El empleo formal en Colombia continuó creciendo durante el primer trimestre de 2026, aunque lo hizo a un ritmo más moderado que en años anteriores. Así lo revela el informe Pulso a la Formalidad, presentado por Asocajas, según el cual el número de trabajadores dependientes afiliados a las cajas de compensación aumentó 1,6 % frente al mismo periodo de 2025, equivalente a 135.000 nuevos afiliados. En contraste, los trabajadores independientes crecieron 11,3 %, una tasa siete veces superior, aunque representan apenas el 3 % del total de afiliados.
Para Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, el informe busca ofrecer una visión distinta sobre la evolución del mercado laboral formal. “El Pulso a la Formalidad nos permite entender dos dimensiones de una misma realidad. Por un lado, cómo evoluciona el empleo formal en Colombia; y por otro, qué implicaciones tienen esos cambios para un Sistema que transforma el trabajo formal en acceso a vivienda, educación, empleo, recreación y otros servicios para millones de trabajadores y sus familias. Esa es la lectura diferencial que aporta este informe”, afirmó.
El análisis, elaborado con información de las 27 cajas de compensación afiliadas a Asocajas (que concentran el 88 % de los trabajadores dependientes y el 86 % de las empresas aportantes al Sistema de Compensación Familiar), concluye que la formalidad sigue expandiéndose, pero con señales de desaceleración y cambios importantes en la composición del empleo.
Durante la presentación del informe, Germán Cano, gerente de Estudios Económicos y Sociales de Asocajas, explicó que “Sí hay un aumento de la afiliación de trabajadores dependientes, pero es un crecimiento muy pequeño de 1,6 %. En años anteriores estos crecimientos han llegado a ser del 6 % o 7 %”.
El estudio también muestra que el número de empresas aportantes creció 4,2 %, al pasar de 710.000 a 740.000. Sin embargo, cada nuevo empleador incorporó en promedio apenas 4,5 trabajadores, lo que refleja que el crecimiento proviene principalmente de microempresas y pequeños empleadores del sector servicios. Además, el informe destaca un mayor número de hogares que formalizaron la contratación de trabajadores del servicio doméstico, ampliando el acceso a la protección social de esta población.
Pese al avance, Asocajas advirtió que buena parte del crecimiento del empleo formal está siendo impulsado por el sector público. Cano explicó que esta tendencia podría representar un riesgo si el próximo gobierno reduce el tamaño de la nómina estatal. “El sector público claramente es el que está impulsando los aportes del sistema. Eso nos dice mucho de la formalidad que estamos generando, la cual está muy vinculada al trabajo para el Estado. Hay un riesgo dado que el nuevo gobierno ha anunciado ajustes en las nóminas del sector público”, afirmó
Otro de los hallazgos tiene que ver con el impacto del incremento del salario mínimo sobre la estructura del Sistema de Compensación Familiar. La categoría A, integrada por trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, aumentó 6,1 %, mientras que la categoría C, correspondiente a trabajadores con ingresos superiores a más de cuatro salarios mínimos, cayó 23,9 %. Según Asocajas, el aumento del salario mínimo desplazó a muchos trabajadores hacia categorías inferiores, ampliando el acceso a subsidios, pero reduciendo la base de quienes financian el sistema sin recibir estos beneficios.
En materia regional, Chocó, Santander y Magdalena registraron los mayores incrementos de trabajadores dependientes, mientras Bogotá-Cundinamarca y Valle del Cauca crecieron apenas 0,8 %, evidenciando una pérdida de dinamismo en dos de los principales mercados laborales del país. Por su parte, Nariño y Putumayo encabezaron el crecimiento en el número de empresas aportantes.
El informe también confirma que el Sistema de Compensación Familiar mantiene su carácter solidario. Aunque las microempresas representan cerca del 70 % de los aportantes y generan solo el 11,5 % de los recursos, el 1 % de las grandes empresas financia el 53,7 % de los aportes. Para Asocajas, este modelo permite sostener subsidios y servicios para millones de trabajadores, aunque los cambios en la composición del empleo y de los aportantes plantean nuevos desafíos para preservar su sostenibilidad.