La decisión del Consejo de Estado obliga al Gobierno colombiano a emitir un nuevo decreto para fijar de manera provisional el salario mínimo para 2026, luego de que se suspendiera el decreto inicial que determinaba el aumento de este ingreso básico para millones de trabajadores.
El tribunal ordenó que el Ejecutivo dicte una decisión administrativa transitoria en un plazo máximo de ocho días calendario, contados a partir de la notificación de la providencia, con el fin de evitar un vacío normativo en el segundo mes del año laboral.
Esta medida garantiza que los derechos laborales y la estructura contractual no queden en incertidumbre mientras se define la validez jurídica del incremento original, según la sentencia del Consejo de Estado.
El aumento del salario mínimo ha sido uno de los temas más polémicos en la agenda económica reciente del país. A finales de diciembre de 2025, el Gobierno nacional había decretado un incremento de casi 23 %, estableciendo el salario mínimo en $ 1.750.905 pesos mensuales para 2026, al que se sumaba un auxilio de transporte de $ 249.095, lo que elevaba el ingreso total a cerca de $ 2.000.000.
Sin embargo, esta decisión fue objeto de impugnaciones legales por parte de sectores que argumentaron que el procedimiento utilizado para fijar dicho aumento no respetó los criterios técnicos establecidos por la Ley 278 de 1996.
La normativa vigente exige que el incremento se determine con base en una combinación de indicadores como la inflación proyectada por el Banco de la República, la productividad certificada por el Dane y el crecimiento del PIB, entre otros elementos técnicos que permiten sustentar la razonabilidad del ajuste salarial.
En este contexto, el Consejo de Estado concluyó que la autoridad administrativa debía corregir el decreto original y ajustar el procedimiento, al tiempo que garantizaba un mecanismo temporal que permita la continuidad del orden salarial en el país mientras se resuelve definitivamente la legalidad de la medida.
Este nuevo decreto provisional deberá estar acompañado de una justificación económica detallada, que explique cada criterio utilizado si es cuantitativo o cualitativo y la lógica que sustenta la cifra determinada, según exige la providencia judicial.
El proceso tendrá implicaciones para el mercado laboral, las finanzas públicas y las negociaciones futuras entre empleadores, sindicatos y el Gobierno, pues el salario mínimo es una referencia clave no solo para millones de trabajadores sino también para aportes a seguridad social, prestaciones y el auxilio de transporte.
En medio de este complejo escenario jurídico y económico, el reto para las autoridades será equilibrar la protección del poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad macroeconómica, evitando generar incertidumbre legal o impactos adversos en la inflación o en el empleo formal.