Trabas jurídicas y sequía de inversión golpean al emprendimiento en Colombia

Las cifras son elocuentes. El capital de riesgo en América Latina se desplomó: de 2.200 millones de dólares en 2023 cayó a 547 millones en 2024. Un descenso que no pasó inadvertido en los ecosistemas emprendedores de la región. Colombia, a pesar de la contracción, logró atraer el 11 por ciento del total invertido, lo que en otros tiempos habría sido motivo de celebración. Hoy, sin embargo, es apenas una señal de que el país sigue en el mapa, aunque con muchos retos por delante.

Sobre esos retos, Santiago Miramón, socio corporativo de Dentons Cárdenas & Cárdenas, señala que “tras la contracción del capital de riesgo en 2024, las startups colombianas enfrentan desafíos legales relevantes al buscar inversión. En materia de estructura societaria, muchos inversionistas exigen la creación de holdings en jurisdicciones como Delaware o Islas Vírgenes Británicas, lo que puede generar conflictos con la normativa colombiana, en especial en aspectos de residencia fiscal y precios de transferencia frente a la Dian”.

En materia de propiedad intelectual, la falta de registros formales o la titularidad de los derechos en cabeza de los fundadores –y no de la sociedad– representa un riesgo significativo que puede desincentivar la inversión o generar disputas durante procesos de debida diligencia.

Miramón cree que “la autonomía operativa se ve comprometida por cláusulas contractuales restrictivas en pactos de accionistas, como derechos de veto, arrastre o aprobación previa, que limitan la capacidad de decisión de los fundadores y afectan la agilidad del negocio”.

Así lo corrobora Manuela Arenas, asociada de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), para quien “un primer desafío es la tensión entre lo local y lo global. Aunque la SAS ha sido una herramienta útil (rápida, flexible y sin capital mínimo), muchos fondos exigen estructuras en Delaware o Islas Caimán antes de invertir capital extranjero. Así, nacen los conocidos Delaware Tostada o Cayman Sandwich, donde sin estas estructuras es difícil que los fondos de venture capital inviertan. Lo anterior no es intrínsecamente negativo, pero sí muestra un reto para Colombia que, por lo pronto, se ha podido afrontar muy bien desde la industria legal”.

A su vez, José Miguel de la Calle, socio de Garrigues, afirma que, ante la contracción del capital de riesgo, uno de los mayores retos para las startups colombianas consiste en conservar su atractivo frente a los inversionistas sin sacrificar su estructura societaria ni su autonomía operativa. “Aunque el interés por empresas innovadoras persiste, en especial en sectores con alto potencial de transformación tecnológica, el entorno es ahora más exigente. Por ello, las startups deben ser estratégicas en identificar nichos específicos donde sus soluciones sean relevantes y escalables”, precisa.

Propiedad intelectual

En el plano legal, persisten otros desafíos significativos, en particular en materia de propiedad intelectual. Si bien Colombia cuenta con una normativa adecuada, muchas startups no registran sus activos intangibles, algunas por falta de conocimiento, lo que las deja vulnerables. Esta omisión puede afectar la valoración de la empresa y las condiciones de negociación en futuras rondas de inversión.

Pero ¿ofrece la legislación colombiana vigente suficiente seguridad jurídica a las startups tecnológicas e innovadoras, en especial en etapas tempranas, o aún persisten vacíos legales?

Al respecto, Miramón, de Dentons Cárdenas & Cárdenas, sugiere que “aunque la legislación nacional ha mostrado avances –como la figura de las SAS que ofrece flexibilidad societaria–, aún no brinda las condiciones propias de un régimen legal que provea seguridad jurídica robusta y adaptada a las necesidades específicas de las startups tecnológicas, en especial en etapas tempranas”.

Así las cosas, persisten vacíos importantes como la ausencia de un marco legal específico que contemple la escalabilidad acelerada, las rondas sucesivas de inversión o los modelos de negocio digitales. Dice Miramón que, además, no existe una regulación clara sobre planes de incentivos como stock options para empleados, lo que limita la atracción y la retención de talento. También hay ambigüedad en la tributación de ingresos digitales y criptoactivos, y una escasa protección frente a prácticas abusivas por parte de grandes plataformas o actores dominantes.

En ese sentido, De la Calle, de Garrigues, se pregunta si la incertidumbre proviene de la ausencia de regulación o de la tendencia a considerar que todo debe ser expresamente regulado para que funcione. “Esto invita a una reflexión crítica sobre si el problema no es la falta de regulación, sino el exceso de ella, que genera rigidez y temor a innovar”.

Por su parte, Manuela Olarte Tarazona, asociada de PPU, afirma que sí hay condiciones legales para emprender, aunque aún es un reto lograr la escalabilidad de estos emprendimientos. “Colombia tiene avances normativos relevantes, como la SAS (Ley 1258 de 2008) y la Ley de Emprendimiento (Ley 2069 de 2020). Estas normas facilitaron la creación de empresas, redujeron barreras y habilitaron pactos flexibles, pero su alcance se agota cuando una startup empieza a crecer. Una vez más la carga impositiva es un gran obstáculo para el crecimiento de las empresas”, comenta.

Para Olarte, la inseguridad jurídica surge de vacíos normativos y marcos regulatorios complejos y dispersos que dificultan la toma de decisiones.

Las prioridades son claras: simplificación de procesos para la formalización, incentivos fiscales específicos para inversión en innovación, mecanismos de resolución de conflictos más ágiles y educación jurídica para emprendedores. Todo esto, acompañado de una política pública que promueva la colaboración entre sector privado, academia y Estado. Sin un entorno normativo que se alinee con la realidad de las startups, difícilmente se logrará reactivar el flujo de capital y fomentar el crecimiento del ecosistema en 2025 y 2026.

El marco legal será decisivo para determinar cuáles startups sobreviven y cuáles se quedan en el camino. En un mundo donde la innovación corre más rápido que la legislación, tener reglas claras, ágiles y justas es una necesidad de competitividad nacional.