La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, que comenzó a finales de febrero de 2026, ha tenido un duro impacto en vidas humanas (con más de mil víctimas mortales), así como en los mercados energéticos globales, con una fuerte alza del precio del petróleo y también de los fertilizantes, sobre todo nitrogenados (urea y amoníaco).
Colombia no está exenta de estos impactos: por un lado, al eliminar los subsidios a la gasolina, su precio se ajusta al comportamiento del mercado internacional; por otro, el país mantiene una alta dependencia de fertilizantes importados.
Esta realidad motivó una de las tantas publicaciones del presidente Gustavo Petro en X. Allí anunció un cambio en la estrategia económica del Gobierno frente al alza internacional del petróleo. El mandatario planteó la creación de un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados, en el que Ecopetrol tendría un papel central.
Según explicó, la financiación de este esquema implicaría que la Nación renuncie a una parte de las utilidades de la petrolera estatal, con el fin de impulsar la producción de fertilizantes de origen nacional y reducir la dependencia de importaciones.
En contraste, Petro fue enfático en señalar que no habrá subsidios a la gasolina. Por el contrario, advirtió que si el precio internacional del petróleo continúa al alza, este incremento se trasladará al mercado colombiano.
Tras el inicio de la guerra, el precio del barril del petróleo Brent (de referencia para Colombia) superó los 100 dólares y ha tocado zonas superiores a 110‑120 dólares, frente a unos 70 dólares antes de los ataques, reflejando el temor a una interrupción duradera del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20 % del petróleo mundial.
Petro precisó que el subsidio al diésel se mantendrá, pero exclusivamente para el transporte de carga, con el objetivo de evitar mayores impactos en la logística y en los costos de los bienes.
La propuesta abre un nuevo frente de debate sobre el uso de los recursos de Ecopetrol y el equilibrio entre política social y sostenibilidad fiscal.
En el tema de los fertilizantes también explica el interés del Gobierno en la empresa Monómeros, que opera en Barranquilla, pero es netamente venezolana. Desde el vecino país vienen muchos de los insumos para su operación.
Monómeros está actualmente sometida al máximo grado de supervisión que tiene la Superintendencia de Sociedades en Colombia, pero la intención de compra del gobierno de Gustavo Petro sigue firme.
Con ese propósito, el ministro de Minas, Edwin Palma, ha hecho varias visitas a Venezuela y se esperaba que el propio presidente Gustavo Petro abordara el tema en una reunión que estaba prevista con Delcy Rodríguez, presidenta (e) del vecino país, la cual finalmente no se realizó.