 50 por ciento de participación en Colombia Móvil (Tigo) y el Estado colombiano tiene el 32,5 por ciento en Colombia Telecomunicaciones (Movistar). Con la estructuración de una nueva empresa fusionada, vendría un proceso de valoración de la empresa y probablemente de emisión de acciones, lo que como consecuencia generaría una reconfiguración de las participaciones, a la baja por su participación minoritaria”, asegura Jorge Enrique Sánchez.

Repartición de los usuarios

Claro posee la base de usuarios más grande en el país, estimada en casi 35 millones de clientes, mientras que la suma de usuarios de Tigo y Movistar podría alcanzar aproximadamente 30 millones. Esto configuraría una situación de duopolio en la que el 90 por ciento del mercado estaría concentrado en dos jugadores, dejando una participación marginal a los demás operadores.

Por lo anterior, Romero asegura que la Superindustria analizará la integración desde la perspectiva de la competencia y, tras evaluar sus implicaciones en el mercado nacional, podrá optar entre tres decisiones: otorgar luz verde, aprobarla con condicionamientos u objetarla si se concluye que tiene el potencial de restringir la competencia.

Destaca Romero que son varios los temas que la entidad tiene en cuenta para tomar una decisión. “Algunos de estos son: la dinámica que tendría la demanda del servicio (perspectiva de los usuarios), la posibilidad de tener una oferta variada (competidores), las condiciones técnicas del servicio y otros factores económicos y legales que pueden afectar las condiciones de competitividad de la industria nacional.”

El espectro y sus límites

El espectro es un bien público esencial, cuya administración está en cabeza del Estado colombiano y existen topes máximos que un solo operador puede concentrar por banda y por servicio.

Si la integración de Millicom y Movistar excede dichos límites, el MinTIC podría exigir la devolución de bloques, redistribuir asignaciones o imponer condiciones específicas para salvaguardar la competencia y el uso eficiente del recurso. Además, deben evaluarse los efectos de esta salida sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en las zonas donde Tigo-UNE tiene infraestructura compartida con EPM.

Sánchez asegura que “es importante tener en cuenta que la fusión no solamente impacta el mercado de prestación de servicios móviles. En el concepto técnico emitido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre la operación, se identificó que esta tendría efectos en 17 mercados relevantes”.

En su análisis, la CRC definió que, en términos generales, la operación no genera riesgos significativos para la competencia en los mercados analizados, a pesar de los cambios llamativos en los niveles de concentración que se evidenciarían en algunos mercados.

En el de telefonía e internet móvil, que justamente es uno de los que ya está altamente concentrado –y que por tamaño e ingresos resulta ser el más relevante– Claro sigue teniendo casi el 53 por ciento del mercado, Tigo y Movistar quedarían con cerca del 38 por ciento y WOM con el 8 por ciento.

La operación de Millicom no es una simple transacción empresarial: involucra decisiones de política pública, control de concentraciones, administración de bienes estratégicos y transformaciones en la relación entre lo público y lo privado. Las autoridades competentes deben garantizar el equilibrio entre el dinamismo empresarial y la protección del interés general.

La manera en que se resuelva esta operación marcará un precedente no solo en el sector, sino en el campo de los negocios en el país.