Las empresas han cambiado sus métodos de contratación, hoy en día completar los filtros de entrevistas y llegar a un acuerdo en temas de salario, no garantizan la contratación. El motivo no siempre radica en la hoja de vida, sino en el estudio de antecedentes basado en fuentes públicas y que puede revelar desde su licencia vencida, sus redes sociales y hasta la información de alguien que se llama igual que usted.
Estos reportes, actualmente tienen la capacidad de generarse en segundos con fuentes abiertas y bases oficiales. Esta información, ya no esta conformada únicamente por el pasado penal, ahora incluye datos judiciales, contractuales, disciplinarios, de tránsito, identidad, huella digital y hasta las validaciones académicas. Simplemente ingresando su cédula y fecha de expedición del documento a diferentes plataformas especializadas como Auco, se pueden conocer estos datos.
De acuerdo con Santiago Montoya, director de Auco (Firma de tecnología especializada en verificación de antecedentes), cerca del 38 % de los reportes muestra al menos una coincidencia, alerta o dato que debería revisarse. “No debería leerse como una sentencia automática, sino como una alerta para verificar si la información tiene relación con el cargo”, explicó.
Los siete datos que se revelan sin que usted lo sospeche son los siguientes:
La licencia de conducción, que suele pasar desapercibida en una selección laboral, pero puede resultar determinante cuando el cargo implica conducir vehículos. En estas consultas es posible confirmar la categoría de la licencia, su vigencia y su estado actual, datos que permiten verificar si la persona cumple con los requisitos exigidos.
Los antecedentes que se creían superados o sin relevancia. Conflictos con arrendadores, deudas antiguas, procesos civiles o incluso infracciones menores pueden permanecer asociados al nombre de una persona en diferentes registros. Sin embargo, es importante distinguir entre un caso que sigue activo y uno que ya fue cerrado o archivado, ya que su impacto puede variar significativamente.
La permanencia de información relacionada con comparendos y contratos con entidades públicas. Aunque una multa haya sido pagada y el trámite finalizado, los sistemas pueden conservar datos sobre la infracción, los acuerdos de pago y los cursos realizados. Del mismo modo, quienes han prestado servicios al Estado pueden aparecer en plataformas públicas como SECOP, donde se registran detalles de los contratos, incluyendo su objeto, valor y estado.
Las verificaciones también buscan confirmar la autenticidad de la información consignada en la hoja de vida, revisando documentos como títulos académicos, tarjetas profesionales o la situación militar. Además, las redes sociales pueden aportar información pública sobre publicaciones, comentarios o interacciones que podrían ser relevantes según el cargo.
“Un comentario aislado o antiguo tiene poco peso; hechos recientes, comprobables y relacionados con el cargo sí pueden ser relevantes”, explica Montoya.
Finalmente, existe el riesgo de confusiones por “tocayos”, cuando una persona es asociada erróneamente con sanciones o procesos que corresponden a alguien con el mismo nombre, por lo que siempre es necesario validar la identidad mediante datos adicionales. “Es frecuente en Procuraduría, Contraloría, Rama Judicial y listas internacionales”, reconoce Montoya.
La recomendación para cualquier persona, es anticiparse y revisar la información propia antes de que lo haga un tercero. Gran parte de los datos que suelen consultarse por parte de las empresas, están disponibles en entidades como la Rama Judicial, la Policía, la Procuraduría, la Contraloría, el SIMIT o el RUNT.
Existen plataformas como Auco las cuales, facilitan este proceso al reunir diferentes fuentes en una sola consulta, permitiendo identificar posibles inconsistencias, registros desactualizados o casos de homonimia que podrían afectar la reputación o las oportunidades laborales de una persona.
Es importante tener en cuenta que, los estudios de antecedentes deben tener autorización, finalidad legítima, proporcionalidad y relación con el cargo. La Ley 1581 de 2012 le permite saber qué información tiene una empresa sobre usted, pedir corrección o actualización y exigir tratamiento adecuado de sus datos.