En diciembre del año pasado, Cerro Matoso, una empresa cuya operación es minero-industrial, productora de ferroníquel, cambió de dueño. La australiana South 32 vendió la empresa situada al sur de Córdoba a Corex Holding, un conglomerado con sede en Estambul.
Al cierre de 2025, la compañía produjo alrededor de 36.100 toneladas de níquel, contenido en ferroníquel, muy por debajo de lo que había producido en 2024, cuando fueron 40.000 toneladas, porque el grado de níquel va bajando.
“El grado de níquel que teníamos en la mina hace 40 años era alrededor de 3,2 por ciento. Hoy está en 1,2 por ciento. Eso significa que, por cada tonelada de mineral que se saca de la mina, hace cuatro décadas quedaban 32 kilos de níquel. Hoy quedan solo 12 kilos”, explica Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso.
Por eso, el mayor reto es mantener el negocio sostenible desde el punto de vista financiero, pese a “volúmenes tan bajos”. De hecho, para este año estiman una producción cercana a las 33.000 toneladas.
Precisamente, para enfrentar esta situación, Cerro Matoso hizo en 2024 pruebas con un mineral que trajo de Guatemala y que tiene entre 1,6 y 1,7 por ciento de níquel. Eso les permitió habilitar minerales que, en otras circunstancias, no saldrían de la mina.
“Este año estamos trayendo un buque de 56.000 toneladas de Costa de Marfil con un grado de níquel de 2,2 por ciento, lo que nos permitirá habilitar nuevas fuentes de mineral y aumentar la producción de níquel”, explica Gaviria.
Sin embargo, una situación ha puesto a la operación en una de las coyunturas más complejas en su historia reciente. Canacol Energy, uno de los principales productores de gas en el país, entró en dificultades financieras y a finales de abril solicitó ante una corte de Alberta (Canadá), en el marco de un proceso de reestructuración organizacional, terminar los contratos vigentes de suministro de gas en el país. Canacol provee cerca del 80 por ciento del gas natural utilizado en la operación, lo que compromete la continuidad de las actividades de Cerro Matoso, cuya planta funciona los siete días de la semana, 24 horas al día.
“Si nos quedamos sin gas, no podemos operar. La corte canadiense puede aceptar eso, pero la Superintendencia de Sociedades es la que decide si le permite o no a Canacol cancelar de plano los contratos que tiene con sus clientes”, dice Gaviria, al tiempo que advierte una propuesta que Canacol puso sobre la mesa: hacer unos contratos nuevos, pero con un valor casi que tres veces por encima de lo que hoy paga y sin garantizar unos mínimos de gas al día.
“Esto, por supuesto, es inaceptable. Si a nosotros Canacol, por alguna razón, nos deja de suministrar gas, Cerro Matoso prácticamente se acaba porque no hay quién nos suministre todo el gas que nosotros necesitamos”, advierte Gaviria, al señalar el impacto social. La compañía tiene 1.900 empleos directos e indirectos, y cada empleo encadena a cuatro o cinco personas en otros trabajos relacionados”, agrega.
Operativamente, los calcinadores trabajan a entre 700 y 800 grados de temperatura, los hornos a 1.450 grados. “Nosotros no podemos dejar enfriar esos equipos porque es costosísimo repararlos. Puede costar, fácilmente, entre 160 y 170 millones de dólares reparar las líneas de producción”, explica Gaviria.
Medida unilateral
En medio de esta situación se conoció que, a partir del primero de julio pasado, Cerro Matoso tuvo que reducir en un 25 por ciento su operación como consecuencia de la decisión de Canacol Energy de restringir a 7.000 MBTU (55 por ciento del total contratado) el suministro de gas requerido para el funcionamiento de la planta.
“Esta medida fue adoptada de manera unilateral y desconoce las condiciones contractuales vigentes entre las partes. La reducción del ritmo de operación afecta directamente la capacidad productiva de la empresa y se reflejará en la suspensión parcial de algunos procesos operativos. Esto impactará cientos de empleos, un número importante de contratos de bienes y servicios, así como el pago de regalías, impuestos y compras locales, que hoy representan cerca de 3.000 millones de pesos diarios y benefician a miles de familias y al desarrollo de Córdoba y del país”, advirtió la compañía.
Pero este no es el principal desafío. La compleja situación de orden público y los bloqueos en vías nacionales también afectan la operación. Gaviria recuerda el caso de los bloqueos que se dieron por las protestas de los mineros del Bajo Cauca antioqueño y de la zona del San Jorge, en Córdoba, hace unos meses. “Tuvimos bloqueos de casi 14 días”. Además del tema productivo, afecta la operación logística.
Agrega que la propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la reforma tributaria, de que las regalías no son deducibles, “nos hubiera sacado el circuito a nosotros y muy posiblemente a otras empresas minero energéticas. Eso, afortunadamente, se reversó”.
Destaca que el níquel fue incluido en la lista de minerales estratégicos, lo que les ha ayudado, al igual que las buenas relaciones con la Agencia Nacional de Minería y con la autoridad ambiental, “Con la Anla las cosas han fluido de una manera bastante adecuada”, añade.
Esta situación ocurre en un entorno internacional complejo. Según Gaviria, en 2025 los precios estuvieron deprimidos, mientras Indonesia elevó su participación: pasó de producir el 10 por ciento del níquel mundial hace una década al 50 por ciento actual, gracias a “unas inversiones enormes”.
Explica que, al inicio de este año, los productores de ese país decidieron tomar unas medidas de control mucho más exigentes en temas ambientales y han parado algunas operaciones. “La oferta en Indonesia ha bajado y eso ha hecho que repunten de alguna manera los precios en el mercado internacional. Pero en líneas generales, hoy quienes estamos en este negocio somos muy dependientes de lo que ocurra en Indonesia”, añade Gaviria.
En los últimos dos años, el precio de referencia se ubicó entre 14.000 y 15.000 dólares por tonelada, pero recientemente subió a un rango de entre 17.000 y 18.000 dólares. Aunque Cerro Matoso recibe ese precio con un descuento que puede llegar al 25 por ciento, el repunte le ha dado mayor tranquilidad a la empresa, al generar algo más de caja frente a años anteriores.
Sin embargo, este aumento de precios coincidió con el conflicto en Oriente Medio que representó un alza en los precios de los insumos y los fletes. “Por ejemplo, las bolsas en que empacamos el producto terminado que se va a Cartagena, que tienen unas especificaciones especiales para que no se rompan y duren frente a efectos del sol y el agua, subieron 30 por ciento este año”, dice Gaviria.
Y, como es una empresa netamente exportadora, la debilidad del dólar y la fortaleza del peso también los está impactando. “Nosotros hicimos el presupuesto de este año sobre 3.600 pesos la tasa de cambio y hemos estado en momentos de 3.400 pesos. Eso también nos afecta tremendamente”.
Gaviria le envía un mensaje al nuevo gobierno: “Que logremos lo que nunca hemos logrado, que es decidir ser un país minero. Que hablemos bien de la minería, de las industrias, porque somos quienes soportamos y ayudamos a la sostenibilidad de los territorios”.